La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, del PP, ha anunciado este viernes su dimisión. Lo ha hecho un día después de que saliera a la luz que había sido una de las adjudicatarias de una de las viviendas públicas de la Playa de San Juan, asunto por el cual se ha abierto una investigación por posibles irregularidades en la concesión. Aparte de la concejala, también habían recibido pisos de esta promoción pública el arquitecto municipal y los dos hijos y una sobrina de un alto cargo del consistorio, la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman.
Gómez, que actualmente está de baja por maternidad, ha informado que en los próximos días presentará oficialmente el cese y ha recalcado que se inscribió en la cooperativa de las viviendas públicas en La Condomina "antes de entrar en política", según un comunicado del ayuntamiento. Sin embargo, la hasta ahora concejala de Urbanismo ha señalado que ha decidido apartarse del cargo para que la investigación pueda seguir su curso "sin interferencias de ningún tipo", tras haber aportado toda la documentación que le ha sido requerida. Arquitecta de profesión y de 33 años, Gómez llevaba dos años y ocho meses al frente de la Concejalía de Urbanismo de Alicante.
Este viernes al mediodía, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, que gobierna en minoría con apoyos puntuales de Vox, había explicado que la concejala de Urbanismo había recibido la condición de adjudicataria cinco años antes de llegar a la política y que "hasta donde tenemos conocimiento no ha intervenido absolutamente en ninguna decisión" relacionada con los hechos conocidos. Sin embargo, el alcalde ha sostenido que aplicará "la máxima contundencia" una vez tenga el informe municipal y que actuará "caiga quien caiga", incluyendo la posibilidad de trasladar a la Fiscalía el contenido del expediente ante el menor indicio de irregularidad.
Por su parte, la delegada del gobierno español en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha instado al alcalde a "asumir responsabilidades" por "un mal uso" del poder en la adjudicación de viviendas públicas y ha advertido que la Comunidad Valenciana "no puede ser un espacio donde el poder sea sinónimo de privilegios". En la misma línea, el grupo socialista municipal ha anunciado que llevará a la Agencia Antifraude lo que considera una "pilotada urbanística" y ha concluido que se trata "del mayor escándalo" en la ciudad, coincidiendo con "un momento de crisis de la vivienda" en todo el Estado