Nueva embestida de la defensa de Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Carles Puigdemont, ante el anuncio de la Audiencia Nacional de investigar el caso de Tsunami Democràtic como un delito de terrorismo y atribuyéndole, además, la muerte de un ciudadano francés que sufrió un ataque al corazón durante las protestas de octubre del 2019. La defensa de Alay, que dirige Gonzalo Boye, ha reclamado al juez de la Audiencia Manuel García Castellón copia de las diligencias que ha practicado para dar respuesta a la directiva de la UE 2017/541 relativa a la lucha contra el terrorismo, y que se activen los procedimientos de cooperación con los estados afectados y apoyo a las víctimas que indica esta directiva.
El lunes, García Castellón acordó que también investiga a Puigdemont en la causa de Tsunami Democràtic, abierta por el delito de terrorismo, junto a una decena de personas, entre las cuales la secretaría general de ERC, Marta Rovira, y el jefe de la oficina del president. Además, el juez pidió a la Guardia Civil que investigue la muerte durante la protesta en el aeropuerto de una persona de nacionalidad francesa. Ayer Alay reclamó acceso a la causa, de la cual, asegura, solo ha conseguido información a través de los medios de comunicación.
En este nuevo escrito la defensa de Alay pide que, en caso de que no se haya actuado tal como señala el derecho de la Unión, la Audiencia proceda, con carácter de urgencia, a activar los instrumentos de cooperación jurídicos establecidos entre los Estados miembros; que se ponga en conocimiento inmediato de las autoridades del Estado afectado, si no se ha cumplido este extremo; y que se pida a las autoridades de aquel país toda la documentación sobre si ha activado "algún mecanismo para considerar al muerto como víctima del terrorismo" y si se le ha aplicado alguna de las medidas previstas en la directiva.
Etiología terrorista de una cardiopatía
El escrito plantea si después de cuatro años el juzgado ha cumplido con sus obligaciones de acuerdo con la directiva europea, especialmente por lo que respecta a la atención a la familia de quien ahora se presenta como víctima de una "supuesta muerte de etiología terrorista", a pesar de puntualizar desconocer "desde cuándo el código penal o la directiva 2017/541 relativa a la lucha contra el terrorismo conceptúan como etiología terrorista una fatal cardiopatía".
"No puede existir un procedimiento por presunto delito de terrorismo en que además se vincule estos hechos con la muerte de una persona y que, al mismo tiempo no se hubiera cumplido, en más de cuatro años, el ya citado artículo 26 de la directiva que establece unas obligaciones estatales, pero que recaen en este instructor, respecto de una persona víctima de un delito de terrorismo", añade.
Por todo ello, el abogado reclama a la Audiencia copia de las diligencias practicadas para dar cumplimiento a la directiva europea sobre lucha contra el terrorismo; que en caso de que no se haya actuado en conformidad al derecho de la Unión se proceda con carácter de urgencia a cumplimentar con esta obligación; que se informe a las autoridades francesas "de la grave situación de incumplimiento en que habría incurrido este juzgado"; y que se recabe de las autoridades francesas toda la documentación que tengan con respecto a si este Estado activó "algún mecanismo para considerar al muerto como víctima del terrorismo".