El Govern advierte que no tiene intención de aflojar la presión contra el ejecutivo de Pedro Sánchez por el escándalo del CatalanGate. La Generalitat insiste en reclamar explicaciones, que se haga pública toda la información sobre el caso y que se asuman responsabilidades. Además, la portavoz, Patrícia Plaja, ha reiterado durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu la petición del presidente Pere Aragonès de celebrar un encuentro con el presidente español, Pedro Sánchez. "Ahora les toca mover ficha, empezando por esta reunión entre presidentes que venimos reclamando desde hace días", ha advertido la portavoz que ha insistido que la cuestión es cuándo se encontraran los presidentes porque el encuentro no podrán evitarlo.
De hecho, Sánchez estará el viernes en Barcelona para participar en las jornadas del Círculo de Economía, donde también estará presente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. No obstante, más allá que los dos políticos puedan coincidir en aquella convocatoria, el Govern reclama "un espacio propio y en calma", porque el contexto no tiene que ser una simple fotografía. "Esta reunión se tiene que celebrar lo antes posible. Cómo explica Sánchez que viaja a Catalunya y se marcha sin dar explicaciones sobre el CatalanGate. ¿Vendrá a Catalunya y se marchará sin dar ningún tipo de explicaciones?", se ha preguntado Plaja, que ha admitido que las relaciones con el Gobierno, que ya eran difíciles, han quedado ahora muy estropeadas.
Asumir responsabilidades
A lo largo de la rueda de prensa, Plaja ha que insistido en denunciar que el ejecutivo español está demorando una inevitable e inaplazable asunción de responsabilidades y ha exigido "certezas", respuestas y "decisiones sensatas". Ha insistido en reclamar una comisión de investigación en el Congreso, rigurosa e independientes y con celeridad; y la reforma de la ley secreto oficiales -"una ley franquista", ha insistido-, y que se asuman responsabilidades por la acción u omisión. En este sentido, ha recordado de manera implícita que en 1995, el vicepresidente Narcís Serra y el ministro de Defensa Julián García Vargas tuvieron que dimitir por un escándalo de espionaje, y ha advertido que este tipo de escándalos comportan consecuencias y "el CatalanGate no es una excepción".
La portavoz ha insistido que, dieciséis días después de estallar el escándalo del espionaje contra el independentismo, continúan "las mismas preguntas encima de la mesa", que "las pocas respuestas que se han obtenido por parte del Gobierno son del todo menos convincentes". Eso demuestra, en opinión del ejecutivo catalán, que o bien el Gobierno conocía el espionaje al independentismo y tiene muy poco interés en desclasificar la información, o bien no ha considerado conveniente investigar con urgencia qué ha pasado "porque los catalanes independentistas no son considerados ciudadanos con los mismos derechos".
Acusación popular
El Govern, aparte de las acciones jurídicas que anunció la pasada semana que se están estudiando, ha aprobado hoy que la Generalitat se persone como acusación popular en todos procedimientos relacionados con este caso. Entre estos procedimiento no se descarta personarse en el caso abierto en la Audiencia Nacional por las escuchas a Sánchez y Robles.
Según la portavoz, esta es una obligación estatutaria, porque los gobierno de Catalunya tienen que promover el pleno ejercicio de la libertad y los derechos de la ciudadanía. "Los poderes públicos tienen que fomentar que las tecnologías de la información se pongan al servicio de las personas y no atenten contra sus derechos", ha advertido.
La portavoz ha evitado especular sobre la responsabilidad del espionaje que habría sufrido Sánchez i Robles y ha insistido en que el Govern no quiere hipótesis ni conjeturas sino certezas y respuestas, por lo cual ha insistido en que la comisión de investigación en el Congreso es la mejor alternativa posible por conocer la cual ha pasado.