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Aitor Navarro Horna, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, ha sido citado a declarar como investigado por incitar al odio contra la población inmigrante a través de las redes sociales. Lo ha acordado la magistrada del juzgado de instrucción 6 de la ciudad, que ha aceptado la querella que presentaron contra él seis entidades, según una resolución a la que ha tenido acceso ElNacional.cat este lunes. Navarro debe comparecer en el juzgado el próximo 17 de noviembre, acusado de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales o delito de odio (artículo 510 del Código Penal), y también de un delito de revelación de secretos.

Las entidades que han denunciado a Navarro, ahora hace un año, son: SOS Racismo Catalunya, Centre d'Acolliment de Santa Coloma, Ca la Sisqueta Gramenet, Espai Gramenet, Papers i Drets per Tothom y Ningú sense Llar Gramenet. Navarro entró en el Ayuntamiento colomense en las elecciones de 2023 y forma grupo municipal del partido de extrema derecha con Juan Carlos Segura.

Vídeos Criminalizadores

En la querella, a la que ha tenido acceso este diario, el penalista David Aranda, en nombre de las entidades querellantes, expone que Aitor Navarro ha hecho un discurso en las redes sociales "consistente en vincular colectivos migrados, especialmente personas en situación administrativa irregular, menores no acompañados y personas de confesión musulmana, con conceptos como delincuencia, inseguridad, fraude e incluso islamización del espacio público".

En la querella, se detallan las acciones de Navarro, y se aportan los vídeos que el regidor difunde en las redes sociales. En concreto, en noviembre de 2024 se indica que la agrupación local de Vox de Santa Coloma de Gramenet hizo una campaña en la ciudad, consistente en el reparto de octavillas y la pegada de carteles, en los que se advertía a la población de que había un reparto de personas en situación administrativa irregular. En los carteles y las octavillas aparece una imagen de tres personas encapuchadas con el rostro oculto en las que se dice: ¡Extreme la precaución en esta zona! Partido Popular y Partido Socialista están repartiendo ilegales aquí. Junto con el hashtag #SeguridadPrioridad, el cual da a entender que se está afirmando que la convivencia con personas en situación administrativa irregular es equiparable a una falta de seguridad.

Se explica que Purificación Obregón y Najat Hmidane se encontraban repartiendo panfletos en el barrio del Fondo en relación con la manifestación por la bajada de los precios de los alquileres, cuando el querellado se dirigió a Najat Hmidane,  la cual usaba el velo, y "en tono burlesco le dijo te cambio uno de los tuyos por uno de los míos". Ambas han sido citadas para que declaren como testigos por la jueza.

Identifica personas con ayudas

Aparte de los vídeos xenófobos, en la querella también se detalla que el concejal de Vox en un programa de videostreaming difundió los nombres y apellidos de personas que habían recibido algún tipo de subvención o ayudas sociales del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, para hacer resaltar el origen étnico de los beneficiarios de las ayudas. Se sostiene que "Navarro se apoderó y difundió datos reservados de carácter personal de personas beneficiarias de ayudas públicas", y por ello se afirma que ha cometido un delito de revelación de secretos.

Además, se precisa que si se entra en su perfil de la red social Instagram, se puede ver un enlace, el cual lleva a un documento de 48 páginas en el que se difunden con nombres y apellidos personas físicas y jurídicas que, en algún momento, han recibido una subvención o ayuda pública del Ayuntamiento.

"No es libertad de expresión"

Por todo ello, las seis entidades acusan al concejal de Vox de un delito de incitación al odio contra las personas inmigrantes. En la querella, el penalista David Aranda reproduce jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), del Tribunal Constitucional y de un reciente caso en Reus, avalado por la Audiencia de Tarragona, que indican que la libertad de expresión no es un derecho ilimitado. "La expresión de ideas ofensivas puede estar protegida, pero no lo está la difusión de mensajes que incitan a la discriminación, la hostilidad o la violencia contra colectivos minorizados. Más aún cuando se hace desde una posición con capacidad más alta de difusión e influencia", indica la jurisprudencia en vigor, reproducida por las entidades.

Un año después de interponer la querella, finalmente, una jueza de Santa Coloma ha admitido examinar las acciones del concejal de Vox por si son constitutivas de delito.

Santa Coloma, "ciudad de acogida"

Por su parte, las seis entidades denunciantes han difundido un comunicado en el que aseguran: "Esperamos que Aitor Navarro no salga impune de este proceso, y que se tomen las medidas necesarias para que estos hechos dejen de pasar en nuestra ciudad". Y añaden: "La instrumentalización, la deshumanización y la criminalización constante de las personas migradas por parte de partidos políticos de extrema derecha no es nueva. Esta estrategia tiene el objetivo de fragmentar y dividir a la clase trabajadora usando a las personas más vulnerabilizadas, como son las personas migradas y racializadas, como chivo expiatorio de las desigualdades sociales provocadas por el statu quo que precisamente ellos defienden, fomentando políticas públicas que van en detrimento de los derechos básicos de toda la sociedad catalana. Santa Coloma es una ciudad de acogida. En nuestros barrios se convive en un ambiente de tolerancia".