Aumenta la presión judicial contra la regularización extraordinaria de migrantes. Después de proponer llevar la medida ante la justicia europea, el Tribunal Supremo ha admitido ahora a trámite el recurso planteado por la Junta de Castilla y León contra el real decreto, que se suma así a las peticiones hechas tanto por la País Valencià como por Aragón —las tres comunidades, encabezadas—. Ha sido la misma Junta quien este sábado ha informado de que su recurso cuestiona la "dimensión sin precedentes del proceso, la ruptura con los criterios históricos de regularización, la flexibilización de los requisitos de acreditación, la falta de participación de las comunidades autónomas y su compatibilidad con el marco europeo de control migratorio".
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha señalado que "existen motivos jurídicos sólidos y suficientemente fundados para cuestionar la legalidad de este real decreto, cuya dimensión y contenido justifican plenamente la interposición del recurso por parte de la Junta de Castilla y León". Cuestiona, por ejemplo, el "carácter exacerbado" del proceso extraordinario de regularización previsto por el real decreto, ya que supone unas "cifras sin precedentes en la historia de España". En este sentido, la Junta ha recordado que la previsión inicial del Gobierno situaba el número de beneficiarios potenciales alrededor del medio millón de personas, pero la cifra finalmente se ha elevado a más de 1,1 millones "sin que conste que se hayan analizado ni fundamentado sus naturales efectos". En este sentido, cabe recordar que Catalunya lidera la regularización con más de 257.000.
Aragón pide la suspensión cautelar
El recurso cuestiona también que este proceso no pida una acreditación de residencia efectiva y arraigo, junto con una actividad laboral efectiva en el Estado, hecho que, a parecer de la Junta, altera "de forma sustancial los principios que habían inspirado este tipo de procedimientos". Asimismo, el ejecutivo de Castilla y León considera que la norma supone "una flexibilización sin precedentes de los mecanismos de acreditación exigidos para acceder al proceso de regularización", y critica que el Gobierno no ha contado con las administraciones que "soportarán de forma directa el impacto derivado de un incremento de esta magnitud de la población". Finalmente, la Junta considera que el real decreto resulta "incompatible con el marco de compromisos asumidos por los estados miembros de la Unión Europea en materia de control de fronteras y política migratoria".
Por otra parte, con respecto a la propuesta del Supremo sobre presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Aragón se ha mostrado a favor y ha pedido tanto la suspensión cautelar de la regularización como la reversibilidad absoluta de las resoluciones favorables —que ya fue rechazada cuando la pidió la Comunidad de Madrid. La vicepresidenta y consejera de Justicia aragonesa, Mar Vaquero, y el director general de Servicios Jurídicos, Juan Pérez Mas, explicaron este viernes que la decisión del TJUE sobre si el procedimiento colisiona o no con el derecho comunitario puede tardar "meses", motivo por el cual son necesarias medidas cautelares: "Lo más sensato y prudente es que se paralice el procedimiento y la tramitación administrativa".
La Abogacía del Estado se opone al Supremo
"Sería necesario que, en caso de suspensión cautelar, la reversibilidad fuera absoluta", añadió Vaquero, con el objetivo de evitar más "inseguridad jurídica" porque, si no, "cada vez será mayor el número de personas que se encontrarán en esta situación de incertidumbre". "Lo que hace Aragón es frenar una incertidumbre para todas estas personas", ha continuado, concluyendo que Aragón siempre ha sido una comunidad "solidaria" que quiere "garantías jurídicas". Al respecto, recordamos que tanto el gobierno aragonés como el valenciano argumentaron que la regularización extraordinaria de migrantes colisionaba con la normativa comunitaria, y el Supremo preguntó el pasado martes a las partes si era necesario presentar una cuestión prejudicial al TJUE para que aclare si la medida choca o no con la legislación europea.
Mientras que Aragón ha respondido al Supremo que sí que hay que presentar esta cuestión prejudicial, la Abogacía del Estado se ha opuesto porque se trata de una "competencia nacional". En el escrito, destaca que la remisión prejudicial "se acerca más a la formulación de un dictamen consultivo sobre cuestiones generales o hipotéticas de una serie de escenarios futuros" que a la necesidad actual de saber si la regularización es compatible con el derecho de la UE. También añade que "a través de estas cuestiones parece someterse a la decisión del TJUE no solo la legalidad de su actuación, sino también el análisis de la oportunidad y forma de ejercicio soberano de las competencias nacionales propias de un Estado miembro como también las discrepancias políticas que otros estados miembros o grupos parlamentarios han podido manifestar". Además, añade que la normativa comunitaria "permite que (...) los estados miembros concedan un derecho de estancia, fundamentado en su derecho nacional y no en el de la Unión, a nacionales de terceros países que se encuentren en su territorio de manera irregular". "No se trata pues de un reconocimiento individualizado de este permiso sino de un régimen general a escala normativa para todos aquellos ciudadanos de terceros países que se encontraran en España en situación irregular debiendo reunir determinadas condiciones", concluye.