El editorial de El País de este miércoles sentencia la legislatura y pide al Govern que se someta a una moción de confianza o, directamente, que convoque elecciones. A raíz del estropicio en el bloque independentista, el ejecutivo de Quim Torra no tiene suficiente base parlamentaria para "actuar, promover y gobernar", argumenta el diario, de manera que si no sirve para lo que ha sido elegido, tiene que dejarlo. El País no está para cuentos y avisa a la oposición unionista (o constitucionalista) que tome la iniciativa si el Gobierno no lo hace –bajo amenaza de considerarla también responsable del "desgobierno" de Catalunya. "Instrumentos tiene", dice, "hace falta que los quiera utilizar".
La gracia del editorial es que omite del todo la causa de esta crisis –como también hacen el resto de diarios de Madrid. Pablo Llarena, el juez del Tribunal Supremo no es protagonista, ni secundario, de su relato. El origen de la crisis es, exclusivamente, el desbarajuste entre independentistas obsesionados en generar otro 1 de octubre. La crisis es fruto "de un periodo en que han dominado la anemia política, la parálisis parlamentaria y la agitación callejera", por obra y gracia de las pulsiones secesionistas mal acomodadas de la mayoría. Eso es todo.
¿Qué falla en esta historia? Que el Parlament –y, de rebote, el Govern– han sido asediados por las intrusiones del juez instructor (jueces, en plural, si se añade el show del titular del 13) casi desde el día siguiente a las elecciones del 21-D.
Para el diario madrileño, no es parte de los hechos en los que basa su veredicto, por poner un ejemplo, que Llarena ordenara la prisión del candidato a la presidencia Jordi Turull en medio de su investidura –el mismo juez le había liberado de la prisión semanas antes. Tampoco le parece oportuno mencionar, aunque sea para dudarlo, que la instrucción del caso ha sido guiada por las fabricaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el relato de la fiscalía, unos y otro puestos en solfa por inverosímiles, arbitrarios e injustificados. O que haya sido descalificada cada vez que se ha sometido al escrutinio de la justicia de otros países europeos, a la consideración de otros técnicos y juristas españoles o a la opinión de los corresponsales extranjeros que han seguido el caso.
El editorial y la información del diario hacen desaparecer todo eso de escena. Como insinuando que las acusaciones de rebelión, sedición y malversación contra los presos políticos y exiliados catalanes no han pesado en el desbarajuste y el miedo que planean sobre el independentismo, o que manifiestan la voluntad del juez de privar de sus legítimos derechos a los políticos exiliados y encarcelados sin juicio, o que se quiere ganar en los tribunales lo que se perdió en las urnas. La crisis dentro del independentismo está muy a la vista. ¿Por qué ese miedo a explicarlo todo? ¿Por qué El País esconde una parte crucial de los hechos? ¿No será que quiere imponer un relato acomodado a sus prejuicios? Seguro que no es nada de todo eso. No sería propio de un diario de prestigio.
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