Òmnium Cultural cree que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O es fruto de un tribunal "parcial y politizado", con un sesgo ideológico que "choca frontalmente con el derecho fundamental a un tribunal independiente e imparcial ideológicamente". Así lo ha alertado el equipo de abogados de Jordi Cuixart, que ha pedido que se declare nula la sentencia que condena al presidente de la entidad a nueve años de prisión y de inhabilitación.

El abogado Benet Salellas ha presentado un incidente de nulidad donde pide que se deje sin efecto la sentencia "desproporcionada" como paso previo al recurso de amparo en el Tribunal Constitucional.

El escrito también denuncia la vulneración flagrante durante el juicio de otros derechos como la presunción de inocencia o el derecho a reunión y expresión, entre otros. Con este paso, Cuixart apuesta por agotar todas las vías judiciales y, desde la prisión, afianza su determinación en la defensa de los derechos y las libertades. "Seguiremos denunciando que la sala segunda del Supremo está marcada ideológicamente, con un sesgo político claro sobre el derecho a la autodeterminación", afirma el presidente de Òmnium desde la prisión de Lledoners. "Nos ha juzgado un tribunal que ha permitido que la extrema derecha sea acusación popular", recuerda Cuixart, "y ha hecho un uso fraudulento y partidista por hacer propaganda electoral, como demuestran los resultados de las elecciones del 10-N".

La posición ideológica previa del tribunal

Salellas también reprocha la vulneración del derecho a tener un juez independiente e imparcial. Entiende que el tribunal presidido por Manuel Marchena tenía una posición ideológica concreta y previa sobre la cuestión de la soberanía de Catalunya. Un "prejuicio político" a la hora de dictar sentencia que resulta "determinando", como queda plasmado en la sentencia: "El desarrollo argumentativo contra el derecho a la autodeterminación, al cual dedica más de 20 páginas el Tribunal Supremo en la sentencia es expresión de un posicionamiento político". De hecho, critica al tribunal por impedir a las defensas hacer posicionamientos políticos, y al mismo tiempo hacerlo en la sentencia en sentido contrario. En el mismo sentido, recuerda que el delito de sedición es un delito contra el orden público, y por lo tanto no tendría que tener relación con la autodeterminación.

El interrogatorio como testigo de la filósofa Marina Garcés —apunta el abogado de Cuixart— es uno de los ejemplos más claros de la politización de los jueces. En esta sesión, recuerda, "se filtraron opiniones del tribunal con respecto a la estrategia" de defensa del presidente de Òmnium. Además, considera que el Supremo no era el órgano competente para juzgar a Cuixart, sino que tenía que hacerlo la Audiencia de Barcelona.

Esta crítica también se amplía por el hecho de que el tribunal no habilitó un sistema de traducción simultánea para que los acusados pudieran declarar en catalán.

El Supremo "vulnera el derecho de reunión y criminaliza la disidencia"

En el escrito presentado, el abogado de Cuixart denuncia la vulneración de la libertad ideológica del presidente de Òmnium, en tanto que el tribunal condena la disidencia y la defensa de la acción política independentista. Según argumenta, el Supremo cuestionó abiertamente durante todo el juicio las ideas de Cuixart y de la entidad que preside, también vulnerando el derecho de reunión y expresión.

Estos derechos, apunta, "son infringidos por la valoración que hace el Supremo de hechos como las intervenciones en actos públicos o la emisión de tuits como elementos de incriminación de un delito grave como es el de sedición". Por eso, Salellas pide que el tribunal reconozca que Cuixart actuó amparado por sus legítimos derechos.

Vulneración de la presunción de inocencia

La defensa de Cuixart también argumenta que no hay ninguna prueba que justifique la condena por sedición, que, además, considera desproporcionada. Según Salellas, la sentencia no aporta elementos que acrediten que se impidieron diligencias judiciales el 20-S en la conselleria de Economia, que la policía tenía que utilizar la fuerza el 1-O, y que el objetivo de las movilizaciones era demostrar a los jueces que en Catalunya habían perdido su capacidad jurisdiccional. La falta de pruebas, asegura el abogado, vulnera la presunción de inocencia de Cuixart y el resto de acusados, y reitera que las conclusiones del Supremo sólo pueden provenir de su propio prejuicio o de las investigaciones y conclusiones de la Guardia Civil.

"La sentencia no contiene un apartado específico destinado al abordaje de la cuestión probatoria", denuncia. Una "omisión" de información que es un indicio claro de "vulneración del derecho a la presunción de inocencia", y que demuestra que la prueba se valoró con "un interés que va más allá del simple ejercicio de justicia de un tribunal penal", es decir, con un claro sesgo político. En eso, Salellas suma otras vulneraciones como la del derecho fundamental al procés debido. Por ejemplo, sobre el orden de los interrogatorios, la denegación de preguntas, la imposibilidad de exhibir vídeos, no poder consignar los motivos de las protestas o no utilizar la prueba documental durante la fase testimonial.

Además, considera que parte de los hechos probados no se sustentan en ninguna declaración de los acusados, los testigos o las pruebas documentales, sobre todo con respecto a los hechos de la Conselleria de Economia el 20-S, sobre los cuales la defensa de Cuixart dice que en ningún momento se alteró el registro. Por último, considera que las penas impuestas son desproporcionadas.