La Assemblea Nacional Catalana (ANC) quiere que la huelga general del 11 de noviembre para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda tenga un marcado carácter independentista. La entidad ha hecho público un comunicado en el que apoya la movilización, pero pide que las personas que participen lo hagan desde espacios de movilización independentista. También reclama colgar senyeres y estelades en los balcones para denunciar, según argumenta, la "hipocresía de los partidos que sustentan el régimen monárquico del 78".
En su posicionamiento, la ANC considera que la emergencia residencial no es solo una cuestión de mercado, sino también de falta de soberanía política. "Queremos una vivienda digna, y solo la podremos garantizar con un estado propio", defiende la organización, que concluye que la solución a la crisis de la vivienda pasa "necesariamente por la independencia". La entidad comparte la indignación de las personas que saldrán a la calle el 11N, pero alerta de que la convocatoria, impulsada también por sindicatos "de obediencia española", llega a solo dieciocho días de las elecciones españolas del 29 de noviembre. En este sentido, advierte que la protesta corre el riesgo de ser capitalizada por los mismos partidos que han gobernado el Estado mientras la crisis se agravaba. Por ello, considera que la reivindicación se debe situar fuera del marco político español.
Las leyes catalanas de contención de los alquileres
Para justificar esta posición, la ANC repasa la evolución de las políticas de vivienda y responsabiliza al Estado de haber limitado la capacidad legislativa de Catalunya. El comunicado cifra en unas 500.000 viviendas el déficit de vivienda asequible en el país y sitúa parte del origen de los problemas del mercado del alquiler en el conocido como Decreto Boyer, aprobado en 1985 durante el primer gobierno socialista, que liberalizó los precios de los arrendamientos.
La organización recuerda que en diciembre de 2019 el PSOE y Unidas Podemos firmaron un acuerdo de gobierno que prometía frenar las subidas abusivas de los alquileres, pero que el Parlament ya había aprobado en septiembre de 2020 la Ley 11/2020, pionera en la contención de rentas. Según la ANC, la respuesta del Estado llegó a través del Tribunal Constitucional, después de que el PP recurriera la norma y de que el propio Gobierno también presentara un recurso. En 2022, el tribunal anuló su núcleo al considerar que la regulación correspondía al Estado.
El comunicado también carga contra la ley estatal de vivienda de mayo de 2023, que dejó fuera de los límites de precios los alquileres de temporada y de habitaciones. La ANC sostiene que esta grieta permitió que una parte importante de la oferta escapara de la regulación y señala que en Barcelona casi cuatro de cada diez pisos anunciados ya eran de temporada. En esta misma línea, recuerda que Catalunya aprobó la Ley 11/2025, que desde enero de 2026 extendió el tope a los contratos de temporada y de habitaciones, y denuncia que esta norma también ha sido llevada al Tribunal Constitucional.
Críticas a los decretos del Gobierno
La ANC también cuestiona que el Gobierno haya tardado casi siete años en aprobar decretos para prorrogar contratos de alquiler, regular los arrendamientos de temporada y detener desahucios. La entidad interpreta que estas medidas llegan con la legislatura agotada y plantea si responden a "simples intereses partidistas para preparar el terreno electoral".
La conclusión de la organización independentista es que, mientras el derecho a la vivienda de las familias catalanas dependa del Estado y de las resoluciones de un tribunal que, según denuncia, rechaza sistemáticamente las leyes catalanas, no se podrán garantizar soluciones estables. "Cada avance del Parlament de Catalunya será anulado, y cada promesa de Madrid, como siempre, quedará en nada", sentencia. Por este motivo, la ANC quiere que la huelga del 11 de noviembre sirva también para reivindicar la independencia como vía para afrontar la emergencia residencial. "¡Por una vivienda digna, independencia!", concluye el comunicado.