Coincidiendo con el viaje del presidente español, Pedro Sánchez, a Marruecos, hoy se ha hecho oficial que Argelia subirá el gas a España, posibilidad que hace unos días apuntó la empresa argelina Sonatrach. La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha confirmado la información y ha expresado la esperanza del gobierno de Pedro Sánchez de que el incremento del precio sea "moderado". El presidente del grupo público argelino, Touffik Hakkar, anunció el viernes pasado que su país podría aplicar una subida de precio para el gas que vende a España, al contrario de lo que ha decidido para el resto de compradores europeos, después del alineamiento de Sánchez con Marruecos al dar apoyo al plan del país alauí para el Sáhara Occidental.

En declaraciones en TVE, Ribera ha intentado desvincular la intención de Sonatrach del conflicto del Sáhara, y ha indicado que la voluntad de subir los precios "viene desde octubre, porque entiende que los precios están muy por debajo de lo que se cotiza el gas en los mercados internacionales". Ha insistido que espera que el incremento sea "moderado". Según ha recordado, las negociaciones entre las compañías españolas y Sonatrach "acostumbran a durar mucho tiempo", pero confía en que los términos comerciales en que se fija el precio del gas se cierren "cuanto antes mejor". Sobre si la postura del Gobierno de Sánchez en relación con el Sáhara Occidental puede perjudicar el suministro de gas procedente de Argelia, la vicepresidenta tercera ha asegurado que para España es "fundamental" tener una "excelente relación" tanto con Marruecos como con Argelia y ha lamentado que entre estos dos países no exista una "relación fluida". "La relación con Argelia, que es un país fiable, que cumple sus compromisos, nos parece que está asegurada en este extremo del suministro de gas en las necesidades y en los términos que compra España desde hace mucho tiempo", ha añadido.

En este sentido, ha explicado que el mes de octubre pasado se inició la revisión de los precios del gas entre la empresa suministradora argelina Sonatrach y las energéticas españolas, una operación entre compañías que ha definido como "estrictamente comercial", pero "no entre gobiernos". "Alguna de nuestras compañías gasistas denunció unilateralmente los contratos de gas que tenía con algunas empresas industriales, lo que como gobierno no nos gustó, pero no podíamos intervenir. A partir de aquí empezó una nueva propuesta de precios de gas", se ha exculpado.