Día de trabajo intenso para el magistrado del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya instructor del caso 9N, Joan Manuel Abril, con la toma de declaraciones de cinco testigos. Unas pruebas testificales que la Fiscalía había solicitado para acreditar la implicación de la Generalitat en el proceso participativo del 9N. Los testigos han admitido que la gestión del 9N continuó pero sin intervención "directa" de la administración después de la suspensión del Tribunal Constitucional el 4 de noviembre. Entre otros motivos, porque la logística de entrega no se podía detener, porque no hubo ninguna orden de parada expresa y por la dificultad técnica de apagar la web del proceso.
Dos o cinco llamadas
La primera en testificar ha sido Dolores Agenjo, la directora del Instituto Pedraforca de L'Hospitalet del Llobregat, el único centro que no abrió el 9N. Agenjo ha insistido en que recibió "presiones" para abrir el centro. Según la directora, ahora jubilada y candidata de Ciudadanos, recibió "cuatro o cinco llamadas" entre el 6 y el 8 de noviembre de la directora de los Serveis Territorials d'Ensenyament, Montse Llovet, para que entregara las llaves del centro. Un número de llamadas que ante el juez se habrían reducido a "dos".
La tesis de Agenjo es que no quería entregar las llaves sin firmar un "acto administrativo" y no ante una"instrucción oral" con el apoyo de la firma de un recibo. Fuentes de la instrucción del caso explican que la docente obedecía las recomendaciones de "la Alta Inspección del Ministerio de Educación y a la Delegación del Gobierno en Catalunya que había remitido una carta a los directores". Agenjo también ha explicado que a partir de la suspensión de la consulta el 4 de noviembre decidió no entregar las llaves. Una decisión que, por otra parte, no comunicó a Ensenyament. Y aquí es donde la defensa de los imputados ve el motivo de las dos llamadas de los servicios territoriales reclamando una respuesta.
Agenjo también ha añadido al instructor que el día 16 de octubre asistió a una reunión de los servicios territoriales del departamento en la que se le dieron los detalles de la consulta y se le pidió que hiciera extensiva en su claustro la petición de voluntarios. Una petición que ha admitido no trasladó al equipo docente del IES Pedraforca.
Los mails a la Fiscalía
La testigo ha presentado un conjunto de mails de varios directores con los que pretendía acreditar las supuestas presiones. Sin embargo, estos correos electrónicos han producido el efecto contrario porque uno de ellos evidenciaba que no había presiones de ningún tipo, en todo caso, "miedo" por las amenazas del Estado. La defensa considera que estos mails se han entregado a la Fiscalía rozando el palo de la legalidad procesal.140.000 euros por el Centro Internacional de Prensa
El siguiente testimonio de la mañana ha sido Daniel Fernández, el administrador de Focus, la empresa encargada de montar el Centro Internacional de Prensa. Fernández ha aportado la factura de 140.000 euros que pasó a la Generalitat para organizar este centro. Según Fernández, el trabajo le fue encargado mucho antes de la suspensión.
El encargo se hizo en virtud de un contrato anual con el departamento de Presidència que tiene un tope de 500.000 euros, es decir, cada pedido se factura hasta que el cómputo anual no supera este medio millón de euros. La sorpresa de la acusación popular de Manos Limpias es que de estos 500.000 euros aún quedaran 140.000 el penúltimo mes del año.
La acusación también asegura haber aportado documentación que acreditaría instrucciones de Presidència a la empresa tras la suspensión de la consulta. De todos modos, la exvicepresidenta del Govern, Joana Ortega, ya advirtió en su declaración como imputada que el Ejecutivo decidió llevar adelante el centro de prensa porqué era importante informar de una actividad que había movilizado a más de 2,3 millones de catalanes.
La logística cerrada el 4N
Tanto el responsable de la logística del 9N, Joan Cañada, como los responsables del Centro de Internamiento donde se fabricaron las urnas y los del programa informático han declarado que todo quedó listo y facturado antes del día 4. Ahora bien, la entrega fue posterior porque ya se había activado y la web del proceso no se pudo clausurar por la dificultad que suponía cerrar los diferentes servidores utilizados.
En cualquier caso, la acusación popular considera que los pequeños encargos "añadidos" en el centro de prensa, las llamadas a la directora del instituto de l'Hospitalet o la entrega de las urnas, así como el hecho de no dar ninguna orden expresa, demostrarían la implicación del Govern en la consulta. En cambio, la defensa considera que tras el 9N todo quedó en manos de los voluntarios y de la propia dinámica de la logística que no se podía detener.