La Audiencia de Barcelona ha archivado la causa contra los alcaldes de la Associació Catalana de Municipis. El tribunal alega vulneración de los derechos fundamentales de los investigados y da un rapapolvo al juez de instrucción 16 que llevó el caso y al fiscal.

La resolución de archivo afirma que la tramitación provocó indefensión de los investigados y vulneración de su derecho a la intimidad: "De todo lo expuesto se desprende que las Diligencias de Investigación tramitadas por el ministerio fiscal infringieron principios esenciales expresamente recogidos en su estatuto como el principio de defensa y el principio de contradicción". "Además el ministerio fiscal accedió a información —protegida por el derecho fundamental a la intimidad— prácticamente sin dictar ninguna resolución en que se justificara la necesidad de obtenerla y originó de esta manera una efectiva indefensión a las personas que investigaba", remarcan en el auto los magistrados de la Audiencia Nacional.

Los 9 acusados fueron procesados por malversación y fraude al ser admitida la querella del ministerio público por irregularidades en la Asociación Catalana de Municipios. El caso gira entorno a una presunta financiación ilegal en el procés a través de la ACM y la agencia de viajes Alemany por los viajes a Waterloo.

 

 

 

El 22 de diciembre de 2017 se inicia la investigación a partir de una denuncia anónima a los Mossos. En paralelo había, también, una operación de la UDEF y la policía española para la Fiscalía. Se investigaba el presunto desvío de fondos al procés independentista a través de la ACM. Una especie de financiación encubierta del procés independentista y a los exiliados. Para armar la querella se solicitó información confidencial a la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social. Durante el año que duró la investigación no se informó a los acusados ni se los interrogó.

Según la resolución judicial, "concurren todos los requisitos para declarar la nulidad de la prueba y para asegurar que esta vulneración ha tenido un efecto directo en la querella y el auto del juez instructor que la admitió a trámite". Y alertan al juez instructor que no hubiera tenido que admitir a trámite la querella.

La Audiencia de Barcelona es especialmente dura con el juez de instrucción 16 de Barcelona, a quien acusa de sacar adelante una "investigación claramente prospectiva", que intentara tapar la falta de indicios contra los acusados y que no supervisara ni controlara a la policía española mientras hacía su investigación.

Los viajes a Waterloo

La Asociación Catalana de Municipios se ha significado en los últimos años para dar apoyo a la estrategia política de los líderes del procés independentista y organizar viajes de apoyo al presidente Carles Puigdemont. Este tipo de viajes ya se investigaron a lo largo de los últimos dos años por parte de la Fiscalía.

En septiembre del 2018, la Fiscalía Superior de Catalunya archivó unas diligencias de investigación por un acto de 167 alcaldes catalanes en Bruselas (Bélgica) con el presidente en el exilio, Carles Puigdemont, celebrado el 7 de noviembre del 2017.

El fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio afirmó que no había indicios de que los gastos del viaje, estancia y alquiler del local que acogió el acto de los alcaldes "procedieran, ni en todo ni en parte, de fondos públicos de sus respectivos consistorios".

El viaje y el acto fueron organizados por la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y la ACM, con un coste de 63.870 euros y 13.322, respectivamente, según ha indicado la ACM al ministerio público.

Estudian acciones legales

Los ex presidentes de la ACM Miquel Buch  y David Saldoni de Tena y el ex secretario de la asociación Marc Pifarré han emitido esta tarde un comunicado celebrando la decisión judicial. "Ni nosotros, ni nuestros compañeros ya no estamos investigados y, personalmente, estamos contentos a la vez que tranquilos", explican.

Con todo, ponen el foco en la vulneración de derechos que reconocida en la sentencia y señalan el episodio de "persecución política" que han vivido. "El auto reconoce que la investigación de la fiscalía se llevó a cabo con infracción de nuestro derecho a defensa y del principio de contradicción. Si la hubiéramos podido ejercer, esta querella nunca debió ser admitida a trámite", señalan. En este contexto, estudian emprender acciones legales ante "la arbitrariedad y la mala praxis" con la que consideran que han actuado fiscalía y juzgado.

 

Imagen principal: sede de la audiencia provincial en Barcelona / Foto: Europa Press.