Los alcaldes de la CUP de Celrà, Verges, Mieres y Viladamat han recibido hoy una solicitud de información sobre la apertura del consistorio en la festividad del 12 de octubre. Dani Cornellà, Ignasi Sabater, Enric Domènech y Robert Sabater, respectivamente, consideran "absurda" la petición y, según informa el partido en un comunicado, ignorarán la misiva.
Los alcaldes de estos municipios gobernados por la CUP han recibido hoy una carta de Manuel Sánchez-Bustamante y de la Herrán, subdelegado del Gobierno español en Girona, en la que se les pide que acrediten si los consistorios quedaron abiertos el 12 de octubre pasado, qué servicios se prestaron y si trabajaron empleados públicos, y copia del acuerdo por el cual se procedió a la apertura. Esta carta también ha sido enviada por los subdelegados correspondientes a varios ayuntamientos del resto de Catalunya.
Desde la CUP, aseguran que abrir durante el Día de la Hispanidad "no es una práctica nueva" y que, en el caso de Celrà y Viladamat, es el quinto año consecutivo que se lleva a cabo. "Siempre se ha hecho con absoluta normalidad y anunciándolo abiertamente, y nunca se ha recibido ningún tipo de advertencia ni amonestación" se defienden.
Creen que la denuncia del PP de Badalona es el origen de esta petición de información "que ha disparado nuevamente los engranajes del Estado para atacar a la autonomía municipal y el movimiento independentista".
Absurdo y ridículo
Sea como sea, los alcaldes afectados consideran "absurdo" el requerimiento y explican que la información requerida es de dominio público, conocida a través de las declaraciones expresadas en los medios de comunicación o a través de los acuerdos publicados en los portales web de los municipios. Por eso, consideran "innecesario formalizar ningún tipo de respuesta" a la subdelegación.
Lejos de retroceder, aseguran que seguirán aplicando los acuerdos municipales por los cuales los ayuntamientos decidieron abrir el 12-O, "siempre respetando la libertad de opción del personal municipal". Y aconsejan a la Subdelegación del Gobierno que deje de "dilapidar sus recursos, que financiamos entre todos, en persecuciones ideológicas que denotan una clara falta de sentido del ridículo".