El ponente de la sentencia del Tribunal de Cuentas que ha confirmado y aumentado la pena de los condenados por el 9-N ha sido José Manuel Suárez Robledano, el mismo que, junto con la consejera de este órgano -y exministra del PP- Margarita Mariscal de Gante acordaron revocar la condena a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella por la venta de 18 promociones de viviendas protegidas a un fondo buitre.
Suárez Robledano forma parte del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP desde el 2012 y es el presidente de la Sección de Enjuiciamiento además de miembro de la Comisión de Gobierno del Tribunal.
En noviembre del 2018 el Tribunal condenó a Artur Mas, Francesc Homs, Joana Ortega y Irene Rigau a casi 5 millones de euros por los gastos de la Generalitat a la consulta del 9-N. Los afectados recurrieron la sentencia y la Sala de Justicia del Tribunal ha informado este viernes que ha acordado no sólo mantener las condenas impuestas sino añadir un "leve aumento", incluyendo otras partidas de gastos no previstos inicialmente que suman 41.831,95 euros más. La cantidad final que los cuatro tendrán que restituir solidariamente es de 4.988.620,11 euros.
Por su parte, Botella y los concejales de su equipo fueron condenados al pago solidario de casi 23 millones de euros para restituir el daño provocado por la venta de 18 promociones de viviendas privadas a la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid en el grupo societario Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone.
Sin embargo hace dos semanas, el Tribunal de Cuentas, con el voto de Suárez Robledano i Mariscal de Gante y el voto en contra de Felipe García, consejero a propuesta del PSOE, revocaron la condena.