Cada día de confinamiento ha representado una pérdida de una décima del PIB, más o menos. El confinamiento era una medida extrema con daños colaterales. Y como medida extrema, o tenía fecha de caducidad o el remedio amenazaba con ser peor que la enfermedad.
El paisaje que ahora emerge es devastador. Sant Sadurní d'Anoia, a modo de ejemplo, tiene una población que no llega a los 13.000 habitantes. Hasta ayer, el número de personas que se habían quedado sin trabajo (por ERTE o lo que sea) era de más de 1.800 personas. Esta semana Freixenet ha previsto un ERTE para más de un millar de trabajadores. Sant Sadurní d'Anoia entrará en junio del 2020 con cerca de 3.000 personas afectadas por ERTE. Y con una pésima previsión a corto plazo, para el mundo de los vinos, escalofriante. Si los campesinos son ya una especie en extinción, esta que se acerca será una nueva granizada. Vendimia verde. La uva quedará en la viña. Llueve, graniza, sobre mojado.
El municipio, todavía con un recuento provisional por las víctimas de Covid, registró 55 defunciones en 2019. Este año, las muertes registradas pueden ser un 50 por ciento más, aproximadamente. La distribución gratuita de alimentos se ha disparado y los Servicios Sociales ya ven venir que tendrán que redoblar esfuerzos. Se le avecina trabajo al alcalde, Josep Maria Ribas, y al conjunto del gobierno municipal.
Las crisis también son una oportunidad. En este caso, para revertir unas medidas que no priorizaban a las personas ni la economía productiva sino el control de los estados y la economía financiera y extractiva
En Sant Sadurní d'Anoia este deterioro social no se percibe, hoy por hoy, en la calle. También porque justo ahora están saliendo del desconfinamiento. Pero se acabará notando, sin duda, es inevitable. El Ayuntamiento, no obstante, tiene recursos y energía para paliar los efectos de la emergencia económica y social que se le viene encima. El conjunto del gobierno independentista (republicanos y nacionalistas) que lidera Ribas muestra determinación y energía para afrontar la magnitud de la tragedia. Ahora bien, otra cosa es si, como otros municipios, se les permitirá usar la totalidad de los recursos disponibles. El Ayuntamiento dispone de una buena situación económica gracias a una buena gestión económica y financiera en la anterior legislatura. Disponen de un notable superávit y de un sustancioso remanente positivo de tesorería. O sea, disponen de dinero en la caja. De muchos euros, de hecho. Otra cosa es si efectivamente pueden disponer de ellos. ¿Dónde está el problema? Pues en las medidas económicas anticrisis, la anterior, que fueron aprobadas en el Congreso español por el PP, el PSOE y CiU, que priorizan los pagos a la banca y que centrifugan el déficit del Estado a las comunidades autónomas y los municipios.
Por eso era tan determinante que alguien, como hizo Gabriel Rufián al inicio del confinamiento mientras otros cazaban moscas, exigiera la derogación de estas medidas al Congreso español. El gobierno PSOE-Podemos atendió, parcialmente, la demanda. El republicano, bien asesorado y consciente de que no era hora de la retórica patriótica, inflamada y vacía, actuó pensando en la granizada que venía y la afectación que tendría en la vida de las personas. De banderas no se come, célebre frase de Joan Tardà, uno de sus mentores.
El Ayuntamiento de Sant Sadurní d'Anoia necesita, ahora más que nunca, disponer de los recursos que cuenta. De utilizarlos con toda la discrecionalidad posible. La clave es conseguir que el Estado deje de forzar a los ayuntamientos a amortizar deuda —como hace con las reglas de estabilidad presupuestaria— si no hacen una inversión financieramente sostenible, que viene a ser la trampa (como una especie de eufemismo) que impone el Gobierno para priorizar los pagos a la banca. Los ayuntamientos, para dar respuesta a la emergencia económica y social que sufrirán muchos de sus vecinos, necesitan que les permitan también destinar los recursos a gasto ordinario. No para gastar por encima de sus posibilidades sino para parar el golpe con los remanentes generados. Si no se hace así, pasará que ayuntamientos saneados y con superávit que tengan una deuda inferior al 20 por ciento (en la franja más baja) tendrán que seguir reduciendo deuda en lugar de poder mantener las ayudas a las familias, a la cultura, al comercio local, a la industria local, a los servicios sociales o a lo que sea. Y la paradoja de que, ante la previsible, segura, caída de los ingresos este 2020, tengan que endeudarse en 2021 para pagar las nóminas a los trabajadores, que ya sería el colmo de los despropósitos.
Ahora es la hora de avanzar en la autonomía financiera de los entes locales, de premiar a los que han hecho el trabajo bien hecho, de liquidar unas medidas heredadas hace diez años que sólo han conseguido incrementar las diferencias sociales y empobrecer las clases trabajadoras y medias. Las crisis también son una oportunidad. En este caso, para revertir unas medidas que no priorizaban a las personas ni la economía productiva sino el control de los estados y la economía financiera y extractiva. Y también será la hora de cerrar filas todas las instituciones catalanas para hacerlo posible. Y aquí también surgen algunas dudas. ¿Se sentirá vinculado el Ayuntamiento de Barcelona para este propósito? Más dudas. ¿Y la Diputación de Barcelona, tercera institución del país y ente capital de apoyo a los ayuntamientos?