La situación de la lengua catalana es compleja. Más allá de algunas briznas de esperanza, la realidad es que el uso social del catalán ha bajado, especialmente entre los jóvenes. El panorama también es especialmente difícil en algunos contextos, como el de la justicia. En estos momentos, solo entre el 5% y el 10% de la actividad judicial en Catalunya se desarrolla en catalán, a pesar de que esta es lengua oficial en el país y la ciudadanía tiene derecho a emplearla en los procedimientos judiciales. Por ello, desde el Consell de l'Advocacia Catalana, que este martes ha participado en la jornada Revitalizar el uso de lenguas regionales o minoritarias en la vida pública, su presidente Rogeli Montoliu ha expuesto los retos pendientes en el ámbito de la justicia: "Somos muy conscientes de que los derechos lingüísticos son derechos fundamentales que hay que garantizar porque poder utilizar la lengua materna contribuye al acceso a la justicia con todos los derechos y garantías", ha expresado Montoliu en este acto en Estrasburgo.
Tal como ha recordado Montoliu en su exposición, si bien la normativa reconoce la validez jurídica de la documentación en catalán, el derecho de la ciudadanía a elegir la lengua en que quiere intervenir en un procedimiento y recibir las notificaciones, y la posibilidad de recurrir a traductores para garantizar su comprensión, al mismo tiempo jueces y personal no están obligados a conocer el catalán. "Una persona puede expresarse en catalán ante un tribunal, pero no tiene garantizado que el juez la entienda directamente en esta lengua. En muchos casos, las intervenciones y la documentación tienen que pasar por traducciones y el procedimiento, a menudo, acaba desarrollándose mayoritariamente en castellano", lamentan desde el Consell de l'Advocacia Catalana.
Una realidad que choca en los juzgados
En este contexto, Montoliu ha defendido que su organización considera "muy importante que pueda entender directamente a las partes en la lengua catalana, como lengua oficial que es", ha remarcado Montoliu, que ha puesto datos de contexto como que el 93,4% de la población la entiende, pero solo el 32,6% declara que es su lengua habitual. "Esta realidad sociolingüística contrasta con su escasa presencia en el ámbito judicial", lamentan.
En esta charla en el Consejo de Europa, Montoliu ha explicado iniciativas como el programa de fomento del catalán en el turno de oficio, que incluye incentivos económicos para los profesionales con el objetivo de romper la inercia que les lleva a emplear, automáticamente, el castellano. Según ha explicado, en cinco años se han inscrito más de un millar de profesionales y se han duplicado las actuaciones en catalán. También se ha puesto sobre la mesa el Compendium.cat, un portal impulsado por la organización con recursos gratuitos para trabajar en catalán.
