Siete años después de estallar un supuesto caso de corrupción en el Ayuntamiento de Montgat, que derivó en registros y detenciones en 44 ayuntamientos del Estado español sobre una supuesta trama de control de precios en la instalación de semáforos y cámaras de tráfico, nada queda probado en el consistorio del Maresme. El fiscal anticorrupción ha pedido ahora al titular del juzgado de instrucción 2 de Badalona que decrete el sobreseimiento contra siete cargos públicos y técnicos investigados de Montgat, a raíz de una denuncia presentada en el 2016 por el entonces concejal de seguridad ciudadana del municipio. En el escrito, difundido hoy, el fiscal considera que "no quedan debidamente acreditados los delitos atribuidos a Rosa Funtané (ERC), que fue denunciada cuando era alcaldesa de Montgat; a su antecesor, Francesc Garcia Arrocha (CiU); al exconcejal de Montgat, Tomàs Cabrejas, a dos agentes de la policía local de Montgat, y a dos trabajadoras del consistorio de Montgat.
En el informe, el fiscal razona que "son múltiples los hechos que se han ido investigando durante una larguísima y compleja instrucción". Recuerda que este caso derivó en una macrocausa con 30 piezas y que la más razonable fue que el juez fuera derivando los procedimientos en los juzgados del partido judicial donde estaban los consistorios con contratos bajo sospecha. El caso se denominó Enredadera y se acabó extendiendo por todo el estado español, donde los supuestos jefes de la trama, los hermanos Bueno Regodón, eran acusados de manipular datos de siniestralidad para justificar la implantación de un plan de movilidad en el municipio con la presunta connivencia del gobierno municipal.
Delitos
El fiscal precisa que en la denuncia el exconcejal "describe 30 hechos de más o menos o nulo calado penal" a la policía judicial de la policía española, que inicialmente tipifica los hechos de prevaricación, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, soborno, falsedad documental o fraude y exacciones ilegales. Añade que el fiscal, en una primera aproximación, y descripción de los hechos, los analiza y pide informes, y ahora concluye que no hay indicios penales.
Por ejemplo, en la supuesta manipulación de la PDA que usan los agentes de la policía local para que ciertas matrículas de cargos públicos locales no fueran sancionadas. El fiscal concluye que no hay ninguna irregularidad. Tampoco en cuatro pruebas de alcoholemia en las que se aseguraba que se anotó la tasa que no fuera constitutiva de delito y solamente de multa administrativa. El fiscal precisa que "no hay base para perseguir penalmente a los agentes" y que en aquellos casos denunciados las multas fueron puntualmente abonadas, por los infractores, a las arcas municipales. Una tercera irregularidad era el nombramiento de funcionarios y la suspensión de la tramitación de expedientes sancionadores de tráfico.
También descarta que se utilizara la sociedad mercantil con naturaleza pública Playas de Montgat para realizar adjudicaciones y concesiones directas con infracción de las normativas administrativas. De los expedientes analizados, el fiscal afirma que "no existe de forma palmaria, patente, evidente o esperpénticamente contradictoria con el derecho" la irregularidad denunciada. Y concluye que "no existe elemento probatorio o indicio con validez procesal que permita atribuir la redacción del pliego administrativo a los hermanos B.R., sea como autores o cooperadores necesarios, ni el conocimiento de tal il·lítica redacción y aportación a los expedientes" por parte del exalcalde Garcia y de Cabrejas. Ahora, el juez tiene la última palabra.