La policía española ha eliminado el requisito de altura y ha recibido este año un total de 36.963 solicitudes para participar en los procesos selectivos de ingreso en las escalas básica y ejecutiva. Hasta ahora se requería una altura mínima de 1,65 metros en el caso de los hombres y 1,60 para las aspirantes mujeres, unas medidas que ya no serán necesarias a partir del 2023 que empieza el domingo. Los requisitos de altura mínima solo se mantendrán para ingresar en determinadas unidades especiales -UIP (antidisturbios), UPR (prevención en manifestaciones) y GEO (operaciones especiales)-, "donde la talla afecta la operatividad del trabajo policial específico que realizan", según el ministerio de Interior.

Según ha detallado el ministerio en un comunicado, para acceder a la escala ejecutiva se han registrado 3.185 solicitudes, mientras que para la oposición de ingreso a la escala básica se han recibido un total de 33.778 instancias para participar en las pruebas. Además, a partir de ahora, las mujeres que quieran ingresar en la policía española podrán aplazar las pruebas de selección si están en periodo gestante, de parto o de postparto, un aplazamiento que también será efectivo para realizar o finalizar el curso de acceso a las prácticas policiales correspondientes si cualquiera de estas situaciones se produjera una vez superadas las pruebas de ingreso.

Tanto las mujeres como los hombres que tengan que aplazar su incorporación al curso de ingreso por embarazo, nacimiento, adopción o acogimiento de un menor serán dados de alta como funcionarios en prácticas, por lo que no verán reducida su antigüedad en la función pública.

Este año todo el proceso de inscripción se ha llevado a cabo de forma telemática. Además, se ha eliminado la prueba de ortografía como examen independiente para el ingreso en la escala básica.

Aparte de los requisitos para el ingreso, los policías mantienen un debate con el ministerio sobre los salarios, especialmente en Catalunya. Esta medida pasa por hacer que el ministro Fernando Grande Marlaska declare las cuatro demarcaciones catalanas como Zona de Especial Singularidad (ZES), un hecho que permitiría, como pasa en el País Vasco, que los agentes que tengan su plaza fija o interina en nuestro país, cobren un interesante complemento a la nómina. Para presionar a Interior los sindicatos de la policía española aseguran que solo el año 2021 900 agentes "abandonaron Catalunya en busca de destinos menos conflictivos y con un coste de la vida más contenido que en esta comunidad autónoma".

Los sindicatos sitúan este éxodo de policías de Catalunya a otros puntos del Estado en su "conflictividad" pero tampoco esconden que es por los precios elevados que tienen ciudades como Barcelona o Girona con relación a poblaciones de España. Los sindicatos, sin embargo, hacen un totum revolutum, y mezclan estos picos de conflictividad -como los que se vivieron después de la sentencia contra los presos políticos- con el coste de la vida, para presionar a Interior a fin de que acepte esta declaración de zona especial y que los agentes cobren más dinero. Esta, enmascarada de una reivindicación laboral, es una más de las estrategias para aplicar la cartilla vasca y querer dar la sensación de que la actual Catalunya es igual de violenta que cuando la banda terrorista ETA mataba concejales de los partidos españoles y empresarios.