El personal del Parlament estudia adoptar acciones legales contra la cámara por la decisión de la comisión de Asuntos Institucionales de revocar las licencias por edad, y también por el ataque que han recibido en el caso de la retirada del escaño del exdiputado de la CUP Pau Juvillà. Así lo desprende un comunicado de este viernes del Col·lectiu Ronda, bufete al cual se han dirigido para estudiar emprender estas acciones legales. En el escrito critican que con la decisión de suprimir las licencias por edad "se convierte en papel mojado el principio de negociación colectiva y el derecho de la libertad sindical".
Explican también que durante dos meses estuvieron negociando para modificar las condiciones de acceso y la duración de estas licencias hasta llegar al acuerdo que se publicó a finales de diciembre en el Boletín Oficial del Parlament de Catalunya. Aquel acuerdo, que fue aceptado en la Mesa antes de que estallara la polémica de las licencias por edad, se adoptó en el mes de diciembre, y fijaba rebajar de cinco a tres los años en que los funcionarios podrían cobrar un sueldo sin trabajar antes de jubilarse.
Aunque esta cuestión la decidieron por unanimidad todos los grupos de la Mesa, el Ara publicó esta anomalía de las licencias, y fue entonces que se hizo marcha atrás para poner punto y final definitivo a estas licencias. Es en este contexto que los trabajadores consideran que se tendría que haber hablado antes de revocarlas definitivamente, y sostienen que "no habrían tenido ningún problema en volver a sentarse para hablar de todo lo que hiciera falta, incluyendo la supresión de las licencias".
"El problema no es y no ha sido nunca la supresión de la licencia, pero es intolerable que la misma Mesa del Parlament, que todavía no hace dos meses aprobaba esta modificación, ahora actúe de manera unilateral para eliminar las licencias, ignorando la obligación de negociación y consulta", han añadido.
Profesionalidad en el caso Juvillà
Asimismo, han reprochado que durante el caso de la retirada del acta de Juvillà se emprendió un nuevo "ataque, poniendo en cuestión la imparcialidad y profesionalidad" del personal del Parlament, y han insistido en que trabajan para preservar el prestigio de la cámara, no para obstaculizar su funcionamiento: "Todas las afirmaciones que se han hecho estos días contra los funcionarios del Parlament forman parte de una batalla política que no tiene nada que ver con nosotros y que no se ajustan a la verdad", manifiestan.
Precisamente, esta semana empezó con una intervención en abierto de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en la Junta de Portavoces, para explicarse sobre el caso Juvillà. En su intervención acusó a los funcionarios de haber trabajado de manera improcedente y apuntó que era "una anomalía" que funcionarios de la casa actuaran por órdenes de la secretaria general, que obedecía a la Junta Electoral Central, sin que la Mesa lo supiera: "Es inadmisible", sentenció.