El Gobierno ha distribuido un argumentario en que justifica la aplicación del artículo 155 de la Constitución contra el Govern, que entrará en vigor definitivamente el día 27 de octubre, tras un pleno en el Senado. Entonces se aprobarán definitivamente las medidas –que según algunas informaciones pasan por la destitución del ejecutivo catalán. Por eso, el Consejo de Ministros extraordinario se ha reunido este sábado a las 10h, y el presidente Mariano Rajoy comparecerá sobre las 13h, misma hora en que se reúne la mesa de la cámara alta para organizar su calendario.

El documento expone los precedentes jurídicos que se conocen en el derecho comparado para argumentar la aplicación del 155, además del requerimiento al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, considerando que la vía procede por "la puesta en marcha de un proceso de secesión de la comunidad autónoma del Estado español, con desobediencia rebelde, sistemática y consciente de los reiterados pronunciamientos y requerimientos del Tribunal Constitucional, afectando de manera grave al interés general de España", se expresa de forma contundente.

Además del "retorno a la legalidad constitucional y estatutaria", el texto habla de asegurar "la neutralidad institucional, de modo que el interés general de los catalanes sea el principio rector de sus responsables políticos". "El gobierno de la Generalitat ha obviado el interés general de los catalanes en favor del ideario independentista (...) sin cuestionar la legitimidad de sus anhelos en un sistema democrático que ampara el pluralismo político (...) [sin embargo] no pueden presentarse como una demanda unánime, o de una imposición de la independencia o de una declaración unilateral", indica.

En tercer término, se afirma que las medidas irán orientadas a "garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y la recuperación económica". "Las incertidumbres generadas por las aspiraciones soberanistas han generado una amplia desconfianza (...) eso, sin entrar en que la pretendida independencia generaría una serie de efectos económicos de impacto y magnitudes gravísimas (...) implicaría aislar a una economía integrada en el mundo y la UE, un aislamiento de los flujos financieros, capitales y comerciales (...) con un empobrecimiento de la economía de Catalunya en un 25-30%".

En cuarto lugar se aboga por preservar "los derechos de todos los catalanes que las leyes otorgan y se tienen que hacer efectivos (...) especialmente, la libertad, la seguridad y la pluralidad", menciona el texto. "Cuando las instituciones incumplen y justifican el incumplimiento de la Ley, vienen a arrogarse la capacidad de actuar fuera de cualquier norma y de ejercer, por tanto, un poder sin control y sin límite. Una situación en que los ciudadanos quedan desprovistos de cualquier garantía y sometidos a la voluntad y, más todavía, la arbitrariedad de sus gobernantes", sentencia.