El Ministerio de Derechos Sociales, que lidera Ione Belarra, reclama extender durante todo el año las medidas del decreto anticrisis ante los efectos de la guerra de Ucrania, cuya vigencia ahora se extiende hasta el mes de junio, y propone mejorar su contenido con más actuaciones, como una "drástica" reducción del transporte público con abonos mensuales de 10 euros, en la misma línea que Alemania. Además, también piden extender ese "escudo social" con la actualización inmediata de las pensiones no contributivas al IPC y ampliar el bono social eléctrico a otros dos millones de españoles.

Derechos Sociales remarca que el real decreto da respuesta a los efectos socioeconómicos de la guerra, fue aprobado el pasado mes de marzo y contiene una serie de "medidas ambiciosas" de corte económico y social para garantizar la protección de población vulnerable, entre las que destacan la subida del Ingreso Mínimo Vital, la limitación de la subida del alquiler al 2% o la limitación de despidos para empresas que reciban ayudas públicas o se acojan a medidas extraordinarias de protección al empleo. En este sentido, y ante la evolución de la inflación, aún en niveles elevados, defiende que este paquete de actuaciones debe prorrogarse, al menos, hasta el 31 de diciembre del 2022. 

Drástica bajada del precio del transporte

No obstante, el Ministerio que dirige Belarra ve necesario complementar este conjunto de medidas con otras tres propuestas adicionales e incorporarlas al actual real decreto para elevar la cobertura de la población más vulnerable ante los efectos de la subida de los precios energéticos. De estas propuestas destaca una considerable reducción de los precios del transporte público en todo el país, combinada con el descuento a los precios del carburante. En este sentido, demanda la creación de un fondo de ayuda a municipios y comunidades para facilitar el acceso a los medios de transporte públicos colectivos a un coste reducido, que a su vez supondría un ahorro de energía. Un fondo que, de forma análoga a la medida impulsada por Alemania, permitiría reducir el abono mensual hasta los 10 euros en todas las ciudades y autonomías.

La propuesta de Colau

A finales de marzo, y también poniendo a Alemania como ejemplo, Ada Colau ya proponía que las medidas para intentar contener el precio de la gasolina también se reprodujeran en el ámbito del transporte público. Concretamente, hablaba de una "rebaja importante" de la T-Usual, el título de transporte más utilizado. Esta, según la alcaldesa de la capital, debía comportar un descuento del 50% durante tres meses. Ya han pasado dos desde estas declaraciones y la rebaja no ha terminado llegando