El abogado Gonzalo Boye ha respondido a su procesamiento en un supuesto caso de blanqueo de capital no sólo reiterando, de nuevo, todas las pruebas con que rechaza la veracidad de las acusaciones que se plantean contra él, sino también denunciando con contundencia falta de imparcialidad de la jueza encargada de la instrucción, María Tardón. La defensa del abogado ha presentado un recurso de apelación, reclamando el sobreseimiento y archivo de la causa, en que denuncia "enemistad manifiesta" de la juez y señala las vinculaciones de ésta con el PP, además de recordar que Boye no solo lidera la defensa de Carles Puigdemont sinó que también participa como acusación en piezas separadas del caso Gürtel.

El caso tiene el origen en la intervención en el 2017 en el aeropuerto de Barajas de un millón de euros a otro de los procesados, Manuel González Rubio. Tardón vincula este dinero al narcotráfico, asegura que era propiedad de José Ramón Prado, conocido como Sito Miñanco, y acusa a Boye de intervenir en la confección de contratos falsos para recuperarlo.

Desmentir las acusaciones

El abogado niega las acusaciones que le implican en el caso y rebate los testimonios contra él con pruebas documentales de la propia investigación, con conversaciones intervenidas —algunas de las cuales no habían sido transcritas en el sumario— o con los geolocalizadores de los teléfonos intervenidos a los acusados, que demuestran que las reuniones en que se supone que habría participado Boye no se pudieron producir, entre otras razones, porque sus protagonistas estaban en aquel momento en países diferentes.

Boye denuncia que no se haya atendido al escrito que presentó demostrando estos hechos y que se mantenga la acusación contra él de confeccionar los contratos cuando en los registros policiales que se hicieron en su casa y en su despacho no se encontró ninguna prueba documental que lo apoye.

De todo ello hace responsable a la jueza Tardón. Denuncia que se ha vulnerado el derecho a un juez imparcial predeterminado por ley, porque su caso se sigue en la Audiencia Nacional, que no es competente para investigar los hechos que se le imputan de blanqueo de capitales, una vez se ha separado de la pieza principal de la causa. "Lo que aquí está en juego, en el fondo, es el derecho a un proceso con las debidas garantías", advierte.

 

La pena del banquillo de los acusados

El escrito denuncia falta de imparcialidad de la jueza Tardón, que en un plazo de dos años ha mantenido dos diferentes procedimientos contra Boye, "ambos por supuestas e inexistente falsedades, y en ambos se refleja un claro interés por llevarlo al banquillo de los acusados". Eso después de que durante 19 años de ejercicio de la profesión no había tenido ni una sola acusación de actuación ni siquiera irregular y ahora "de golpe" se encuentra en dos diferentes por supuestas falsedades y en ambos casos la misma magistrada instructora.

Para argumentar este interés, recuerda la actividad política en el pasado de la juez Tardón en el PP y su nombramiento como candidata a formar parte del Consejo General del Poder Judicial a instancias de los populares, además de destacar que Boye ejerce de acusación contra diferentes piezas separadas de la trama Gürtel.

"Esta más que próxima relación entre la instructora y este partido político claro está que afecta, como mínimo, a su apariencia de imparcialidad", advierte el texto hasta el punto de señalar que sólo esta falta de imparcialidad podría explicar las decisiones e imputaciones que se hacen contra Boye en este procedimiento. "Imputaciones insostenibles ante la falta de cualquier indicio racional de criminalidad y que, además, atentan a la más mínima y elemental lógica así como a las evidencias objetivas que obran en las actuaciones que desacreditan todo el relato incriminatorio", advierte.

Enemistad manifiesta

El texto, que advierte que cuestiones de vínculos personales tendrían que haber llevado a Tardón a abstenerse en el primer caso que presentó contra Boye, denuncia que "la falta de imparcialidad atraviesa el conjunto del procedimiento" en contra del abogado hasta el punto de señalar una suerte de "enemistad manifiesta" de la instructora.

Entre las razones que habrían llevado a esta hostilidad señala también el hecho de liderar la defensa de Carles Puigdemont y políticos independentistas. "Nada más interesante, desde una determinada postura política que dejar indefenso a quien, desde esta misma postura política, se ha definido como enemigo público y que no es otro que el Sr. Puigdemont y los miembros de su gobierno, los cuales defiende el letrado Sr. Boye y, al mismo tiempo, que acusa al PP, al cual la instructora se encuentra estrechamente unida", reprocha.

Vulneración de derechos

El recurso denuncia vulneración del derecho a la presunción de inocencia; del derecho al juez imparcial; del derecho de defensa por omisión de los indicios racionales de criminalidad en que se sustenta el auto de procesamiento; o inexistencia de los hechos objeto del procesamiento, como demuestran las pruebas periciales a partir de los móviles intervenidos.

"Absolutamente todo lo afirmado por los procesados Manuel Andrés Puentes Saavedra y Manuel González Rubio quedó desmentido objetivamente por la documentación que se aportó en el escrito presentado el 21 de enero del 2021", recuerda el texto, además de subrayar que gran parte del material que lo demuestra proviene del propio sumario.

Pruebas no transcritas

El texto subraya que el tribunal pudo contrastar las transcripciones de las conversaciones que aportó Boye que figuran en el sumario pero que habían quedado excluidas del texto. "Lo más sorprendente es que estas conversaciones se encontraran en el procedimiento, no transcritas por la fuerza actuante y se trata de conversaciones en las cuales no sólo importa lo que se dice sino lo que no se dice", afirma en referencia al hecho de que en ningún momento González Rubio diga que el dinero intervenido no fuera suyo y pertenceriera a un tercero. Y menos que fuera de Prado. "Eso es realmente relevante y se ha obviado a lo largo del procedimiento. Es inaudito", lamenta.

Por todo ello concluye que no existe ningún hecho punible, que la actividad de Boye se circunscribe a la propia de su despacho. "Pretender criminalizar el trabajo de un abogado, bien en función de a quién defiende o qué casos lleva es un ataque directo al derecho a la defensa tan preciado por cualquier sociedad democrática y estado de derecho", alerta.

Las acusaciones contra el abogado se basan en declaraciones de dos de los procesados en la causa, el mismo González Rubio, que derivó toda la responsabilidad del caso en el abogado, y de Manuel Puentes Saavedra, que habiendo pasado un año y siete meses en la prisión, consiguió la libertad provisional después de incriminar a Boye.

 

En la imagen principal, Gonzálo Boye en una imagen de archivo / Sergi Alcàzar

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