Los nacionalistas catalanes, a diferencia de los nacionalistas vascos, han tenido históricamente fama de ser muy mal negociadores en Madrid. Los vascos han ido siempre con las ideas claras, directos al grano y mirando solo por ellos, sin que nada los distrajera del objetivo. A los catalanes, en cambio, les han perdido las formas y los gestos y con cuatro golpecitos en la espalda y un poco de jabón los diferentes gobiernos españoles los han embaucado y les han hecho creer quién sabe qué, a cambio, sin embargo, de nada. Estas han sido las estrategias, por un lado, del PNV y, por otro, antes de CiU —la de las mejores épocas— y ahora de JxCat, aunque no se lo parezca, y, sobre todo, de ERC.
Hace años se hizo famosa la anécdota que, una vez acabada una reunión en Madrid entre delegaciones de los gobiernos de CiU y del PSOE —era la época de las presidencias de Jordi Pujol y de Felipe González—, un representante de la parte española le preguntó, entre sorprendido e incrédulo, a uno de la parte catalana cómo era que se conformaban con la transferencia de migajas sobre la competencia de seguridad ciudadana a los Mossos d'Esquadra y no habían pedido el traspaso de la competencia entera, porque ellos se pensaban que eso es lo que harían esta vez, y resulta que estaban dispuestos a dársela (se acabó traspasando años después en tiempos del Gobierno del PP que presidía José María Aznar fruto del Pacto del Majestic con CiU). El caso es bastante ilustrativo de cómo han funcionado las cosas en la política catalana y de cómo, de hecho, siguen funcionando todavía.
Véase, si no, por ejemplo, en qué ha quedado el acuerdo que en julio de 2024 alcanzaron ERC y el PSC sobre la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat —se produjo en el mes de agosto— y según el cual el Govern catalán, a través de la Agència Tributària de Catalunya, sería el encargado de "gestionar, recaudar, liquidar e inspeccionar todos los impuestos que se pagan en Catalunya", desde el 100% del IRPF hasta el 100% del IVA y del impuesto de sociedades. Un traspaso integral, como les ha gustado bautizarlo a los negociadores catalanes, que implicaría una reforma de arriba abajo del modelo de financiación autonómica, en la línea del llamado "concierto económico solidario" —para diferenciarlo del vasco, que no tiene ninguna cuota de solidaridad para el resto de autonomías, pero que el catalán, siempre más papista que el papa, lógicamente sí la prevería—, tal y como fijaba el nuevo Estatut aprobado por el Parlament en 2005 y que después las Cortes españolas recortaron en 2006. En resumen, que el Govern catalán tendría, por fin, la llave de la caja.
Suerte que esta vez ERC tenía la "garantía", dijeron, de que el PSOE apoyaría las modificaciones legales necesarias —básicamente la de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA)— para poder implementar el nuevo sistema de financiación, que, si no la llega a tener, no se sabe qué habría pasado. Y es que ha sido el PSOE, que es quien realmente corta el bacalao, quien, en realidad, ha ido diluyendo el acuerdo: que si se aplicará de manera progresiva empezando por un solo impuesto, el IRPF, y por la declaración de la renta de 2025 que en 2026 ya se recaudará en Catalunya, que si la Agència Tributària de Catalunya no tiene personal suficiente y antes se la debe dotar de los medios humanos necesarios y, por tanto, las fechas se retrasan hasta no se sabe cuándo, que si transferir el 100% del IRPF es imposible porque el gallinero autonómico se alborotaría más de lo que ya lo está y aún más en periodo electoral en la Andalucía de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que si el Gobierno español ni siquiera puede comprometerse a transferirlo más adelante porque cualquier otra excusa... Y así hasta quedar todo en nada, en papel mojado.
ERC acepta todas las renuncias como si nada y sigue sosteniendo al Govern de Salvador Illa en Catalunya y al de Pedro Sánchez en España
Pero lo mejor del caso es que, a pesar de tantas rebajas, ERC acepta todas las renuncias como si nada y sigue sosteniendo al Govern de Salvador Illa en Catalunya y al de Pedro Sánchez en España. De hecho, aunque se haga de rogar para que no se diga, se está preparando para apoyar el presupuesto de la Generalitat de este 2026 —sería el primero que aprobaría el líder del PSC tras funcionar hasta ahora con el prorrogado de 2023—, que, aunque inicialmente dependía del traspaso del 100% del IRPF, ahora parece que bastaría con el compromiso del traspaso, pero no adquirido por el PSC, que no es de él de quien depende que se materialice, sino por el PSOE, que es de quien sí depende totalmente y que, de momento, mientras no se aclare el panorama electoral, sobre todo en Andalucía, se hace el remolón. Y se conformará, ERC, con que esto vaya acompañado de la creación de un consorcio de inversiones entre el Estado español y el Govern catalán para vigilar que el Gobierno español cumple las inversiones acordadas y, si no lo hace, obligarle a que lo haga.
De todas formas, que Salvador Illa no se preocupe, que si al final tampoco le acaba aprobando, por lo que sea, este presupuesto, sí dará vía libre a los suplementos de crédito que hagan falta para que pueda gastarse exactamente lo mismo que se gastaría si tuviera las nuevas cuentas públicas en marcha. Con una diferencia fundamental, sin embargo, que, si por tercer año consecutivo el 133.º president de la Generalitat no puede aprobar el presupuesto, el panorama se le complicará mucho y faltará ver si podrá aguantar la presión para que, como debería ser normal en una situación así, avance las elecciones. Es aquí donde el PSOE debe decidir si se compromete a transferir el 100% del IRPF a Catalunya y deja que María Jesús Montero reciba por todos lados en Andalucía o prefiere sacrificar a Salvador Illa en Catalunya a cambio de un resultado en Andalucía que sabe que, haga lo que haga, le será igual de negativo. Y si ERC es incapaz de aprovechar esta debilidad tanto del PSOE como del PSC, es para hacérselo mirar.
Las cabriolas, eso sí, que tienen que hacer Oriol Junqueras y los suyos para intentar fingir que, como fuerza política seria que son, se adaptan a las circunstancias de cada momento, pero sin perder de vista que la prioridad por encima de todo es satisfacer las necesidades de los ciudadanos de Catalunya, y para tratar de que no se note mucho que todo esto es un capítulo más de la escenificación procesista que los partidos catalanes interpretan desde el fiasco de la aplicación del resultado del referéndum del Primer d’Octubre de 2017. Quien aún se lo crea, peor para él. Es, en resumidas cuentas, el sí pero no y el ni sí ni no sino todo lo contrario al más puro estilo convergente que antes sirvió a CiU para mantenerse treinta años en el poder y que ahora, en cambio, es un lastre para una ERC que, actuando así, pierde más que gana, porque los tiempos políticos han cambiado mucho y la gran mayoría de la gente, salvo la parroquia incondicional, ya no se traga según qué sapos.
Lo mismo vale a la hora de analizar el traspaso también llamado integral de Rodalies pactado igualmente por ERC y que ya se está viendo qué talante ha cogido al ser la nueva operadora del servicio una empresa mixta entre la Generalitat y Renfe en la que la mayoría no la tiene la parte catalana, sino la española. O el traspaso aún más integral de las competencias en inmigración, acordado, en este caso, por JxCat con el PSOE, que si bien es cierto que no se ha hecho efectivo porque Podemos lo ha impedido, no lo es menos que de integral tampoco tendría nada. Todo gracias a la incapacidad manifiesta y sempiterna de los políticos catalanes de negociar algo de provecho en Madrid.