El juzgado de instrucción número 6 de Tarragona ha archivado la causa contra cinco independentistas por las protestas que se hicieron en la ciudad contra el Consejo de Ministros que se celebró el 21 de diciembre del 2018 en Barcelona. La jueza que se encargaba de la causa ha determinado que no salga adelante después de que la Fiscalía pidiera el sobreseimiento provisional de las actuaciones y que no hubiera otras acusaciones. En su escrito, el fiscal atribuía a uno de los investigados la coordinación de una manifestación que pasó por el centro de Tarragona y obligó a cortar la T-11 y la A-27, pero estimó que los hechos que hicieron abrir las diligencias "no son constitutivos de ninguna infracción".
En esta causa inicialmente también estaba investigada la actual diputada de la CUP Laia Estrada, pero por su condición el caso lo asumió el TSJC, que ya dictó el archivo el 9 de julio.
En un comunicado, diferentes colectivos de la izquierda independentista de Tarragona han celebrado la decisión judicial: "Este procedimiento que ahora se cierra demuestra una vez más cómo se utilizan los medios públicos, policiales y judiciales, en la persecución impúdica contra el independentismo", han señalado. Todos los medios para fustigar y cansar la militancia de base, para frenarla, para retenerla en casa atemorizada y lejos de la calle y de la respuesta popular. Sin embargo, a cada vez que golpean contra militantes de la izquierda independentista, como ha sido el caso, el golpe se les gira en contra. Más convencidas de que nunca, todas ellas continúan al pie del cañón, dispuestas a seguir avanzando, organizando y tramando lo que haga falta".
El 21 de diciembre del 2018, durante el Consejo de Ministros, hubo cortes en varias carreteras y concentraciones en varios puntos de Barcelona y cargas de los Mossos d'Esquadra en el perímetro de seguridad de la Llotja de Mar, donde se celebró la reunión del ejecutivo español. Las protestas acabaron con una manifestación en la cual participaron unas 80.000 personas. Hubo otras manifestaciones en Girona, l'Ampolla, Tarragona y Lleida.
De aquellas movilizaciones "se desprendieron atestados policiales que identificaban como supuestos organizadores de las marchas, por incomunicadas aunque totalmente lícitas y evidentemente incómodas al poder, a 6 conocidas militantes del independentismo popular", recuerda el comunicado. Entre estas está el caso de Laia Estrada, en ese momento concejala de la CUP en el consistorio tarraconense y actualmente diputada en el Parlament de Catalunya. "Los juzgados de Tarragona corrieron a incriminar a las 6 personas por desórdenes públicos, requiriéndolas para prestar declaración en diferentes ocasiones que fueron siendo desatendidas la mayoría a veces por parte de las encausadas", dicen en su escrito las fuerzas de la izquierda independentista. El caso de Laia Estrada se archivó el 9 de julio. La sala de lo civil y penal resolvió que los hechos investigados —retirar una valla de seguridad que impedía el paso de la manifestación hacia un edificio judicial— no suponían ningún delito, y por lo tanto no les podía investigar ni el TSJC ni el juzgado de Tarragona que abrió las diligencias. En su auto, el tribunal recordaba que la causa se inició hace más de dos años y medio y que desde entonces solo se ha aportado una minuta policial donde se decía que los Mossos habían identificado Estrado y otra persona como los responsables de retirar las vallas para que la manifestación de la izquierda independentista pudiera llegar hasta los juzgados de Tarragona. La Fiscalía ya pidió el archivo, y ahora el tribunal lo ha decretado.