La Audiencia Nacional ha comenzado este miércoles el juicio contra 17 acusados de una pieza del caso 3% por supuestas irregularidades en adjudicaciones de organismos públicos de Catalunya a través de un cártel de empresas que pactaba los precios para asegurarse contratos de infraestructuras entre 2008 y 2015. Los principales acusados son Josep Lluís Quer y Josep Antoni Rosell, presidente y director general, respectivamente, de la empresa pública Gestió d'Infraestructures S.A.O. (GISA), después denominada Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, que concedió estos contratos. La Fiscalía Anticorrupción pide penas de entre los seis años y tres meses y los ocho años y nueve meses de prisión para los acusados por los delitos de organización criminal, fraude a las administraciones y prevaricación.
En la sesión, el tribunal ha resuelto que es competente para juzgar este procedimiento al asegurar que tiene "conexidad" con la causa del 3%, de la supuesta financiación ilegal de Convergència, que la Audiencia Nacional debe juzgar a partir del próximo febrero. Las defensas reclamaban que la Audiencia Nacional no era la competente, pero el tribunal ha hecho caso a la fiscal Anticorrupción, de que sí. El presidente del tribunal de la sección 2ª ha añadido que hay dos acusados, Quer y Rosell, que están en ambas piezas, y que tiene la competencia, a pesar de que en esta no existe la denuncia por financiación ilegal de partido. Los acusados declararán al final del juicio. El tribunal también ha rechazado que se hayan vulnerado derechos a los procesados y ha añadido que lo detallará en la sentencia.
Registros en la sede de Convergència
El primero en declarar ha sido un responsable de la Guardia Civil, que fue el coordinador de la investigación, y que ha recordado las fechas y hechos casi de memoria. Ha explicado que esta investigación surgió en 2015 al "registrar la sede de Convergència y encontrar en el despacho de Andreu Viloca tres anuncios de licitaciones de obra, no coherentes con su trabajo en el partido". El agente ha asegurado que Viloca, tesorero de CDC, era quien "decidía las adjudicaciones", que después ejecutaban Quer y Rosell. Viloca es acusado en el caso del 3%, pero no en este procedimiento.
En las cuestiones previas, Josep Riba, abogado de Joan Lluís Quer, ha asegurado que la Fiscalía y los investigadores han cometido "errores" en las fechas de su actuación. Antes del cargo público, Quer fue director general de Auding, una de las empresas acusadas de hacer un "pacto colusorio" para obtener adjudicaciones públicas. Paralelamente, Quer ya fue condenado a dos años de prisión por su gestión como gerente de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), cargo asumido antes de Infraestructures. La penalista Olga Arderiu, defensora de Rosell, ha pedido su dispensa del juicio hasta que tenga que declarar, como también han pedido otros acusados, y el tribunal lo ha aceptado. Riba y Arderiu piden la absolución para Quer y Rosell.
El grupo Núria Bofill
En su escrito de acusación provisional, la fiscal relata que unas compañías configuraron en torno a la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría Independientes de Catalunya (Asinca) "un cártel que denominaron 'Núria Bofill' para pactar los precios en los concursos licitados por ciertas administraciones y sociedades públicas y así "excluir a otros competidores". De connivencia con Josep Lluís Quer y Josep Antonio Rosell obtenían así "contratos más beneficiosos que los que habrían conseguido en condiciones de igualdad si cada mercantil hubiera preparado sus ofertas de forma totalmente independiente", sostiene la fiscal. Los líderes y dinamizadores del pacto eran los acusados Josep Narcís Arderiu y Tomás Blai, según la Fiscalía. La mayoría de los restantes acusados eran directivos de empresas de ingeniería.
El escrito del fiscal relaciona nueve expedientes de contrataciones públicas que se adjudicaron a través de esta actividad ilícita por un total de 5.585.325 euros. Eran contratos para proyectos de construcción y mejoras de carreteras en Sant Julià de Ramis, en el eje del Llobregat, la variante de Gandesa, desdoblamientos entre Sant Llorenç d'Hortons y Martorell y en Manresa. Además, contratos para la realización de un estudio de prolongación de la línea de los Ferrocarrils de la Generalitat Llobregat-Anoia para el tramo plaza de Espanya-Gracia, proyecto de construcción y dirección de obras del proyecto de prolongación de la línea ferroviaria en Sabadell y la extensión de líneas del metro de Barcelona.
La investigación también se impulsó con la denuncia de Iñaki Fraile y del contenido de cuatro maletas de Rosell. En la primera sesión, el responsable de la Guardia Civil ha interpretado diferentes correos de Núria Bofill y los pactos y directrices de los porcentajes a presentar en los concursos. El juicio continúa este jueves con el interrogatorio del coordinador de la Guardia Civil y otros testigos.
