CDC no acatará una posible sentencia de inhabilitación contra Artur Mas por poner las urnas en el proceso participativo del 9N de 2014. Así lo ha asegurado esta formación después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya citado a declarar como imputados al presidente en funciones, la consellera Irene Rigau y la exvicepresidenta Joana Ortega, cuando todavía no han pasado ni 48 de las elecciones catalanas.
El gobierno conoció la citación de Mas durante la reunión semanal en el Palau de la Generalitat. La noticia llegó a través de los medios de comunicación. En la rueda de prensa posterior a la reunión, la vicepresidenta Neus Munté denunció que desde el Estado se está promoviendo un “juicio político” contra Mas y que eso constituye una “anomalía democrática”.
Las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, asegurando que la citación no se ha producido antes para no interferir a las elecciones catalanas no ha hecho más que aumentar las sospechas de politización de la justicia.
Según la providencia del magistrado Joan Manel Abril, Mas tendrá que declarar el día 15 de octubre mientras que Rigau y Ortega han sido citadas para el día 13. Los tres tendrán que responder por los delitos de prevaricación, desobediencia, malversación y usurpación por la celebración del proceso participativo del 9N. Una sentencia condenatoria podría comportar penas de inhabilitación y prisión.
No obstante, el coordinador general de CDC, Josep Rull, ha advertido en declaraciones al programa El Oracle de Catalunya Ràdio que en caso de una sentencia en este sentido “este país no sólo tiene el derecho sino la obligación de incumplir esta inhabilitación”.
El precedente Rigau
No sería la primera vez que desde el gobierno catalán se estudia la posibilidad de desobedecer una inhabilitación judicial. El año 2011 en el pulso de la consellera de Ensenyament, Irene Rigau, con el Tribunal Supremo en torno a la inmersión lingüística ya se estudió.En aquella ocasión, se concluyó que en caso de que se produjera la condena, Rigau podría seguir dirigiendo Ensenyament pero como asesora del gobierno, mientras que las competencias de la conselleria serían formalmente asignadas a Presidencia y sería el presidente quien se encargaría de firmar las decisiones. Esta maniobra habría tenido que permitir que Ensenyament siguiera manteniendo sus gestiones dentro de la legalidad.
El anuncio de la citación de Mas, que tendrá que declarar el mismo día en que se conmemora el 75º aniversario del fusilamiento de Lluís Companys, ha provocado una auténtica tormenta en las redes sociales. En Twitter la etiqueta totsambelpresident ha sido trending topic durante todo el día. La noche del lunes se dejaron oir algunas caceroladas de protesta en Barcelona.
La misma providencia cita a declarar a cinco testigos más el 19 de octubre.
El resto de la información del día sobre el caso está recogida en el Directo.