El Tribunal Constitucional ha dado la razón al rapero César Strawberry y ha anulado la condena de un año de prisión que el Tribunal Supremo ―con el juez Manuel Marchena a la cabeza― le impuso en 2017 por un delito de enaltecimiento del terrorismo por seis tuits de los años 2013 y 2014. La resolución admite los aspectos reprobables de los tuits ―como decir que el fascismo de Esperanza Aguirre le hacía añorar a los Grapo―, pero considera que el imperativo constitucional de respeto a la libertad de expresión impide extraer conclusiones penales sin tener en cuenta la "intencionalidad" de la crítica política y social.

Y esta es una gran noticia para la libertad de expresión en España. Y debería abrir la puerta a reparar el daño hecho a La Insurgencia, a Alfredo Remírez o a Abel Azcona, pero también a Pablo Hasél y a Valtònyc, aún exiliado en Bélgica (y de quien el Constitucional ha rechazado el amparo), y hasta una treintena de condenas de enaltecimiento desde 2015. Todos ellos tenían también intención comunicativa. Con mejor o con peor gusto, pero hacían crítica política y social. Esto ya lo había argumentado la Audiencia Nacional de César Strawberry, pero Marchena decidió que la intención no importa, que sólo importa la semántica, la literalidad. Muera la ironía. Literalidad aunque sea un chiste, una hipérbole o una manera de hablar. Peligrosamente, Marchena liquidaba la retórica, la parodia, la provocación y, como ha escrito Miguel Pasquau Liaño, incluso la estupidez.

En España hay separación de poderes. Claro. Por eso ahora que cambia el clima político, cambia el sentido de las sentencias

Lo que hacía Marchena era muy peligroso. Y la justicia, más bien de derechas, fue la punta de lanza de la persecución iniciada durante los gobiernos de Mariano Rajoy contra raperos, tuiteros y actores. César Strawberry, detenido una mañana de mayo de 2015, ha luchado solo durante años para defender que sus seis tuits no eran delito. Como lo ha hecho Pablo Hasél o como lo ha hecho Valtònyc. Sin el apoyo de los grandes medios de comunicación ―más bien al contrario― pero sí de gente como Eduardo Madina o Pilar Manjón. Strawberry no ha sido un preso político, pero ha sido un perseguido político. Como muchos otros en España, sin que la intelectualidad y el periodismo oficial hayan hecho gran cosa. Más bien ninguna. Muera la disidencia. Esto ha pasado en España. En el siglo XXI. Se ha criminalizado a la disidencia. Y no sólo la independentista.

En España hay separación de poderes. Claro. Por eso ahora que cambia el clima político, cambia el sentido de las sentencias. Claro. Pero, por si acaso vuelve a gobernar la derecha o por si acaso al PSOE no le hace falta Podemos o ERC, quizá sea mejor no incluir en el Código Penal el enaltecimiento del franquismo. Es demasiado peligroso. Porque en España se puede utilizar en contra de quien no se debe utilizar, cuando conviene políticamente. Acabarían persiguiendo a alguien que hiciera un comentario irónico a favor de Franco. Hemos visto demasiadas cosas kafkianas. Hemos visto como el delito de enaltecimiento del terrorismo, cuando ETA ya no ha existido, se ha utilizado contra raperos y tuiteros. Sólo ha faltado la pinza con la ley mordaza.

Por eso es inquietante lo que propuso ayer Miquel Iceta: incluir en el Código Penal el atentado contra la Constitución. El propio Tribunal Constitucional ha dicho que ésta no es una democracia militante. Que no estamos en un modelo en el que se imponga, no ya el respeto, sino la adhesión positiva a la Constitución. Una democracia militante en España es muy peligrosa. Si sale adelante la reforma de Iceta, ¿prohibirán los partidos que no sean "constitucionalistas"? ¿Te podrán juzgar por cagarte en la Constitución?