En España, ahora mismo hay 9,4 millones de personas mayores de 65 años, según los datos que nos presenta el INE. Inmersos como estamos en una situación poblacional de envejecimiento, se prevé que las personas nacidas entre 1957 y 1976 (los hijos del “Baby boom”), hagan que la cifra de personas “mayores” sea de 25 millones dentro de 20 años.
Es evidente que las necesidades de una población envejecida no son las mismas que las de una población con perfiles más jóvenes. Y es evidente, también, que existe una oportunidad de negocio para quienes saben obtener beneficios de las necesidades más básicas.
En estos momentos, en España existen unas 5.500 residencias de mayores que atienden a 400.000 residentes. El 25% de las residencias es de titularidad pública, y el 75% es de titularidad totalmente privada. Pero estos datos requieren ser analizados para saber que aunque tengamos un 25% de residencias públicas, más de la mitad están gestionadas por entidades privadas.
El entramado para comprender el tremendo negocio que existe alrededor del cuidado de nuestros mayores y de personas dependientes es colosal y lo que es aún peor, campa a sus anchas amasando beneficios a costa de recortar bienestar de los usuarios en demasiadas ocasiones.
España es, con diferencia, el país donde más participación del sector privado hay en las residencias. Más allá de la titularidad y de las subcontratas, el 90% de las plazas de usuarios están gestionadas por entidades privadas, cuyo objetivo no es, fundamentalmente, dar un buen servicio, sino obtener beneficios. Para que nos hagamos una idea, en Alemania, el porcentaje de las plazas gestionadas por entidades públicas es del 40%, y en Reino Unido es del 76%.
La situación que se da en buena parte de las residencias ha estallado a causa de la pandemia reciente, donde 20.000 personas residentes en estos centros fallecieron durante la primera ola (y entre ellas, 12.000 murieron sin recibir una atención adecuada).
La gestión a nivel administrativo de las residencias de mayores es una competencia autonómica, por lo que son los gobiernos regionales los que tienen un cierto margen para disponer, establecer normativa, controles y velar por el respeto de los derechos de los usuarios. Durante la pandemia, comunidades como la de Madrid y Cataluña tuvieron su propio protocolo para abordar la situación de los residentes. Estos protocolos están siendo ahora mismo sometidos a una dura crítica, incluso en los tribunales, donde se trata de averiguar quién los estableció y bajo qué criterios. Porque los resultados demuestran que no fueron eficaces, que no garantizaron la salud de los residentes y que, en no pocos casos, podrían haber sido la causa de sus muertes.
Durante la pandemia fueron las residencias de Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha las que acumularon el 75% de las muertes que se produjeron en las residencias de mayores de todo el Estado español. Unos datos que no se corresponden en porcentaje con los que la población fuera de las residencias estaba presentando. ¿Qué ocurrió en estas comunidades?
Médicos Sin Fronteras y Amnistía Internacional han denunciado la vulneración de derechos fundamentales de los residentes. Y desgraciadamente, la realidad que se vive en estos centros lleva años siendo cuestionada. Mucho antes de la pandemia que hizo saltar todo por los aires.
Manuel Rico, periodista, lleva años investigando sobre las circunstancias que se están dando en las residencias. Ha publicado un libro en 2021 titulado ¡Vergüenza!, donde se muestra la dura cara de la situación durante la pandemia. El investigador ha denunciado, junto a Amnistía Internacional, el archivo sistemático que se produce cuando se presentan denuncias por las muertes de los residentes. Una lucha titánica que intenta abrirse paso entre el silencio cómplice de la mayoría de los medios de comunicación.
Rico apunta a tres elementos clave que empujaron al drama producido durante la pandemia: no se mediatizaron las residencias; se derivaron a Ifema a pacientes con síntomas leves. (IFEMA “fue un aparato de propaganda”); el mando único que hizo que los hospitales privados pasaran a depender de lo público, lo que generó problemas de gestión.
El problema no es solamente cuánta gente falleció, sino las condiciones en que esto sucedió, debido a los protocolos y a la falta de recursos. Una situación que venía gestándose desde años atrás, y que sistemáticamente no se ha querido atajar.
Las inspecciones en las residencias de mayores en España carecen de mecanismos para ser realmente efectivas. Se avisa a los centros antes de ser inspeccionados; se evalúan cuestiones que tienen que ver con la contratación de personal, con los elementos disponibles en el centro a nivel de material, pero no se escucha a los pacientes, ni a sus familiares
Como se señalaba más arriba, las denuncias interpuestas son de manera sistemática archivadas; la fiscalía no interviene de oficio, y las inspecciones a las residencias son muy mejorables. ¿En qué sentido? Fundamentalmente, las inspecciones en las residencias de mayores en España carecen de mecanismos para ser realmente efectivas. Por ejemplo, se avisa a los centros antes de ser inspeccionados; se evalúan cuestiones que tienen que ver con la contratación de personal, con los elementos disponibles en el centro a nivel de material. Pero no se escucha a los pacientes, ni a sus familiares. No se toman medidas que de verdad tengan como objetivo solucionar la situación diaria que sufren muchos de los residentes.
Hablamos de desatención, abandono, falta de higiene, sobremedicación, mala alimentación, y en definitiva, situaciones que en algunos casos llegan a ser infrahumanas. Las empresas privadas que, o bien adquieren o bien gestionan estos centros, buscan obtener el máximo beneficio posible. Y para ello, la tónica habitual es la reducción de costes en personal trabajador y en alimentación y otro tipo de suministros.
La ratio actual de personal trabajador (gerocultoras) es de 0,3. Esto significa que por cada 10 residentes, hay tres cuidadoras. Lo escribo en femenino porque el 90% del personal que trabaja en este sector de los cuidados, son mujeres. Y esto supone también una cuestión que necesita analizarse: la mayoría de las mujeres trabajan en este ámbito con jornadas laborales reducidas, mal pagadas y con una carga enorme en sus trabajos diarios. Salvo en Guipúzcoa y Vizcaya, donde el colectivo ha conseguido una cierta mejora salarial, en el resto de los territorios del Estado, el sueldo no llega a ser de mileurista. Este círculo vicioso hace que falte personal; y ante la falta de personal, el que ya hay, está explotado.
Otro de los elementos que se pone sobre la mesa en la lista de cuestiones a solucionar, es la falta de coordinación con Atención Primaria y Servicios Sociales. La Administración ha delegado en muchos casos, demasiado. Y deja en manos de la gestión privada lo que debería ser vigilado y controlado con rigor y de manera constante.
Está demostrado que se produce una mayor mortalidad en las residencias más grandes, lo que debería hacernos sospechar que se tiende a recortar de manera directamente proporcional a los beneficios que se busca obtener. Este es un sector donde se sabe que la clientela está garantizada, y que buena parte de los ingresos no dependerán de los clientes, sino de las administraciones públicas. Los usuarios tienen edad y patologías que justifican en muchos casos sus fallecimientos, por lo que las investigaciones no suelen llevarse a cabo porque, desgraciadamente, se da por hecho que este tipo de perfiles, fallecen.
El mismo sistema empuja hacia las residencias. Y sirva como ejemplo el de una usuaria que, si continuaba viviendo sola en su domicilio, percibía 400 euros al mes de pensión. Sin embargo, si daba el paso de ingresar en una residencia, la Administración ingresaría para sus cuidados al centro unos 1.200 euros mensuales. ¿Se imagina usted que, por un momento, se pusiera esta cantidad en manos de la persona para poder gestionar en su casa las necesidades?
Ciertamente, la idea sobre la que subyace la necesidad de estos centros es que, lógicamente, atender a varios residentes, resulta mucho más rentable que tener que contratar a personal de cuidados individuales. Por eso las familias se ven muchas veces abocadas a ello. Porque las cuentas no salen a final de mes, y porque la situación en la que viven nuestros mayores, hace que resulte más asequible vivir en un centro que garantice la alimentación, la vivienda, el médico y otro tipo de servicios. Pero para eso, para que compense realmente a la sociedad , la atención y los servicios deben ser de calidad. Y aquí viene el problema.
Los protocolos durante el covid sirvieron para ocultar buena parte de lo que sucedía dentro de algunos de estos centros. El hecho de no dejar pasar a los familiares, permitía hacer abusos que difícilmente se darían a conocer
Muchos mayores no están siendo atendidos en base a unos mínimos criterios de salubridad y dignidad. Es tremendamente desgarrador conocer casos en los que la persona está sola, o recibe muy pocas visitas, y nadie se preocupa realmente por conocer cuál es su día a día. Los protocolos durante el covid sirvieron para ocultar buena parte de lo que sucedía dentro de algunos de estos centros. El hecho de no dejar pasar a los familiares, permitía hacer abusos que difícilmente se darían a conocer. Y ahora, terminada la pandemia, son muchos los centros que siguen aplicando “protocolos” que, precisamente, dificultan un control.
Lo que sucede en muchas de las residencias debe y merece ser contado. Y para ello se grabó un documental, tan desgarrador como necesario. Un documental hecho por la sociedad civil, por trabajadoras de residencias, por familiares de usuarios, por usuarios, por médicos y expertos que no han podido soportarlo más.
El documental Pactos de Silencio: el negocio de la dependencia, puede verse en internet, y puede también compartirse entre todas las personas que formamos parte de una sociedad en la que se pagan impuestos, en la que merecemos vivir con dignidad, estar respaldados ante los abusos. Y de manera especial, cuando somos mayores o dependientes.
Este trabajo ha sido expuesto esta semana en Guadalajara, en el marco del Festival de Cine de Guadalajara (FESCIGU). Tras la exhibición, tuvo lugar un coloquio donde se abordó esta realidad y, sobre todo, se presentaron propuestas. Puede ver aquí el coloquio.
El silencio es cómplice. Y este documental explica de qué manera se establecen los pactos para mantenerlo (y a quien beneficia). Le adelanto, que no le beneficia ni a usted ni a mí. Y precisamente por ello, es necesario conocer lo que sucede, pues es la única manera de que rompamos con esos pactos y seamos conscientes de que merecemos una atención mejor. Especialmente, nuestros mayores y nuestros dependientes.