Nuevas revelaciones sobre presuntas irregularidades cometidas por Santos Cerdán, el exsecretario de organización del PSOE y hombre de confianza de Pedro Sánchez, que no solo afectan a su implicación en la trama de comisiones del caso Koldo, que también salpica a su antecesor, José Luis Ábalos. Según una información que publica El Confidencial, Cerdán se habría beneficiado de contratos de obra pública amañados por el gobierno de Navarra que preside la dirigente socialista María Chivite, a través de una constructora de la cual era propietario del 45% de las acciones. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha localizado un documento que demuestra que el beneficio obtenido por Cerdán con la adjudicación fraudulenta de obra pública iba más allá del caso Koldo.
Una escritura reveladora
El Confidencial ha tenido acceso a las actas de los registros, en los que consta la escritura que demuestra que el administrador de la constructora Servinabar 2000 SL, Joseba Antxón Alonso Egurola, transmitió a Santos Cerdán el 1 de junio de 2016 al menos 1.350 participaciones sociales de las 3.000 que constituyen en total esta sociedad. El documento, que nunca había trascendido, apareció en una habitación del domicilio particular de Alonso, situado en la localidad vizcaína de Elorrio. La sede social de Servinabar 2000 SL en Pamplona también fue registrada por la UCO el pasado 10 de junio. Este documento demostraría que Cerdán poseía el 45% de las acciones de Servinabar 2000 SL cuando, formando una UTE con Acciona, se llevó adjudicaciones públicas del Ejecutivo de Chivite.
Licitación irregular de los túneles de Belate
Según el informe de la UCO, al que ha tenido acceso El Confidencial, se menciona el proyecto de Mina Muga, una explotación minera de potasa paralizada por la Justicia. La constructora controlada en la sombra por el número 3 de Ferraz, sin embargo, ganó un concurso más suculento en enero de 2024. Contra todo pronóstico, Servinabar 2000 SL y Acciona, al lado de una tercera compañía, se adjudicaron el proyecto para duplicar los túneles de Belate, en el norte de la comunidad foral. Hasta entonces, Servinabar SL no había participado en la construcción de una infraestructura de esta envergadura. Según la información, el encargo para esta construcción ascendía a 62,8 millones de euros y fue tramitado por la consejería de Cohesión Territorial de Navarra que encabeza el también socialista Óscar Chivite, tío segundo de la presidenta autonómica. La licitación contó con la opinión en contra del interventor del Gobierno regional, que advirtió de graves irregularidades, y el principal partido de la oposición, Unión del Pueblo Navarro (UPN), que denunció el concurso delante de la Fiscalía. Según la información, solo un mes después fue detenido Koldo García en la primera fase de la operación Delorme, conocida como caso Koldo, centrada en la adjudicación de contratos públicos para la compra de máscaras durante la pandemia de COVID-19, en los cuales se investiga el cobro de comisiones ilegales y otros delitos como organización criminal, tráfico de influencias y soborno. Entre los principales implicados figura Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos.
Conexiones con Ábalos y Koldo
La UCO ya ha acreditado que la constructora Servinabar 2000 SL efectuó en 2018 una transferencia de 4.500 euros a Fiadelso, una supuesta ONG de ayuda al Tercer Mundo controlada por José Luis Ábalos y su familia. Asimismo, la UTE que formaron Servinabar 2000 SL y Acciona para Mina Muga realizó transferencias por valor de 360.165 euros a Noran Cooperativa, una mercantil en la cual figuraban como socios Joseba Antxón Alonso y Koldo García. Los investigadores sospechan que este último ejerció de testaferro de Cerdán hasta que el PSOE llegó a la Moncloa en junio de 2018. A partir de este momento, Koldo se convirtió en la mano derecha de Ábalos, aunque nunca rompió su relación con el último secretario de Organización del PSOE. La UCO sospechaba que Cerdán podía tener algún tipo de vinculación con Servinabar 2000 SL. "Santos tenía poder de decisión sobre las sociedades Servinabar y Noran Coop para aspectos tan relevantes como la ejecución de pagos, suministro de otros servicios y bienes a cargo de las sociedades como vehículos y teléfonos e incluso el alquiler de una vivienda en Madrid," expusieron los agentes en su informe.