El diputado y vicepresidente de Junts Antoni Castellà ha acusado este miércoles al PSOE de haber roto deliberadamente el martes un acuerdo con Junts sobre un decreto de vivienda porque no le interesaba aprobarlo antes de convocar las elecciones generales del 29 de noviembre. "Cuando vieron que tenían decreto y lo podíamos votar, se lo cargaron porque no les interesaba tener un decreto. Les interesaba convocar elecciones y eso es inmoral", ha denunciado Castellà en el debate con la consellera de Economía, Alícia Romero.
Castellà ha asegurado que Junts había alcanzado el martes un acuerdo con el PSOE sobre un decreto que, según ha defendido, contenía medidas que mejoraban las condiciones de acceso a la vivienda. El diputado ha situado este episodio en el centro de su crítica a Pedro Sánchez, a quien ha acusado de haber priorizado la convocatoria electoral por delante de los acuerdos que tenía sobre la mesa con los grupos catalanes. La acusación llega después de que Junts decidiera votar en contra de los dos decretos de vivienda del Gobierno. El partido de Carles Puigdemont ha defendido que los textos no incorporaban sus demandas y ha mantenido una posición crítica con el ejecutivo de Sánchez. Castellà ha querido dejar claro, sin embargo, que su partido no se sitúa en ninguno de los bloques ideológicos que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha planteado en los últimos días. "El president de la Generalitat interpelaba a Junts preguntando si estábamos en el bloque de la derecha y la extrema derecha o la izquierda o la extrema izquierda. Pues le contesto: Junts está en el bloque Catalunya", ha afirmado.
En este sentido, Castellà ha reprochado a Illa que durante la sesión de control pareciera "más el director de campaña de Pedro Sánchez" que el president de la Generalitat. Y ha reclamado al Govern que aproveche el final de la legislatura española para exigir a Sánchez medidas que afecten directamente a Catalunya. "Si se sitúa en el bloque de Catalunya, espero que el próximo martes en el Consejo de Ministros veremos decretos para anular el FLA, por la defensa de la financiación y la falta de inversiones", ha ironizado. "Creo que no lo veremos porque al PSOE le importa un pimiento Catalunya", ha añadido.
Romero niega que fuera premeditado
Romero ha rechazado las acusaciones de Castellà y ha negado que el final de la legislatura y la convocatoria de elecciones respondieran a una operación premeditada para impedir la aprobación de los decretos. "No podíamos prever el error de Junts. No puede decir que esto estaba premeditado. Hay cosas que no se pueden decir", ha replicado la consellera. La titular de Economía ha aprovechado el debate para responsabilizar a Junts de sus votos en el Congreso contra diversas medidas del Gobierno. Romero ha enumerado el rechazo a la reducción de la jornada laboral, a la moratoria antidesahucios, al escudo contra los cortes de agua, gas y luz, al gravamen contra las empresas energéticas, al Consorcio de Inversiones y, finalmente, a los decretos de vivienda. "Tienen que decidir dónde quieren estar", ha concluido Romero.
La consellera también ha reivindicado la política del Govern de Illa y ha defendido que el ejecutivo catalán ha estado "defendiendo Catalunya desde el pragmatismo". En este sentido, ha recordado que hacía 13 años que no se convocaban reuniones bilaterales entre la Generalitat y el Estado y ha puesto como ejemplos los compromisos para llegar a los 25.000 Mossos d'Esquadra, la incorporación de jueces y los 8.000 millones de euros vinculados al plan de Rodalies.
El final de la legislatura deja en el aire los grandes acuerdos con Catalunya
El debate entre Castellà y Romero llega en un momento especialmente delicado para los acuerdos que el Gobierno había alcanzado con ERC y Junts durante esta legislatura. La disolución del Congreso deja en suspenso diversas de las principales reivindicaciones catalanas. Una de las carpetas más importantes es la del nuevo modelo de financiación. El Govern de Illa ha defendido una propuesta que comportaría 4.700 millones de euros adicionales para Catalunya y que recibió el apoyo de la Generalitat en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La propuesta, sin embargo, no ha sido aprobada por el Consejo de Ministros y, por lo tanto, no ha llegado al Congreso antes de la disolución de las Cortes.
También decaerá la tramitación de la condonación del 22% de la deuda del FLA, que para Catalunya representaba 17.104 millones de euros. El proyecto había superado el primer obstáculo en el Congreso, pero no podrá completar su tramitación antes de la convocatoria electoral. En inmigración, la proposición de ley pactada entre el PSOE y Junts para delegar competencias a la Generalitat tampoco ha prosperado. La primera versión fue rechazada por el Congreso y Junts volvió a registrar el texto este verano, sin que llegara a ser debatido.
En Rodalies, el Govern de Illa sí que ha avanzado en la constitución de la nueva empresa Rodalies Catalunya, que está previsto que gestione el servicio a partir de 2027, pero todavía quedan pendientes aspectos importantes del traspaso, como la R1 y el contrato programa. Y también continúa sin concretarse la oficialidad del catalán en la Unión Europea, uno de los compromisos que Pedro Sánchez asumió con Junts para conseguir su investidura.