El nuevo Govern de la Generalitat está "predispuesto" a "analizar diferentes procesos judiciales siempre que no haya una lesión o un menosprecio de los funcionarios y los bienes públicos". Así lo ha dicho la vicepresidenta Neus Munté en Catalunya Ràdio. Sobre la mesa hay siete causas contra activistas con más de 40 imputados en las cuales la Generalitat se personó como acusación particular.
Esta decisión del Ejecutivo catalán sería una condición de la CUP para investir a Carles Puigdemont. Entre los procesos judiciales está la protesta por la visita de Artur Mas a la Universitat de Girona en el 2011, los disturbios durante la huelga general del 29 de marzo del 2012, los choques por la huelga general del 14 de noviembre del 2012, la acción contra la línea de muy alta tensión del 2014 y la manifestación contra el cierre de Can Vies.
El PSC ha pedido al Ejecutivo que dé explicaciones "caso por caso", ya que los socialistas tuvieron confianza en el Govern anterior, que es el que interpuso las querellas. "Hace falta que expliquen a cambio de qué lo hacen y qué precio tiene la estabilidad parlamentaria", ha dicho la portavoz socialista Esther Niubó.
Carlos Carrizosa ha encontrado "muy grave" esta medida, porque "supondría llevar las negociaciones políticas a sede judicial". El portavoz de Ciudadanos considera que, de retirarse de estas causas judiciales, significaría que la Generalitat "habría incluido entre los pactos políticos el hecho de dejar de perseguir delitos".