A un año de la celebración del referéndum del 1-O, Amnistía Internacional ha insistido en que la fiscal general del Estado obstruye la investigación de varios casos de uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de la policía española y la Guardia Civil cometidos durante el 1 de octubre de 2017 en Catalunya.

"Un año después, todavía queda mucho camino por recorrer en la investigación de los abusos policiales", ha asegurado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, que ha añadido que "los pasos positivos que se han dado siguen dependiendo de las víctimas y de los juzgados a cargo de las investigaciones, sin que la Fiscalía haya asumido el rol activo que le corresponde en la investigación".

La organización ya denunció, el pasado 10 de mayo de 2018 y por medio de un informe en el cual analizaba la rendición de cuentas por los casos de uso excesivo de la fuerza producidos durante el 1 de octubre, que la fiscalía, así como el ministerio del interior, encabezado en aquel momento por Juan Ignacio Zoido, obstruía la investigación de los abusos policiales, centrándose en tres casos, el de Roger Español, que perdió un ojo por disparo de pelota de goma de la policía -y que, además, ha sido imputado por su intervención durante el 1-O-; el de Alejandra Rayas -que fue agredida por un agente de la policía ante la Escuela Mediterrànea de Barcelona- y los hechos de Aiguaviva, donde la policía cargó con especial dureza.

En este informe, la organización analizó las investigaciones judiciales por los casos graves documentados por la organización, y formulaba recomendaciones en el Ministerio del Interior y al Ministerio Fiscal con el objetivo que se realizaran investigaciones efectivas sobre los casos de uso excesivo de la fuerza. La organización también pidió que se garantizara que las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía el día 1 de octubre recibían reparación inmediata y adecuada, incluyendo indemnización, sin que esta reparación dependiera de la condena penal de los agentes individuales implicados o del hecho de que las víctimas presentaran una demanda civil en los tribunales. De todo eso, a pocos días del primer aniversario, no se ha hecho casi nada.

Falta de impulso de la fiscalía

Amnistía Internacional ya ha mostrado su preocupación por la falta de impulso procesal por parte de la Fiscalía en relación con la investigación de otros casos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el pasado; y ahora observa con preocupación que esta pauta se repite también en relación al uso excesivo de la fuerza y uso inadecuado de material antidisturbios por parte de las fuerzas de seguridad el 1 de octubre. «Esta situación tiene que cambiar radicalmente. Si hay verdadera voluntad de aclarar los hechos, la Fiscalía tiene que asumir un rol activo en los procedimientos judiciales en curso».

Por otra parte, el Ministerio del Interior, en términos generales, está colaborando con los juzgados de instrucción, aunque falta aportar información relevante. "Es obligación del Ministerio del Interior mantener una colaboración firme con los tribunales encargados de investigar el uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de las fuerzas de seguridad el 1 de octubre, sin dilaciones indebidas y con todo el detalle disponible que permita la aclaración de los hechos", insiste Beltrán. Además, la organización sigue sin tener conocimiento que el Ministerio del Interior haya abierto investigaciones internas sobre estos hechos, cosa que tendría que hacer para determinar la responsabilidad institucional e identificar cuáles son las medidas disciplinarias, administrativas o de otro cariz|canto que se tienen que tomar para garantizar que estas violaciones de derechos humanos no se repitan.

"Cualquier operativo policial de control de manifestaciones en el cual se haya recurrido a la fuerza tiene que ser objeto de revisión, tanto mediante investigaciones judiciales, cuando se hayan producido actos de violencia o personas hayan resultado heridas, como internas, con el objetivo de establecer la responsabilidad tanto de los agentes que han participado como de los diferentes niveles de la estructura de mando", recuerda a Beltrán.

De otra banda,el juzgado de instrucción encargado de la investigación de los operativos desplegados en Barcelona el 1-O ha archivado un número importante de denuncias. En algunos de estos casos, las investigaciones se han cerrado por la falta de material audiovisual, lo cual, a juicio del juez, impedía valorar la actuación policial o identificar a los agentes responsables. En otros casos, y a pesar de reconocerse la existencia de hechos posiblemente constitutivos de uso excesivo de la fuerza, se han cerrado por la imposibilidad de identificar los agentes. Finalmente, algunas denuncias han sido archivadas para considerar al juez que el uso de la fuerza había sido proporcionado.