Artur Mas ha declarado durante poco más de una hora ante el Tribunal de Cuentas demandado por un mal uso de los fondos públicos de la Generalitat para el 9-N.
El caso de la consulta del 2014 ya se juzgó en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hace dos años, pero Societat Civil Catalana ha llevado las presuntas irregularidades de la financiación y el gasto de la consulta y eso ha derivado en una segunda parte del juicio. Se ha revivido de nuevo todo el relato sobre que la consulta la hicieron 40.000 voluntarios y que la resolución del Tribunal Constitucional no dejaba claro qué se tenía que suspender exactamente.
Los argumentos de la defensa son exactamente los mismos que en el juicio del TSJC.
Y, aquí, nuevamente Artur Mas, president de la Generalitat en aquel momento, ha puesto sobre la mesa las dudas que el Govern tuvo en este momento: "Teníamos los contratos hechos, el material producido y los servicios facturados. Todo el apoyo logístico lo suministraba la administración. Y nos preguntamos qué pasará con los contratos, muchos de ellos facturados".
Preguntas sin respuesta, también hoy.
Mas ha repetido los argumentos de su defensa en el juicio penal durante una declaración más política que técnica.
El abogado de Societat Civil Catalana ha dado vueltas a los motivos de la consulta y al hecho de no suspenderla cuando llegó la resolución del Tribunal Constitucional. Y eso ha obligado a Mas a volver explicar que la votación del 9-N fue un proceso participativo en manos de 40.000 voluntarios: "Partíamos de un intento de hacer las cosas administrativamente, de dar a la administración pública toda la carga del trabajo para organizar una consulta y cuando vimos que eso no era posible por la resolución del TC, tuvimos un debate trascendente, un conflicto entre partidos, una crisis que se consiguió superar con imaginación y propuestas nuevas. Y lo que hicimos fue descargar la administración de la organización de la consulta e invitar a miles de voluntarios a responsabilizarse de la organización del proceso participativo. Cambió el nombre: de consulta a proceso participativo".
El gasto que llama la atención al Tribunal de Cuentas es la compra de los ordenadores que no estaban previstos en el presupuesto. "Los ordenadores van al sistema educativo catalán para las necesidades de este sistema. Se compraban por el sistema educativo y puntualmente se utilizaron para la consulta", ha explicado Mas.
El expresident también ha explicado que se hicieron 1.400 modificaciones presupuestarias y que eso "es lo más normal del mundo".
Mas, Ortega, Rigau y Homs están representados por un equipo de abogados dirigido por Rafael Entrena, marido de Joana Ortega, que ya la defendió en el juicio del TSJC.
Órdenes tajantes de Ortega
La exvicepresidenta del Govern Joana Ortega ha negado que se continuara adelante con la consulta del 9-N después de la resolución de suspensión del Tribunal Constitucional.
"Se suspendieron los convenios. Di una orden tajante. El Gobierno consciente que no se puede hacer la consulta impulsa un proceso participativo, de naturaleza y alcance totalmente diferentes, y empezamos a implantar la organización porque la implantación queda en manos de los voluntarios", ha declarado al Tribunal de Cuentas.
Ortega también ha explicado que, aunque la orden de suspensión fue inmediata, administrativamente se tardó 15 días porque "la administración tiene unos pasos no muy acelerados".
Su abogado le ha preguntado si intervino en el proceso participativo algún funcionario público. Ortega ha respondido: "Ni uno. Sólo voluntarios".
Rigau y los ordenadores
La declaración de Irene Rigau ha girado en torno a los 7.000 ordenadores que se compraron y que se utilizaron para el proceso participativo.
"No se alteró el funcionamiento ordinario y aquella noche se distribuyeron a los centros predeterminados", ha explicado Rigau.
El abogado de Societat Civil Catalana ha replicado sobre por qué no se especificó el uso que se darían a los ordenadores para el proceso participativo, a lo que Rigau ha respondido con tono alto: "Tampoco se dijo que las sillas y las mesas de las escuelas se utilizarían". Y ha remarcado que el objetivo al utilizar nuevos ordenadores "era no interferir en el funcionamiento ordinario" y por eso "prefirió coger los ordenadores por los que ya se había autorizado su compra".
Homs dice que no hay base legal
El último en declarar ha sido el exconseller de la Presidència Francesc Homs, que ha explicado los procesos administrativos y ha dejado claro que la acusación de mal uso de fondos públicos "contablemente no tiene base".
Homs ha explicado que una vez suspendida la consulta, hay un cambio de partidas y nadie, ningún organismo judicial, impugna las modificaciones. Y por eso ha empezado su declaración asegurando que "las modificaciones de partidas están bien hechas".
"Administrativamente, hasta el 4 de noviembre todo lo que se hace formaba parte de lo que era el ámbito de actuación del Govern", ha reiterado.