Duro revés del Consejo de Estado —la máxima institución consultiva en cuestiones relativas a la maquinaria legal española— al gobierno de Mariano Rajoy. Los miembros de la institución han dictaminado que "no hay fundamentos para la impugnación" de que el cabeza de lista de Junts per Catalunya Carles Puigdemont sea candidato para la investidura como president de la Generalitat, convocada para el próximo 30 de enero. Así lo había consultado y anunciado el ejecutivo por la mañana, mediante la rueda de prensa de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en la Moncloa.

Si bien, Mariano Rajoy no se piensa echar atrás: aprobará por Consejo de Ministros de este viernes el recurso al Tribunal Constitucional —si se aceptara, la suspensión sería inmediata—. El posicionamiento es que Puigdemont "carece de libertad deambulatoria", un estatus "incompatible con su comparecencia ante la cámara", en tanto que pesa sobre él una orden de detención, si pisa territorio español, según explicaba Santamaría —rodeada de su gabinete, entre los que hay abogados del Estado de gran prestigio y estudio constante a lo largo del procés.

Por ello, fuentes del Gobierno recuerdan que el veredicto del Consejo de Estado es preceptivo —no vinculante—. Aseguran que el informe "avala los argumentos jurídicos planteados por el Ejecutivo, pero discrepan sobre el momento temporal del hacerlo", explican. No se avala el recurso a la candidatura, pero sí se acepta la negativa a que los diputados en Bruselas puedan delegar el voto para la investidura. Igualmente se rechaza una investidura a distancia —telemática o de cualquier otro tipo, como preguntaba la Moncloa en una consulta potestativa.

Si bien, en el Consejo de Estado hay un elenco de personalidades de prestigio: expresidentes del Gobierno de España, los directores o presidentes de la Real Academia Española, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Real Academia de la Historia, Consejo Económico y Social, el Fiscal General del Estado —quien precisamente ha tomado posesión este mismo jueves, Julián Sánchez Melgar—, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el gobernador del Banco de España, el director del Servicio Jurídico el estado y los presidentes de la Comisión General de Codificación y de la Abogacía...

Fuentes del ejecutivo explican que la decisión de impugnar era conocida por el Partido Popular y el PSC; fuentes socialistas añaden que también la conocía el secretario general del PSOE Pedro Sánchez —que había dado su apoyo a Rajoy—. Nadie habló de Ciudadanos. El hecho es que el criterio del presidente ha cambiado: si la semana anterior se pretendía esperar a que Torrent publicara el escrito donde reconocía la necesidad de utilizar medios telemáticos —que facilitaría un recurso inmediato al TC, al no ser reglamentario— esta vez el Gobierno quería poner todas las trabas ex-ante.

Los miembros del Consejo de Estado se han reunido esta tarde a las 16h, después de que el Gobierno presentara la petición, para ver el dictamen que ha hecho la sección primera presidida por Landelino Lavilla. La reunión ha durado casi dos horas y media, y se ha acabado en las 18.30h.

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