La organización humanitaria Amnistía Internacional (AY) concluye que, un año después de las revelaciones sobre el Proyecto Pegasus, sigue sin acordarse la suspensión global de la venta de programas espía, de manera que el sector de la vigilancia sigue operando sin control, como ha pasado el último año con ataques individuales a España. En un comunicado, la organización no gubernamental señala que este proyecto puso en evidencia como gobiernos de todo el mundo estaban utilizando el programa espía Pegasus, de la empresa NSO Group, para vigilar de manera ilegítima activistas de derechos humanos, líderes políticos, periodistas y profesionales del derecho.
Ineficaz respuesta
El pasado 26 de mayo, esta organización no gubernamental ya fue muy crítica con el gobierno de Pedro Sánchez tildando "de escándalo" el software espía Pegasus y que "ponía de manifiesto el riesgo de que los servicios de inteligencia actúen con total impunidad". Y ahora, denuncia la falta de acción y respuesta por evitar volver a vivir este tipo de episodios en materia de ciberseguridad, pero también de derecho a la privacidad de las personas en un país democrático. Amnistía Internacional destaca que "la vigilancia selectiva de defensores de los derechos humanos y de sociedad civil es un instrumento de represión". Así pues, en la actualidad, hay investigaciones abiertas y causas judiciales contra NSO Group pendientes de resolución en España, pero también en Francia, India, México y Polonia. En marzo, el Parlamento Europeo creó un comité para investigar el uso de Pegasus y otros programas de espionaje en la Unión Europea, que, de momento, ha quedado en papel mojado.
"Las personas atacadas tienen derecho a un recurso efectivo"
"Hay que oponerse a cualquier maniobra de NSO Group para modificar su modelo empresarial con la finalidad de eludir la rendición de cuentas. Todo el sector de la vigilancia ha quedado incapacitado y necesita una reforma urgente", afirma la directora adjunta de Amnesty Tech Danna Ingleton. Amnistía Internacional también subraya que, según el derecho internacional, los estados tienen la obligación no sólo de respetar los derechos humanos, sino también de protegerlos de abusos de terceros, incluidas las empresas privadas. También reivindica el derecho de estas víctimas a tomar medidas. "Toda persona que haya sido atacada con el programa espía de NSO Group tiene derecho a un recurso efectivo. La falta de medidas de calado por parte de los gobiernos de todo el mundo supone un insulto para los que han sufrido física o psicológicamente a causa de los ataques de este invasivo software". Así pues, en virtud del derecho internacional, los Estados tienen la obligación vinculante no sólo de respetar los derechos humanos, sino también de protegerlos ante abusos de terceros, incluidas las empresas privadas, añade Amnistía.