¿Cómo evitar caer en una mera repetición del 9-N? ¿En qué se diferencia la unilateralidad de un RUI de la de una DUI? En el bien informado reportaje publicado en este digital, Adrià Esteban señala lo siguiente: “A diferencia del 9-N, un referéndum unilateral de independencia sólo puede ser convocado por el gobierno del territorio que se quiere separar, una vez haya sido validada la propuesta por el Parlamento. El RUI implica una votación vinculante y homologable en términos internacionales, y al mismo tiempo un desacato con el propio Estado. Eso quiere decir que requiere ineludiblemente contar con garantías y avales supraestatales. Por lo tanto, mientras Catalunya permanezca dentro del ámbito español y se ampare dentro de su sistema constitucional no contará con validez internacional. Por regla general, el reconocimiento internacional no se obtiene hasta la proclamación de independencia. Así pues, aunque parezca contradictorio, el RUI es un paso posterior a la DUI”.

Propugnar ahora un Referéndum Unilateral es, sencillamente, un acto de voluntarismo. Es una manera de marear la perdiz con debates que no llevan a ninguna parte y que ya tuvieron lugar antes del 9-N. Como ha señalado Toni Soler, a quien creo que nadie asocia con los "malvados" de CDC, discutir sobre los procedimientos, que es lo que está haciendo una parte del soberanismo, no debería ser hoy lo más relevante. El futuro consenso catalán —dice Soler— no debe pivotar sobre el cómo (el referéndum), sino sobre el qué (la independencia). Es evidente, si es que no queremos poner el carro delante de las mulas. También es lo más democrático después de que el 27-S se constatara que los electores favorables a la independencia, o por lo menos los que eran explícitamente favorables a esta opción porque aceptaron el carácter plebiscitario de aquellas elecciones, sólo alcanzaban un insuficiente 48%.

Discutir sobre el 9-N es un ejercicio banal, propio de mentes estrechas, porque es evidente que todo el mundo leyó aquella consulta como una manifestación de sedición de dos millones y pico de personas. Considerarla de otra manera es impropio y no tiene sentido desde un punto de vista histórico. Si el Memorial de Greuges de 1885 ha pasado a la historia del catalanismo como el acto fundacional, el 9-N pasará a los anales de la historia como la fecha de inicio de la “desconexión”. Además, y este no es un aspecto menor, el 9-N arrastró a los antiguos autonomistas de CDC hacia las filas del independentismo. A partir de entonces, CDC es uno más entre los partidos independentistas, aunque no se olviden de los electores que no lo son. De la misma manera que ERC pone al frente de su candidatura al Congreso un castellanohablante para tratar de atraer electores que no son estrictamente independentistas, los convergentes —y esta preocupación no es patrimonio de Germà Gordó— intentan que no se les escapen los electores moderados que dudan sobre el camino emprendido. Es normal y no vale hacer aspavientos. Cada partido hace lo que puede.

Aunque el independentismo tenga una mayoría legítima —y absoluta— en el Parlament, nadie con un poco de entendederas puede obviar que la CUP ha puesto más dificultades al primer Govern independentista que Inés Arrimadas

¿Ha prescrito la hoja de ruta que puso sobre la mesa Junts pel Sí? Personalmente, creo que no. Estoy de acuerdo con el vicepresident Oriol Junqueras cuando advierte de los peligros del referéndum unilateral. Si el referéndum se convoca antes de la nueva legalidad, o sea de la aprobación de las leyes de desconexión, puede conllevar más dificultades y poner en mayor riesgo a los trabajadores públicos —que se expondrían a la posible represión del Estado antes que los políticos—, hasta el punto de abortar todo intento de independencia. En ERC temen que si se antepone la celebración de un RUI a la desconexión, y éste no se puede hacer por alguna razón, los plazos de la hoja de ruta, que ya están en tela de juicio tras el veto a los presupuestos y la cuestión de confianza que se votará pasado verano, se podrían esponjar. Dicho de otro modo, los partidarios del RUI convocado a la brava son más “procesistas” de lo que ellos mismo creen. Según la hoja de ruta vigente, el referéndum de ratificación de la Constitución catalana tendrá lugar 12 meses después de las elecciones constituyentes, una vez declarada la independencia y aprobadas las leyes de transitoriedad jurídica. Esta es la hoja de ruta de Junts pel Sí.

Aunque el independentismo tenga una mayoría legítima —y absoluta— en el Parlament, nadie con un poco de entendederas puede obviar que la CUP ha puesto más dificultades al primer Govern independentista que Inés Arrimadas, que oficialmente es la jefa de la oposición. La CUP ha convertido en el partido conservador catalán. Pero es que, por otra parte, la coalición que ha ganado las dos últimas elecciones generales en Catalunya, y que gobierna en el Ayuntamiento de Barcelona, ​​lo ha fiado todo a una pretendida “revolución española”, que es lo mismo que blandía PSC en los inicios de la democracia. “¿Alguien encuentra normal que, tras las movilizaciones de los últimos cuatro años, la quiebra del modelo autonómico, una opción que aspira a gobernarnos no tenga claro —o no ose decirlo— si tenemos que ser un Estado independiente o no?” —se pregunta Toni Soler en el artículo antes mencionado. En este aspecto, Soler yerra. Creo que una parte de los comunes no ha sido nunca independentista ni quiere serlo y vive bajo los efectos del espejismo que Xavier Domènech tradujo en un optimista tuit con fecha de 23 de febrero de este año: “Días de guiños en Madrid. Ahora un conductor de autobús me para y se quita el sombrero, gritos de ‘viva Catalunya’ de vez en cuando ;)”. Los guiños han durado poco.

Una coalición que, a pesar de ganar las elecciones en el territorio donde se presentaba, pone cara de funeral porque en Madrid no han ganado los “amigos fraternales”, es que tiene un problema estructural. La izquierda catalana arrastra este problema desde la época del Pacto de Sant Gervasi, que tuvo lugar un siglo atrás, en 1914, cuando el republicanos nacionalistas se aliaron con los lerrouxistas para combatir a la Lliga. El candidato Xavier Domènech, historiador especializado en movimientos sociales, hace un año publicó un artículo en el que ofrecía una versión amable del lerrouxismo que no tenía en cuenta, por ejemplo, el esfuerzo de la UFNR para construir un partido nacionalista y obrerista, y, sobre todo, que Lerroux, como probó hace tiempo José Álvarez Junco, era un agente del Fernández Díaz de la época. Domènech, en cambio, presentaba un Prat de la Riba estático, el del 1892, reaccionario, evidentemente, sin tener en cuenta al Prat de la Riba de 1901 en adelante. Un reaccionario no habría pensado en llevar el teléfono a Balaguer, por destacar un lugar, o trenes a Igualada, Martorell o al Pirineo. Leer la historia con el antifaz ideológico tiene este inconveniente.

Si los independentistas intentan hacer un RUI bajo la legalidad española, está claro que el Estado los acusará de sediciosos. De hecho es lo que está aplicando a Mas, Rigau, Ortega y Homs

Volvamos al presente. Según el DRAE, la sedición es un alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión. Esta definición le da una connotación negativa, porque todo el mundo vincula la sedición militar a un acto delictivo. El diccionario de la Enciclopedia Catalana es aún más explícito: “Delito consistente en el levantamiento público y tumultuario para obtener o impedir por la fuerza o al margen de las vías legales, la promulgación o la ejecución de una ley, la celebración de elecciones, el ejercicio de sus funciones a un funcionario público, una autoridad o una corporación oficial, o atacar a la persona o los bienes de una autoridad o las personas o los bienes de una colectividad”. Si los independentistas intentan hacer un RUI bajo la legalidad española, está claro que el Estado los acusará de sediciosos. De hecho es lo que está aplicando a Mas, Rigau, Ortega y Homs. Por tanto, quien quiera avanzar de verdad hacia la independencia sólo puede defender construir antes una legalidad propia, que incluya, porque si no, no durará ni dos días, el dinero para financiar el nuevo Estado.

En tiempos de sedición, es preciso, en primer lugar, quitarse de encima a los kamikazes. Para ganar la libertad hay que disponer de políticos maduros que no se echen para atrás, pero también es necesario que el entorno de la política aporte reflexiones equilibradas, con fundamento jurídico y con un poco de conocimiento de la realidad internacional. En Escocia nadie discute sobre RUI o DUI y cosas por el estilo. Y no lo hacen porque su experiencia política les permite ver el bosque más allá del árbol que lo tapa. Un paso en falso puede hacer perder un tiempo precioso, pero acelerarse porque sí puede prolongar un proceso que, por otra parte, está dando muestras de desgaste. Lo mejor es no improvisar cada día y seguir la ruta acordada, lo que en su día ya costó sangre, sudor y lágrimas. Quienes de momento tienen un problema son los políticos españoles y, lo reconozcan o no, se están dando cuenta de ello.