Las alcaldesas de Barcelona, Ada Colau, y de Badalona, Dolors Sabater, se han sumado a la iniciativa del alcalde de Sabadell, Juli Fernàndez, para concentrarse la semana que viene ante la delegación del gobierno de España y entregar copias de todos los expedientes que quedan paralizados a causa de la suspensión, promovida por el Gobierno español, de de la ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar emergencias de vivienda (desahucios) y pobreza energética. El llamamiento, dirigido a todos los alcaldes y alcaldesas de Catalunya, cuenta también con el apoyo de los alcaldes de Terrassa, Castellar del Vallès y Cerdanyola, según el Ajuntament de Sabadell.

El pleno del Ajuntament de Barcelona ha aprobado este viernes, mantener esta ley con independencia de lo que decidiera hacer el Gobierno español. La proposición se ha aprobado con los votos de todos los grupos salvo PP y Ciutadans. "Denunciaremos el atrevimiento y la arrogancia e irresponsabilidad de un gobierno en funciones de llevar al Constitucional una ley aprobada por unanimidad por el Parlament y con un amplio apoyo social", ha dicho la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Los perjudicados

El Estado ha recurrido al Tribunal Constitucional (TC) ciertos artículos de la mencionada ley referentes a las medidas de emergencia sobre la vivienda. No recurre, sin embargo, las medidas de pobreza energética en la parte sustantiva.

La parte suspendida tiene que ver con las medidas que permitían a los municipios obligar a los tenedores de viviendas vacías, mayormente bancos, a cederlas en alquiler social (de cero a 80 euros según los casos). Es lo que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría denominaba este viernes "aspectos civiles relativos al derecho de propiedad" y "aspectos procesales del proceso de mediación". La suspensión favorece a los propietarios de viviendas vacías.

¿Quién sale perjudicado? En una ciudad como Sabadell, con 70.000 viviendas, el 10% (7.500) están vacías y 1.450 de ellas hace más de dos años que están desocupadas, según el concejal de vivienda, Maties Serracant. 

La suspensión deja ahora a unas ochenta de familias vulnerables en la incertidumbre de saber si podrán disponer de alojamiento, pues los acuerdos que el Ajuntament había cerrado "con cinco o seis grandes tenedores de viviendas", explica el concejal, quedan ahora sin efecto. 

Ingresos muy bajos

Cincuenta de estas familias ya se habían acogido al alquiler social. Se trata de familias de ingresos muy bajos, "de cero a 450 euros del pirmi (renta mínima de inserción social), con un solo progenitor, hijos y algunas con personas mayores o enfermas dependientes," lamenta Serracant.

El origen de estas situaciones es el paro o la quiebra económica a la que ha seguido el desahucio. "Sin la ley, estas personas habrían ido a la calle", insiste el concejal. La ley ha permitido al municipio verificar la renta que podían pagar esas familias y obligar a los propietarios de vivienda desocupada a cederlas por un alquiler social que supone el 30% de los ingresos de los beneficiarios, contando el gasto energético.

Otras treinta familias están en trámite para conseguir una vivienda en estas condiciones. Ahora el proceso queda parado. "La suspensión nos deja con menos herramientas para negociar con los tenedores", se queja Serracant.

Sabadell tiene un parque municipal de 250 viviendas para casos de emergencia social. "Están ocupadísimas por gente con cero ingresos o un pirmi. Tenemos un millar de alquileres de Protección Oficial (VPO), pero no llegamos a hacer frente a las situaciones de precariedad". Serracant opina que el mérito de la ley era justamente que trasladaba a los municipios la capacidad ejecutiva de resolver estas situaciones de emergencia.

Los más vulnerables

El Ajuntament de Sabadell ha dejado claro que el recurso "atenta contra uno de los derechos más fundamentales de las personas, en especial, de aquellas más vulnerables, como es el derecho a la vivienda y una vida digna". El acto de protesta consistirá en entregar copias de todos los expedientes municipales que quedarán sin tramitar a causa de la suspensión de la ley.

Aunque está a la espera de la publicación oficial de la resolución para conocer el alcance y la repercusión de la decisión, Fernández convocará la próxima semana una reunión de los grupos municipales y el grupo promotor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), así como otras entidades, para tomar posición.

Medidas antidesahucios

La ley 24/2015, aprobada por unanimidad en julio del 2015, fue promovida vía Iniciativa Legislativa Popular por varias entidades (Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Observatori DESC y la Alianza contra la pobreza energética), que recogieron 148.000 firmas para presentarla al Parlament. La cámara la tramitó con urgencia extraordinaria.

La ley, vigente desde el pasado 6 de agosto del 2015, articula medidas para evitar desahucios por impago de hipoteca o de alquiler y asegura el realojamiento. También establece un mecanismo de segunda oportunidad para cancelar deudas contraídas por vivienda habitual y establece el principio de precaución para los cortes de agua, luz y gas. Además, consolida la cesión obligatoria de los pisos vacíos en manos de entidades financieras y grandes empresas.