La Policía Nacional ha acudido este miércoles a la sede de EDA TV, el canal de YouTube donde trabaja el agitador ultra Vito Quiles, para detenerlo por orden judicial. Los agentes se han personado en la redacción, situada en la calle Lagasca de Madrid, pero Quiles no estaba en ese momento. Según El País, la orden respondería a una causa judicial pendiente, aunque de momento no ha trascendido cuál de los procedimientos abiertos contra él ha motivado la medida. El abogado de Quiles, Juan Gonzalo Ospina, ha confirmado los hechos y ha calificado la actuación de “medida desproporcionada”. “Es un despropósito porque podían habérselo comunicado a él o al procurador, o acudir al domicilio particular, no al de la empresa”, ha asegurado el letrado, que también ha dicho que desconoce de cuál de las “cinco causas” abiertas deriva la orden.
Quiles ha reaccionado en las redes sociales y ha atribuido la decisión judicial a una persecución política. “Un juez ha ordenado detenerme después de una campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez a raíz de mi encuentro con Begoña Gómez. El gobierno utiliza la justicia para perseguir a sus rivales sin motivo, pero después se victimizan cuando juzgan su corrupción. Ni un paso atrás”, ha escrito en X.
Un juez ha ordenado detenerme tras una campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez tras mi encuentro con Begoña Gómez.
— Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) July 1, 2026
El Gobierno utiliza la justicia para perseguir a sus rivales sin motivo, pero luego se victimizan cuando juzgan su corrupción.
Ni un paso atrás.
La citación judicial no le habría llegado
Según ha asegurado ElMundo, Quiles se presentará en una comisaría de Madrid acompañado de su abogado. Fuentes del despacho de Ospina apuntan que podría tratarse de una citación judicial que no le habría llegado correctamente. "Solo lo sabremos cuando se presente, porque hasta entonces no nos comunicarán de qué causa es", han señalado.
Una larga lista de causas abiertas
El agitador acumula varios procedimientos judiciales. Está encausado por un delito de odio contra una persona con discapacidad que en 2024 se manifestaba contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En este caso, la Fiscalía le pide dos años de prisión y cinco años de inhabilitación para ejercer el periodismo.
También está procesado acusado de delito de revelación de secretos y acoso contra la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, después de difundir en las redes la dirección de su domicilio y fotografías del inmueble a raíz del apagón del 28 de abril de 2025.
Otra causa abierta contra Quiles se instruye en Sevilla acusado de un delito de injurias y calumnias contra el secretario general de Facua, Rubén Sánchez. La acusación particular le reclama nueve años de prisión por tres delitos continuados de calumnias con la agravante de odio ideológico, así como una indemnización de 60.000 euros y la inhabilitación para ejercer actividades vinculadas al periodismo durante el período correspondiente.
Renfe también ha emprendido acciones legales contra Quiles por un delito de estafa. La compañía le acusa de haber hecho trayectos completos con billetes comprados solo para una parte del recorrido, de haber utilizado salas VIP sin autorización y de haber causado un daño reputacional a la empresa ferroviaria.
En cambio, otras denuncias contra él han sido archivadas. El 21 de mayo, un juez de Majadahonda archivó la denuncia presentada por Begoña Gómez por un supuesto episodio de acoso en un restaurante. La resolución señalaba que "el visionado que ha sido aportado a este tribunal no ha acreditado que haya existido tal sacudida o que haya envuelto a la denunciante con el brazo".
También se archivó la causa abierta a raíz de una denuncia por acoso y lesiones a la analista política Sarah Santaolalla a las puertas del Senado. La jueza tomó la decisión después de analizar las imágenes completas de las cámaras de seguridad, en las que "no se aprecia ninguna agresión por parte del investigado".
Además de los frentes judiciales, Quiles también ha tenido problemas en el Congreso de los Diputados. La cámara le retiró en mayo la acreditación de prensa durante tres meses después de que grabara con el móvil al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en una zona donde no estaba permitido grabar imágenes, y por la sucesión de altercados protagonizados en los últimos meses.