La semana pasada confirmamos que la única propuesta que tienen los partidos tradicionales ante el ascenso de Aliança Catalana es exclamar "¡que viene la extrema derecha!" mientras ejecutan diversos actos simbólicos como mostrar carteles en el Parlament. La campaña está en marcha y todo el mundo sabe que no servirá de nada, porque el espantajo del fascismo podía funcionar hace una década, pero hoy la acumulación de miedo y de furia entre la población es demasiado grande.
La explosión de Aliança, o incluso su triunfo electoral, se ve como inevitable, pero de hecho hay una salida que podría impedir su crecimiento: que los partidos tradicionales cambien las políticas que ofrecen para acercarse a la voluntad de la población. Escuchar al pueblo, ¡qué idea más revolucionaria! No hay que ser muy espabilado para darse cuenta de que hoy en Catalunya hay tres caballos ganadores (inmigración, seguridad y chiringuitos) que Sílvia Orriols ha monopolizado, y un cuarto (vivienda) que todo el mundo desaprovecha. Algunos cuadros de Junts, Esquerra y la CUP han intentado dar el paso, pero la presión de las cúpulas —desconectadas de la realidad y prisioneras de unos intereses nefastos— es demasiado grande. Aun así, ofrecer un programa atractivo para una mayoría de catalanes no costaría mucho.
En primer lugar, hay que exigir a España el cierre de fronteras a la inmigración económica de fuera de la Unión Europea, una política que practican los países nórdicos para evitar el dumping social. Como ya oigo los gritos de "¡eso es comprar el marco de la extrema derecha!", volveré a recordar que el derecho humano de establecerse en otro país no existe, y que ser pobre no es ningún motivo para pedir el estatus de refugiado. Catalunya todavía es prisionera de un consenso sobre la inmigración parido a medias entre José María Aznar y Arcadi Oliveres, y que ha sido letal para la clase trabajadora: los sueldos reales no suben desde los años setenta, y el colapso de los servicios públicos es total.
Vinculado a esto, hay que actuar con decisión contra la criminalidad, porque por más estadísticas maquilladas y discursos sobre "percepciones" que se hagan, la realidad es tozuda —solo hay que leer cada día El Nacional—. Naturalmente, la expulsión de los extranjeros que delincan debería ser automática por una cuestión ética muy sencilla: quien emigra entra en un contrato social con el nuevo país (yo dejo que vivas aquí, tú cumples las normas), y romperlo debe tener consecuencias graves. Es un error monumental ceder a la nueva derecha un valor tan básico como la tranquilidad de poder ir por la calle o que no te entren en casa.
Los partidos catalanes tradicionales no están dispuestos a escuchar la voluntad del pueblo
La tercera propuesta debe ser hacer una limpieza a fondo en el tercer sector, sobre todo después de todo lo que hemos sabido sobre la DGAIA, el dinero desviado o los pisos alquilados a precios astronómicos. Es necesario ayudar a la gente que sufre, pero esta ha sido la excusa para crear redes clientelares, enchufes para familiares y amantes, y chiringuitos de todo tipo. Y aparte, ¿necesitamos subvencionar cada año tantas decenas de organizaciones pacifistas o de cooperación? Todo el que quiera una carta ganadora aquí tiene una clara, porque los ciudadanos que pagan impuestos detestan a los vagos y a los parásitos.
En cuanto al inmenso problema de los alquileres y la compra, solo hay que mirar un dato muy sencillo: del año 2020 al 2025 la población aumentó en casi medio millón de personas, y se terminaron unas 80.000 viviendas. Así pues, bastaría con recordar un principio tan básico como la ley de la oferta y la demanda, y apartar las consignas de bar de facultad de letras. La contención de los precios solo puede pasar por construir más —y habrá que debatir qué paisajes destruimos— y eliminar el crecimiento de población, y la vivienda social debe ir acompañada de un mínimo de años de arraigo antes de poder acceder a ella.
Son cuatro propuestas que podrían funcionar muy bien fuera del búnker barcelonés, pero ningún partido las asumirá porque hay demasiados intereses detrás. La inmigración masiva sirve a los socialistas para maquillar el PIB, y favorece a unas patronales que también apoyan a Junts. Los chiringuitos del tercer sector son la gran salida laboral de los cuadros de Esquerra, Comuns y la CUP, y hablar de políticas fronterizas y de seguridad implicaría algo tan molesto como tomar decisiones. Es mucho más fácil subirse a una atalaya moral para regañar a la población.
El final de la legislatura, por lo tanto, está marcado: mientras unos harán actos simbólicos y gimcanas, los otros recogerán todo el voto del descontento y la insurgencia. Desde los medios públicos la consigna es clara: más control del discurso público y mucha más censura, porque la gente es idiota y no queremos que vote mal. Y en cuanto a Junts, Esquerra y la CUP, tres espacios llenos de caras caducadas y consignas que ya no se cree nadie, solo les queda la salida política de pactar con el PSOE. Será el ataúd del modelo actual de partidos: montar un frente antifascista con los que enviaron la policía a espiar reuniones sindicales de maestros.