A partir de 2019 la batalla del exilio cambió de naturaleza. Hasta entonces se trataba de resistir euroórdenes; desde entonces, de construir posiciones: un escaño europeo, una inmunidad, una doctrina sobre el juez natural, una categoría jurídica que no existía. Es el tramo menos comprendido del periplo y el más fecundo, porque cada ataque del Estado terminó produciendo un estándar de garantías del que hoy se beneficia cualquier ciudadano europeo. Quien quiera medir el éxito del exilio no debe contar solo las entregas frustradas: debe leer la jurisprudencia que fue dejando a su paso.
También esta etapa estaba escrita en los manuales, aunque pocos quisieran leerlos. La política comparada describe desde los años noventa el efecto bumerán: cuando los canales internos de un Estado están bloqueados para un actor —capturados sus tribunales, cerradas sus instituciones—, ese actor acude a instancias internacionales para que la presión regrese sobre el Estado desde fuera y con más fuerza. El exilio ejecutó ese manual con una disciplina que ya quisieran muchos gobiernos: Naciones Unidas, el Tribunal de Justicia, los tribunales belgas, alemanes, escoceses e italianos, el Parlamento Europeo. Y añadió la pieza que convierte la resistencia en poder: la construcción de posiciones institucionales propias. Un escaño europeo no es un pleito ganado; es un recurso de poder político —voz, inmunidad, tribuna, legitimidad electoral renovada— puesto al servicio de una estrategia que nunca dejó de ser política y que dirigía, desde Waterloo, quien la había diseñado.
Empezó en las urnas. El 26 de mayo de 2019, el president Puigdemont y Toni Comín fueron elegidos eurodiputados —luego también Clara Ponsatí, y Oriol Junqueras lo fue desde la prisión—. La Junta Electoral Central inventó entonces un peaje a la medida: el acatamiento presencial de la Constitución en Madrid, es decir, la detención como requisito para ejercer el mandato. Se declararon vacantes los escaños y se pretendió que el voto de más de un millón de personas dependiera de un trámite concebido para no poder cumplirse. La respuesta llegó de la Gran Sala del Tribunal de Justicia: la sentencia de 19 de diciembre de 2019 declaró que la condición de eurodiputado nace de la proclamación oficial de los resultados —del voto, no del permiso— y que desde ese momento el electo goza de inmunidad. En enero de 2020 el Parlamento Europeo reconoció al president Puigdemont y a Toni Comín como diputados con efectos desde julio de 2019. Primera pieza de doctrina: la soberanía del elector frente a la burocracia del obstáculo.
En paralelo, la mirada exterior se hizo institucional. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias —el mismo órgano cuyas opiniones España, ahí con acierto, blande cuando se trata de Venezuela o de Nicaragua— dictaminó en 2019, en sus Opiniones 6/2019 y 12/2019, que las prisiones de Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Forn, Rull, Romeva y Bassa eran arbitrarias: por castigar el ejercicio de derechos fundamentales, por las quiebras del debido proceso y por discriminación debido a la opinión política. Pidió su libertad inmediata y su derecho a ser indemnizados. Madrid despachó los dictámenes con un desdén que todavía sorprende en un Estado que presume de multilateralismo y dirigido, entonces como ahora, por el gobierno más progresista de la historia. El error fue creer que no los leería nadie más.
Un escaño europeo no es un pleito ganado; es un recurso de poder político puesto al servicio de una estrategia que nunca dejó de ser política y que dirigía, desde Waterloo, quien la había diseñado
Los leyó, por ejemplo, la justicia belga. Cuando el Supremo reclamó la entrega del conseller Lluís Puig, el tribunal de primera instancia de Bruselas (agosto de 2020) y después la cámara de acusación (enero de 2021) la denegaron con un fundamento que en España se prefirió no traducir: el Tribunal Supremo no era el juez predeterminado por la ley para enjuiciar aquellos hechos —lo era el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, tal cual lo sigue siendo en la actualidad— y existía un riesgo concreto para la presunción de inocencia; los dictámenes de la ONU aparecían citados como elemento de juicio. El juez natural no es una exquisitez académica: es la garantía de que a nadie se le fabrica un tribunal a medida después de los hechos. La resolución quedó firme porque la fiscalía belga ni siquiera recurrió. Un tribunal europeo declaraba, negro sobre blanco, que la causa del procés se había instruido donde no correspondía.
La misma Bélgica dejó otra lección con el caso de Valtonyc, el rapero condenado en España por unas letras de canciones. En su defensa se forzó una cuestión ante el Tribunal Constitucional belga que terminó, en octubre de 2021, con la declaración de que la ley de 1847 de ofensas al rey era contraria a la libertad de expresión, y con la denegación definitiva de la entrega en mayo de 2022. Repárese en la imagen: una persecución penal española acabó tumbando en Bélgica una ley con 174 años de vigencia. Exportábamos censura y nos devolvían estándares de libertad. Ese es el efecto multiplicador de defenderse en Europa: las victorias no se quedan en el caso, se convierten en derecho para todos.
Cerdeña, septiembre de 2021, aportó la confirmación: detención del president en el aeropuerto de L'Alguer un jueves por la noche, libertad sin medidas al día siguiente, suspensión del procedimiento y archivo final. A esas alturas la mecánica era ya previsible: cada detención duraba, exactamente, lo que tarda un tribunal independiente en leer el expediente.
Exportábamos censura y nos devolvían estándares de libertad. Ese es el efecto multiplicador de defenderse en Europa: las victorias no se quedan en el caso, se convierten en derecho para todos
Y entonces llegó la cumbre de esta etapa, con una ironía que la hace aún más valiosa: la produjo el propio instructor. Escocido por la resolución belga del caso Puig, el instructor planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia convencido de que Luxemburgo enmendaría a los jueces de Bruselas. La sentencia de 31 de enero de 2023 le respondió con una lección de doble filo. De un lado, precisó que el tribunal de ejecución no puede erigirse en censor de la competencia del emisor. Del otro —y aquí está la creación doctrinal y el éxito político—, estableció que la entrega puede denegarse cuando existan deficiencias sistémicas o generalizadas del sistema judicial del Estado emisor o deficiencias que afecten a la tutela judicial de un grupo objetivamente identificable de personas al que pertenezca el reclamado. Léase despacio, porque es la categoría que retrata estos años: ya no hace falta sostener que todo un sistema está podrido; basta acreditar que un colectivo identificable —por ejemplo, los dirigentes o miembros de un movimiento político— no tiene garantizado un tribunal independiente, imparcial y preestablecido por la ley. Para dar respuesta al caso catalán, el Tribunal de Justicia tuvo que acuñar un concepto nuevo, y añadió que los dictámenes del Grupo de Trabajo de la ONU son valorables en ese examen. El arma que el instructor quiso forjar para sí quedó incorporada, para siempre y para todos, al arsenal de las defensas europeas.
Incluso la aparente derrota de esta etapa acabó convirtiéndose en una victoria. En marzo de 2021, el Parlamento Europeo levantó las inmunidades con el voto entusiasta de quienes venían proclamando una fe dogmática en el Estado de derecho, especialmente de los representantes del hoy desaparecido Ciudadanos, con Adrián Vázquez a la cabeza —actualmente integrado en el Partido Popular—, y con el decidido respaldo del PSOE. El Tribunal General avaló aquel levantamiento en 2023, pero, cuando el asunto parecía definitivamente perdido, el Tribunal de Justicia lo anuló todo en febrero de 2026: tanto la sentencia como las tres decisiones del Parlamento Europeo, debido a la falta de imparcialidad del ponente de los suplicatorios, manifiestamente próximo a las posiciones de quien ejercía la acusación popular en la causa, es decir, Vox. Ni siquiera el procedimiento parlamentario concebido para imponer el castigo resistió el escrutinio final.
Este es el tramo del periplo que los profesionales de la indignación nunca cuentan, porque los desmiente. Mientras proclamaban que en Europa no se ganaba nada y que todo era una pérdida de tiempo, el exilio acumulaba: inmunidad de los electos, juez natural, libertad de expresión, la doctrina del grupo objetivamente identificable, el reconocimiento de los dictámenes de la ONU. Todo quedó escrito y todo sigue vigente. El lunes que viene veremos la consecuencia política de esa acumulación: cómo el adversario más feroz, que había prometido el regreso del president esposado, acabó sentado en una mesa en Bruselas firmando la palabra que juró que jamás pronunciaría.