Excepcional. La Audiencia de Barcelona ha ordenado la reapertura de la investigación penal por unos gastos públicos -realizadas por el Diplocat y que suman unos 58.000 euros- relacionados con la consulta del 9 de noviembre de 2014, seis años después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) condenara el presidente Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera de Ensenyament, Irene Rigau, a inhabilitación por el delito de desobediencia al Tribunal Constitucional (TC), y descartó el delito de malversación. Esta investigación se enmarca en la denuncia que presentó la Fiscalía en el 2019 contra una decena exresponsables del Govern, a quien acusa de los delitos de prevaricación y malversación de fondos para fomentar la promoción de la independencia de Catalunya en el exterior entre el 2012 en el 2017, a partir de un informe del Tribunal de Cuentas, que también tiene una causa paralela. Uno de ellos es el exconseller de Afders Exteriors, el republicano Raül Romeva, ya condenado por el Supremo por el 1-O.
Esta causa de Exteriores recayó en la titular del juzgado de instrucción 18 de Barcelona, que después de una investigación, archivó los gastos del 9-N. La magistrada Carmen García Martínez razonó que si el TSJC y el Tribunal Supremo habían descartado que por el 9-N existiera el delito de malversación (fue descartado por la Fiscalía porque el gasto fue hecho antes de la prohibición del TC), ahora, ocho años después, tampoco existe. La sección octava de la Audiencia de Barcelona, sin embargo, no lo considera así y ahora da la razón a la Fiscalía para reabrir la investigación, según una resolución a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat.
Vídeos y viajes
En concreto, la investigación reabierta son sobre dos partidas aprobadas por el entonces secretario general de Diplocat, Albert Royo. Una de las partidas, ahora bajo sospecha, es que Royo encargó 20 vídeos de promoción del 9-N, que suman 48.230 euros. El segundo gasto es de 10.000 euros para invitar a ocho parlamentarios europeos a visitar Catalunya por la consulta popular.
Gasto fraccionado y no prescrito
En la resolución, el tribunal -formado por los magistrados Mercedes Armas, María Mercedes Otero y José María Planchat, que es el ponente- dan la razón a la Fiscalía y hacen reabrir estos gastos atribuidos a Royo. Con respecto al encargo de los vídeos, el tribunal expone que la Fiscalía razona que su investigación "no se centra en la finalidad de promoción del 9-N", sino por supuestamente "haber eludido la normativa de la contratación pública" al haber fraccionado este gasto en cuatro contratos, entre mayo y septiembre de 2014, con distintas cantidades de 605 euros hasta 6.237 euros. En cuanto al segundo gasto, la Fiscalía sostiene que el pago del viaje se hizo en noviembre de 2014 y, por lo tanto, no está prescrita. El tribunal, sin mucho razonamiento, lo acepta y ha reabierto la investigación de estos dos gastos atribuidos a Royo.
La competencia de las causas del 1-O y Exteriores
En la causa de Exteriores, Royo tiene imputados otros cuatro gastos, básicamente subvenciones a la FOCIR. Su abogada, Judit Gené, ha defendido que la investigación de Exteriores se unifique con la causa del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, donde se ha procesado Royo por la organización del 1-O, con el fin de no perjudicarlo y juzgarlos dos veces por "hechos conexos".
Recientemente, la sección segunda de la Audiencia de Barcelona celebró una vista, donde Gené y otros abogados, como Ramón Setó, Andreu Van den Eynde y David Aineto se sumaron a denunciar la persecución doble de la Fiscalía, que puede implicar condenas más graves. El tribunal ahora tiene que resolver si unifica las dos causas en un juzgado o las mantiene separadas.