El portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha encontrado una fórmula para que los fiscales que creen recibir presiones de los poderes políticos en el ejercicio de su tarea, dejen de sufrir: la denuncia. Así se ha vuelto De Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, preguntado por las denuncias del exfiscal superior de Murcia, Manuel López, sobre que había recibido intimidaciones por luchar contra la corrupción. Eso fue precedido de la renovación de la cúpula de la fiscalía, a petición del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza.

Bernal inició la investigación contra el presidente de esta comunidad, Pedro Antonio Sánchez, en el caso Auditorio, una pieza separada de la trama Púnica, que tendrá que ir a declarar como investigado en el Tribunal Superior de Justicia el 6 de marzo. Será sustituido por José Luis Díaz Manzanera, aunque el Consejo Fiscal aconsejaba mantenerlo al cargo, junto con 27 profesionales más, de entre los 35 posibles.

El portavoz del Ejecutivo central, sin embargo, ha pedido ser "contenido" a la hora de valorar las sentencias judiciales. También ha alentado a los fiscales que si saben de conductas delictivas o de presión, deberán "poner en conocimiento por escrito a la Fiscalía, ya que son los que están más en contacto con las fuerzas de seguridad del Estado", indicó. Precisamente, este viernes el Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento del resto de propuestas de Maza.

Después de diez horas de reunión, este decidió que sea José Francisco Sánchez quien ocupe ahora el cargo de fiscal de Murcia. Manuel Moix, exfiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ocupará la Fiscalía Anticorrupción –el lugar estaba vacante desde la jubilación de Antonio Salinas en noviembre del año pasado– y Jesús Alonso al frente de la Audiencia Nacional, en sustitución a Javier Zaragoza. La anterior fiscal del Estado Consuelo Madrigal no quería sustituirlo, pero ella misma ya fue relevada de su cargo por haberse opuesto a hacer cambios en las fiscalías del Estado.

Entre otros nombres, también serán relevados los fiscales superiores del País Vasco, Juan Ramón Calparsoro (sustituido por Carmen Adán) y de Andalucía, Jesús María García Calderón (por Ana Tárrago).

El cambio en las fiscalías del Estado no ha gustado nada a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que, en un comunicado, cargaron contra los nuevos nombramientos por no haberse producido "un cambio de modelo procesal" como se creía desde que Maza fue nombrado nuevo fiscal general del Estado.  Su secretariado permanente dejó claro en el escrito que esperaban "el afianzamiento de la autonomía del ministerio fiscal respecto del Poder Ejecutivo". Sin embargo, según su opinión, no ha sido así.

Resulta ser que la mayoría de plazas no renovadas las ocupaban fiscales que pertenecen a la UPF y eso, según ellos, "supone un claro retroceso en la pretendida autonomía del ministerio fiscal porque estas decisiones sólo pueden explicarse desde un interés eminentemente político e ideológico".