La Abogacía del Estado hacía una semana que estudiaba cómo proceder ante las resoluciones del Parlament que se aprobaron el 6 de septiembre instando al Govern catalán organizar el referéndum. Mientras, el president Carles Puigdemont visitó Madrid este mismo lunes, ofreciendo diálogo al Estado y un pacto por el derecho a decidir, si bien, al desayuno no asistió ningún miembro del ejecutivo. Moncloa ha tomado ya una determinación: mantenerse en la vía judicial presentando un incidente de ejecución ante el Tribunal Constitucional donde piden la nulidad de la resolución, para evitar un referéndum antes de septiembre de 2017.

"Estas resoluciones son un paso reiterativo por parte del Parlament de Catalunya, muy similares a las de hace unas semanas, ya que vuelven sobre la misma cuestión y las incorporamos al incidente de ejecución que ya habíamos presentado", dijo la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Santamaría ha explicado que también se requiere a la Mesa y al Govern que se abstengan de su aplicación. Por último, se pide "deducción de testimonio particular" para estudiar si la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha cometido un delito.

Cuando habla de repetición, la vicepresidenta se refiere a que la acción ya se llevó a cabo después de la aprobación de las conclusiones de la comisión del Procés Constituent. Por lo tanto, el incidente de ejecución se amplía con la nueva orden. "Por que lo hagan muchas veces aquí están, aprobando lo mismo continuamente, no es necesario abrir nuevos expedientes para que vuelvan reiteradamente a lo mismo, puede que los aprueben unos políticos diferentes, pero siempre es lo mismo. Que Puigdemont lo explique en Madrid, en términos similares a los de Artur Mas, no adquiere novedad ", sentenció la número dos de Rajoy.

El ejecutivo de Rajoy esgrime también, una y otra vez, el argumento de "la soberanía nacional". Pero esta vez, Santamaría ha sido mucho más contundente, exigiendo "respeto" al president de la Generalitat. "Ni Puigdemont, ni Rajoy, son nadie para negociar esto. Puigdemont debería sentarse con 47 millones de españoles", espetó. La vicepresidenta en funciones insiste en que la soberanía no le pertenece a la Moncloa. El Gobierno dice que sólo pueden hacer leyes de acuerdo con la Constitución porque son "mandatarios" elegidos en las urnas y la legalidad está para "proteger derechos" de los ciudadanos.

El Estado no escucha la propuesta la propuesta pactada de Puigdemont, pero la única resolución que no ha anulado es la de Catalunya Sí Que Es Pot, donde precisamente abogaba por la vía de un referéndum pactado con el Estado. Son las resoluciones de Junts pel Sí con la CUP las que suponen objeto de trámite. En términos jurídicos y tras el consejo de la Abogacía del Estado, se alega que "vulneran específicamente lo resuelto por la sentencia del TC 259/2015 de 2 de diciembre", que anuló la resolución del 9-N.

Ayuntamiento de Badalona

El Gobierno no ha querido opinar políticamente sobre las acciones que el consistorio de Badalona llevó a cabo durante el Día de la Hispanidad. Es decir, las que trabajar y romper la resolución del juez al respecto. El argumento de Sáenz de Santamaría ha sido que en el Estatuto de los Trabajadores se contemplaría la posibilidad de llevar a cabo unos días festivos correspondientes con las festividades estatales.

La vicepresidenta sí ha reprochado al PSC que proponga ahora impulsar una moción de censura contra la alcaldesa de Badalona, Dolores Sabater (Ganemos Badalona En Comú), después de haber sido uno de los partidos que apoyaron su investidura en 2015. "Yo respeto la autonomía local y los grupos allí, pero no deja de sorprender que cuando uno plantea un problema, se ponga ahora al frente de la solución", declaró sobre los socialistas catalanes.