David Sánchez ha negado privilegios, ha evitado a su hermano y se ha sacudido la declaración en 10 minutos, en la comparecencia de este jueves ante la Audiencia de Badajoz por el juicio por su contratación en la diputación provincial. El hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solo ha respondido a las preguntas de su abogado, Emilio Cortés, y ha insistido en la idea de que él ni intervino ni influyó en la creación y adjudicación de su plaza como "coordinador de conservatorios" de Badajoz. Lo mismo ha negado de la plaza de su amigo Luis Carrero como jefe de Coordinación de Programas de Actividades Transfronterizas. Y todo, sin mencionar al jefe del ejecutivo estatal.
En esta línea, ha asegurado que la Oficina de Artes Escénicas que él dirigía en la Diputación de Badajoz "no era entendida como una oficina con ventanilla o un edificio físico", sino que era más bien una categoría administrativa. Sánchez también ha explicado que cuando entró a trabajar en el organismo provincial inicialmente se le habilitó un despacho en el conservatorio que, durante la pandemia, "se utilizó para diferentes actividades". Posteriormente, cuando volvió de una excedencia, "este mismo despacho estaba ocupado por una compañera", de manera que entre 2023 y 2024 hizo uso de "despachos comunes, espacios comunes, despachos habilitados y herramientas de trabajo" hasta que, posteriormente, "hay una reubicación en otro espacio común, dentro de las dependencias de los servicios centrales (en la plaza de España de Badajoz)". Finalmente, ha explicado que se enteró del cambio de nomenclatura de su puesto de trabajo, de coordinador de las actividades de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas "cuando ya se había hecho", y ha considerado que esta modificación "se produjo por la evolución natural de las actividades que ya se iban haciendo" y, por lo tanto, respondía a esta evolución.
Tres años de prisión
Después del hermano del presidente está prevista la declaración de Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz. Para ambos se piden tres años de prisión por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias por la contratación de Sánchez en el organismo provincial en el año 2017, primero como coordinador de actividades de los conservatorios, y después como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.
En el inicio del juicio, Sánchez reclamó su nulidad alegando que los hechos del delito del cual se le acusa han prescrito. La Audiencia de Badajoz aceptó la prescripción del delito de aceptación de nombramiento ilegal, pero el tribunal decidió mantener el juicio por tráfico de influencias.