No es Kitchen contra Ábalos, ni PP contra PSOE. La coincidencia temporal de dos juicios icónicos, lejos de neutralizarse en el "y tú más, y tú también", pondrá a cada partido a rendir cuentas en su propio banquillo. La dimensión de Kitchen es incontestable. Por su perpetración desde las estructuras del Estado y su calado en la cúpula de la Policía y envite a la Justicia. La demolición de los distintos poderes en una operación. Solo comparable a los GAL en su formato. Ábalos no es menor para el PSOE. El exministro sigue en la cárcel y la responsabilidad política toma peso por la propia continuidad del Gobierno. A finales de mes veremos si Pedro Sánchez mantiene el cortafuegos entre el caso Mascarillas y él, y si Alberto Núñez Feijóo puede zanjar la corrupción que arrasó a Rajoy y todavía mancha la marca PP.
Feijóo e Isabel Díaz Ayuso intentan marcar distancia con la responsabilidad directa. Y es lógico. No estaban al frente del partido ni del Gobierno. Pero hay una responsabilidad política que no se aclara en el juicio: la línea que va de José Manuel Villarejo a Mariano Rajoy. El ámbito penal dejó fuera a M. Rajoy y, con una benevolencia discutida —incluso para algunos, negligente—, a María Dolores de Cospedal.
Al expresidente lo señaló el exministro Jorge Fernández Díaz cuando criticó al juez por "encapsular" la investigación en Interior y dar credibilidad selectiva a los mensajes de Francisco Martínez, en los que se le menciona: "O se concede valor y credibilidad a todos los mensajes o a ninguno", dijo su defensa al juez Manuel García Castellón. Aun con todo, Rajoy acudirá como testigo, e impactará escuchar cómo niega una operación ilegal de tal calado.
Fernández Díaz se enfrenta a la petición de 17 años de cárcel por una operación donde no sacaba nada y se jugaba mucho
Será su último cara a cara con Bárcenas, cuya acusación lo apunta directamente: "¿Por qué dos altos cargos iban a organizar una operación policial sin respaldo judicial en un tema de partido que no les afectaba a ellos en nada?", dijo este fin de semana en El Mundo. Esa destrucción de pruebas de la caja B solo beneficiaba a Rajoy, a la Moncloa, al partido y al Gobierno. No eran mordidas para unos pocos. Fernández Díaz se enfrenta a la petición de 17 años de cárcel por una operación donde no sacaba nada y se jugaba mucho.
No hay grandes diferencias en el acervo probatorio que implicaba a Cospedal, exsecretaria general del PP, y los audios de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. En ambos casos, las grabaciones revelan su papel y peso orgánico. Los audios de Cospedal son elocuentes: primero planeó con Villarejo que Ricardo Costa se "comiera" la Gürtel en València; después, la conversación sobre los papeles de Bárcenas: "Eso de la libretita sería mejor poderlo parar". Pero no se paró, y en el juicio Bárcenas preguntará por el paradero del material que le robaron.
Esto, que ya es pura hemeroteca, se escuchará este mes, y el PP tendrá difícil despegarse del impacto inmediato: por su gravedad y dimensión, por la operativa de Estado montada desde el Gobierno y por la necesidad de contundencia de Feijóo para desmarcarse y exigir que se llegue hasta el final.
El show de Villarejo está servido. Hace tiempo que habla sin pudor de su papel en la operación Catalunya, el intento de destruir a adversarios políticos del PP y tantas otras actuaciones del comisario empotrado en la Dirección Adjunta Operativa de entonces. El enfrentamiento Bárcenas-Rajoy también está servido. El "Luis, sé fuerte" de Rajoy a su extesorero mutó en la operación Kitchen para destruirle a costa de salvar al Gobierno y al partido; una venganza que Bárcenas no ha perdonado.
En el frente del PSOE, el exministro Ábalos no ha sacado munición contra Sánchez —o no la tiene— más allá de unos mensajes melifluos de apoyo en 2021. Entonces ni siquiera se había detenido a Koldo García. Pero los banquillos son inescrutables, y este mes se dilucidará a quién alcanza con más fuerza el fuego amigo.