La Comisión Europea ha vuelto a poner a España bajo el foco por su respuesta ante la corrupción. En su informe anual sobre el Estado de derecho, publicado este viernes, Bruselas considera que los avances de los últimos meses son insuficientes y reclama al Gobierno español acelerar las reformas para perseguir con más eficacia la corrupción de alto nivel, reforzar las normas sobre conflictos de interés de los altos cargos y blindar la independencia de la Fiscalía. La evaluación no abre nuevos expedientes contra España ni comporta sanciones, pero sí representa un nuevo toque de atención de las instituciones europeas. Muchas de las recomendaciones ya aparecían en informes anteriores porque, según Bruselas, continúan sin materializarse. A pesar de reconocer algunos avances legislativos, la Comisión concluye que España continúa teniendo deberes pendientes en materia de transparencia, independencia institucional y lucha efectiva contra la corrupción, e insta al Gobierno a acelerar unas reformas que reclama desde hace varios años.
La corrupción continúa siendo una preocupación
La Comisión reconoce que se han dado algunos pasos, como la aprobación del Plan Estatal Anticorrupción o diversas reformas legislativas destinadas a agilizar los procedimientos judiciales. Sin embargo, considera que estas iniciativas todavía no se han traducido en una mejora real. "La aplicación práctica de las normas existentes no ha mejorado", señala el informe, que advierte que los grandes casos de corrupción continúan enfrentándose a procesos judiciales muy largos, recursos complejos, falta de medios, dificultades en la cooperación internacional y ausencia de órganos judiciales especializados. Por este motivo, Bruselas insta a España a acelerar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para reducir los plazos de las investigaciones y de los juicios por corrupción.
Los datos que recoge la misma Comisión evidencian también una elevada desconfianza ciudadana. El 92% de los españoles considera que la corrupción está extendida en el país, muy por encima de la media europea, situada en el 71%. Entre las empresas, el 85% comparte esta percepción y un 62% considera que la corrupción dificulta hacer negocios.
Conflictos de interés y puertas giratorias
Otro de los puntos donde Bruselas detecta pocos avances es la prevención de los conflictos de interés de los altos cargos. El informe reclama reforzar las obligaciones de declaración patrimonial y dotar de mayor independencia y capacidad sancionadora a la Oficina de Conflictos de Intereses, ya que considera que, en la actualidad, dispone de herramientas limitadas para controlar posibles irregularidades relacionadas con las puertas giratorias o el patrimonio de los responsables públicos. La Comisión también insiste en que España sigue teniendo pendiente aprobar una regulación más estricta de los grupos de presión, con un registro público obligatorio de lobistas, una reforma que todavía se encuentra bloqueada en el Congreso.
Aviso por los ataques a los jueces
El informe dedica un apartado específico a las tensiones entre la política y la judicatura. Por tercer año consecutivo, Bruselas recoge la preocupación expresada por el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, asociaciones judiciales y otras instituciones por los ataques públicos dirigidos contra jueces concretos. La Comisión se hace eco tanto de las críticas a resoluciones judiciales como de las acusaciones de lawfare formuladas desde el ámbito político y recuerda que, aunque la crítica a las decisiones judiciales forma parte del debate democrático, los gobiernos y los parlamentos deben evitar manifestaciones que puedan debilitar la independencia judicial o erosionar la confianza de los ciudadanos en la justicia. Bruselas subraya que todos los poderes del Estado deben actuar con respeto institucional mutuo para garantizar el buen funcionamiento de las instituciones democráticas.
Las reformas pendientes del CGPJ y la Fiscalía
La Comisión Europea también insiste en que España todavía no ha culminado reformas que considera prioritarias. Entre ellas, vuelve a reclamar que se modifique el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que se ajuste a los estándares europeos y a las recomendaciones de la Comisión de Venecia, que defiende que al menos una parte significativa de sus miembros sea elegida por los propios jueces. También pide culminar la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal para que el mandato del fiscal general del Estado quede desvinculado del ciclo político del Govern y se refuerce así su autonomía institucional.
También alerta sobre RTVE
El informe incorpora igualmente las preocupaciones trasladadas por profesionales de los medios públicos sobre la reforma de RTVE aprobada en 2024. Bruselas señala que diversas organizaciones periodísticas han denunciado un deterioro de los estándares profesionales y un posible incremento de la influencia política en los informativos después de los cambios en el sistema de gobernanza de la corporación. También recoge que los consejos de los informativos de TVE y RNE advirtieron este año de una pérdida de calidad profesional y de una disminución de la confianza ciudadana en los medios públicos.