La Justicia española ha intentado en cuatro ocasiones conseguir la extradición del president en el exilio, Carles Puigdemont, y en todos los casos ha salido derrotada y el embate ha resultado fallido. Siempre tiende a repetirse el mismo esquema: detención, euforia desbocada en Madrid, revés judicial, y derrota política. El último caso ha sido la detención ayer de Puigdemont en el aeropuerto de L'Alguer. Cuando la mayoría de medios, tertulianos y analistas españoles ya daban por hecho el final político del president y su inminente extradición a España, el castillo de cartas hoy ha caído como si desconocieran que Catalunya es la provincia más occidental de Italia, que decía Josep Pla.
Bélgica
El primer revés de la Justicia española fue en Bélgica, cuando el juez Pablo Llarena dictó el 3 noviembre del 2017 una euroorden para detener a Puigdemont y extraditarlo. Dos días después el president y los otros exiliados se entregaron a la policía belga y la justicia de este país los puso en libertad con medidas cautelares. Ante eso, Llarena lanzó la toalla y retiró la euroorden. La justicia belga decidió en función de ello cerrar el proceso, lo que fue un revés también para la credibilidad de la Justicia española.
Primera rueda de prensa de Carles Puigdemont en Bruselas | EFE
Alemania
La Justicia española hizo un nuevo intento en el 2018 aprovechando que Puigdemont había viajado a Finlandia. Cuando volvía por carretera hacia Bélgica, el 25 de marzo fue detenido en Alemania por la policía de este país, previamente avisada por la policía española. Puigdemont ingresó en la prisión de Neumünster, en el norte del país a pocos kilómetros de Dinamarca. El Tribunal Superior de Schleswig-Holstein decretó la puesta en libertad del presidente el 5 de abril, pero le pidió que residiera en el país a la espera de una resolución definitiva. Ya descartó entonces el delito de rebelión que le imputaba Llarena. Puigdemont fijó su residencia temporal en Berlín, hasta que el 12 de julio salió la sentencia: no aceptaba la extradición por rebelión, tampoco por sedición, y sólo la permitía por el delito menor de malversación. El 19 de julio Llarena optó por retirar la euroorden, por segunda vez, esta vez quedando en evidencia ante la Justicia alemana.
Carles Puigdemont entregando libros catalanes en alemán en la prisión de Neumünster, después del veredicto del tribunal | ACN
Bélgica
Cuando se publicó la sentencia del 1-O en el 2019, Llarena decidió dictar por tercera vez una orden española, europea e internacional de detención y entrega contra Puigdemont por sedición y malversación, horas después de que el Tribunal Supremo notificara la sentencia en que condenaba apenas de entre 9 y 13 años de prisión a nueve líderes del procés, por sedición. El 18 de octubre, Puigdemont compareció voluntariamente ante las autoridades belgas y quedó otra vez en libertad sin fianza pero con condiciones. La nueva victoria de Puigdemont quedó confirmada el 2 de enero del 2020 cuando la justicia belga suspendió el procedimiento por el que tenía que decidir sobre su entrega o no a España, al constatar que disfrutaba de inmunidad como europarlamentario.
El 9 de marzo, por la presión del PSOE, PP, Cs y Vox, el Parlamento europeo retiró la inmunidad a Puigdemont, y después de varias curvas judiciales, el 30 de julio la justicia europea confirmó la retirada de la inmunidad, pero constatando que no había más euroórdenes pendientes. A la práctica Puigdemont ha podido visitar con toda normalidad los países europeos, incluidas varias estancias en la Catalunya Nord, bajo administración francesa. E incluso la Asamblea francesa. La retirada de la inmunidad, cacareada en Madrid, ha resultado pírrica.
Carles Puigdemont reunido con diputados a la Asamblea Nacional francesa | E.N.
Italia
La última derrota que ha vivido la Justicia española es la de hoy, cuando la jueza de Sassari ha decidido poner en libertad a Puigdemont sin medidas cautelares y con libertad de movimientos, con el único compromiso de declarar el 4 de octubre. Puigdemont fue detenido el jueves al aterrizar en el aeropuerto de L'Alguer, en una operación de la policía italiana en la que según algunas fuentes también estaba implicado el Gobierno de Pedro Sánchez, en concreto el ministerio del Interior. La maniobra ha saltado por los aires porque la justicia italiana no ha secundado la tesis española de que todavía están vigentes las euroórdenes.
Carles Puigdemont saliendo de la prisión de Sassari con la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y la consellera de Exteriors, Victòria Alsina | Junts