Cuando el 14 de febrero Mireia Boya, diputada y portavoz del grupo parlamentario de la CUP en aquel momento, fue a declarar como investigada en el Tribunal Supremo, sólo respondió a las preguntas del magistrado Pablo Llarena y a su abogado.
A lo largo de una hora, Boya expone todos los hechos desde la aprobación de las leyes del referéndum en el Parlament hasta el 1 de octubre. Y pone en el centro de su relato la falta de voluntad política del gobierno español de dialogar. Es una de las declaraciones donde más se puede ver la actuación ante los procesados de Pablo Llarena. Y en el caso de Boya, protagoniza un tú a tú, que deriva en un pique cuando la exdiputada de la CUP utiliza una frase del mismo juez para defender sus argumentos de por qué hacía falta un referéndum pactado.
"Hay una frase que dice que la cuestión de la identidad catalana y de la integridad del estado español no tiene respuesta judicial sino política, y esta frase es suya, señoría", dice Boya arrancando a Llarena un "fundamentalmente".
Boya reitera varias veces a lo largo de su declaración que el referéndum "se ha intentado hacerlo pactado por activa y por pasiva. Nunca ha habido una oferta de diálogo por parte del gobierno español. Está cerrado en banda". "Nosotros necesitamos una solución", concluye.
La exdiputada de la CUP habla del 27-O como una vía para llegar a la independencia después de los resultados del 1-O, aunque reconoce que "la realidad fue otra" y admite al juez que no se hizo efectiva, por una parte, por la imposición del 155 y, por la otra, porque no estaban preparadas las estructuras de estado.
Sobre la violencia que la fiscalía alega para mantener el delito de rebelión, Mireia Boya expone que se hicieron llamamientos en todo momento a la no violencia y que la única violencia que hubo fue la que aplicó la policía española el 1 de octubre.
Mireia Boya salió en libertad de su comparecencia en el Tribunal Supremo, pero con la prohibición de salir del país y procesada por un delito de desobediencia.