La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado enviar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dos diligencias informativas abiertas contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. El tribunal madrileño deberá valorar ahora si el magistrado pudo incurrir en dos faltas leves: una de desconsideración, por haber sugerido que los escoltas policiales de Gómez podrían ayudarla a huir del país, y otra de retraso injustificado en la tramitación de un procedimiento diferente.
La decisión revoca la propuesta del promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, que había planteado archivar ambas quejas. El acuerdo ha salido adelante con el apoyo de los tres vocales del sector progresista y el voto de calidad de la presidenta del Consejo, Isabel Perelló. Los cuatro vocales conservadores se han opuesto y han anunciado votos particulares.
Las referencias de Peinado a los escoltas
Una de las diligencias está relacionada con la resolución en la que Peinado retiró el pasaporte a Begoña Gómez y le prohibió salir de España, unas medidas cautelares que posteriormente fueron revocadas. En aquella resolución, el magistrado apuntó que los escoltas de Gómez podrían "ser precisamente quienes colaboren en la acción o las acciones que se lleven a cabo para facilitar esa huida que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".
El promotor de la Acción Disciplinaria había defendido el archivo porque consideraba que el CGPJ solo podía examinar estas expresiones si el tribunal encargado de revisar la resolución judicial las remitía al órgano disciplinario. La mayoría de la Comisión Permanente, sin embargo, considera que existen precedentes del Tribunal Supremo que permiten sancionar el uso de expresiones desconsideradas sin necesidad de cumplir este requisito previo.
Los vocales contrarios a continuar la investigación sostienen que Peinado se limitó a explicar los motivos por los que consideraba necesario adoptar las medidas cautelares. Según su posición, se trata de una decisión "estrictamente jurisdiccional y revisable por la vía ordinaria de los recursos", que sería el ámbito adecuado para determinar si la motivación era insuficiente o equivocada.
Archivada la queja de Félix Bolaños
El CGPJ sí que ha aceptado archivar cuatro diligencias más contra Peinado. Entre estas se encuentra la queja presentada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por la actuación del magistrado durante su interrogatorio como testigo en la causa de Begoña Gómez. Bolaños había denunciado diversas actuaciones que consideraba anómalas, como la petición de un vehículo oficial para que el juez pudiera acceder al Palacio de la Moncloa o la solicitud de una tarima que permitiera situarlo físicamente en una posición más elevada que el ministro.
La Comisión Permanente considera que estas cuestiones son aspectos accesorios de la declaración, basados en interpretaciones discutibles de las normas procesales, pero sin suficiente relevancia disciplinaria. Por mayoría, el CGPJ concluye que la actitud del juez “no supuso la vulneración de ningún derecho del testigo” y que “no hubo desconsideraciones explícitas”, a pesar de reconocer que la diligencia se desarrolló en un “clima de tensión”.
Tres investigaciones más cerradas
También se ha archivado la queja presentada por Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez e investigada en la misma causa, por la filtración a un medio de comunicación del contenido de una providencia que todavía no se había dictado. El promotor concluyó que no se había podido acreditar que Peinado fuera el autor de la filtración.
Otra de las diligencias archivadas se abrió a raíz de las quejas de Más Madrid y del diputado socialista en la Asamblea de Madrid Guillermo Hita. Ambos denunciaban que el juez había acordado fuera de plazo la prórroga de una investigación por presunta malversación contra el exgerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Alfonso Sánchez Vicente. La causa acabó siendo archivada.
Finalmente, el CGPJ ha validado por unanimidad el archivo de una queja de una investigada que acusaba a Peinado de no haberle permitido declarar por videoconferencia, de tratar con desconsideración a los abogados y de imponer medidas cautelares desproporcionadas.