Una parte de la sociedad y de los poderes políticos catalanes se encuentra en proceso de reflexión en torno al modelo económico que está siguiendo el país en el siglo actual. Si bien en el diagnóstico hay bastante confluencia en el sentido de que no vamos del todo bien, en lo que hay que hacer se dan más divergencias. Hay quien receta tratamientos y medicina desde el desconocimiento; hay quien lo hace atendiendo al grupo de interés que defiende (empresarial, sindical, de medios de comunicación…), y también hay una minoría que, menospreciando la diagnosis, ya no se pone en la prognosis. Hay de todo en la viña del Señor. En cualquier caso, como recordaba en mi artículo de la semana pasada, la situación económica del país nos interpela a todos: a la sociedad, a los agentes económicos y sociales y a las administraciones públicas. ¿Por qué? Pues porque las administraciones públicas gestionan recursos provenientes de los impuestos que pagamos los ciudadanos y las empresas. Además de proveer servicios públicos (como educación, sanidad, protección social, seguridad, etcétera), las administraciones tienen la potestad, a través de sus políticas, de modelar el sistema productivo y (en buena parte) el modelo social de un país.
En Catalunya, al conjunto de todas las actividades de lo que llamaremos genéricamente sector público, nuestra sociedad destina, según datos del Ministerio de la Función Pública de España, nada más y nada menos que a 389.100 personas, distribuidas (a julio de 2025) en empleados de la Generalitat (263.900), administración local (100.100) y administración del Estado español (25.100). Es una cantidad muy grande de empleados, pero, si las ponemos en relación con el total de ocupados, representan el 10%, un porcentaje muy inferior al de la Comunidad de Madrid (13%, a causa del gran peso de la administración central) o del País Vasco (15,5%). En cualquier caso, estamos, si se me permite, ante la primera organización productiva del país, un poco más grande que la Toyota Motors a escala mundial, que tiene unos 360.000 (exactamente la misma cifra que la suma de los empleados de la Generalitat y de los ayuntamientos catalanes).
La Generalitat, en concreto, gestionará unos presupuestos previstos para 2026 de 50.000 millones de euros. No hace falta decir que una organización como esta exigiría una buena gobernanza (establecimiento de lo que se debe hacer, con qué finalidad y control de lo que se hace) y una buena gestión (ejecución de lo que establece la gobernanza). En esta división de funciones, si tomas referencias de países europeos socialmente avanzados, encuentras que en los países nórdicos la influencia política en la gestión pública es baja y la profesionalidad burocrática es muy alta. En países más cercanos como el Reino Unido o Francia, se encuentra una alta profesionalización y una influencia política moderada sobre la gestión. En España, y quizás aún más en Catalunya, se da mucha influencia política y una profesionalización muy desigual.
La experiencia de nuestra democracia hasta ahora pone de relieve que ha habido sistemáticamente en la gestión un exceso de cargos políticos, en detrimento de cargos profesionales. Tanto en la Generalitat como en los ayuntamientos de cierta dimensión de Catalunya hay necesidad de profesionalizar al máximo el alto funcionariado y de restringir también al máximo posible la presencia de cargos políticos en las direcciones operativas. Y esto está en nuestras manos. Habría que hacerlo por dos motivos esenciales.
En primer lugar, por competencia profesional. Los responsables de tomar decisiones respecto al dinero público, tanto en la planificación como en la gestión de su gasto o inversión, deben ser gente preparada, conocedora del sector en el que operan, con experiencia, que han pasado oposiciones y que han hecho méritos para dirigir las parcelas sobre las que asumen responsabilidades. Gente de este perfil da estabilidad a las organizaciones. Que estos puestos de carácter eminentemente técnico los ocupen cargos de confianza de consellers de la Generalitat o de alcaldes, difícilmente es compatible con que sean los mejores técnicos para dirigir. Confianza, toda; competencia, ya es otra cosa. Si sistemáticamente estos cargos correspondieran a alto funcionariado experto, se obtendría no solo una mejor operativa, sino otra cosa: eliminar tiempos muertos.
Poniendo la gestión del sector público en manos del alto funcionariado, el número de cargos políticos (consellers, secretarios generales, alcaldes…) sería muy limitado
En efecto, que un director general de departamento sea nombrado porque es miembro del partido y, en las próximas elecciones sea sustituido por otro director general del partido (el mismo que antes u otro), hace que, en una legislatura de cuatro años, se pierda aproximadamente uno: el que prevé que tiene que dejar el cargo seis meses antes difícilmente planificará o iniciará actuaciones relevantes de inversión y gasto de las que se colgará la medalla su sucesor; por su parte, el recién llegado que asume la dirección general lo primero que tiene que hacer es aterrizar para conocer bien su parcela de gestión, después tiene que estudiar qué se puede hacer y planificar innovando respecto de su predecesor, y, yendo bien, al cabo de un año ya estará aplicando su programa. En resumidas cuentas, en el traspaso del uno al otro fácilmente se genera un tiempo muerto del 25% del tiempo en que ocupará el cargo. Con una dirección profesionalizada, con continuidad, este 25% se ganaría. Las empresas saben muy bien lo que cuestan los tiempos muertos, y los políticos también lo tendrían que saber. La continuidad administrativa entre gobiernos, el mantenimiento del conocimiento, la independencia de los cambios electorales tendrían que tener más valor en política.
Poniendo la gestión del sector público en manos del alto funcionariado, el número de cargos políticos (consellers, secretarios generales, alcaldes…) sería muy limitado. Serían personas que se dedicarían, como toca, a establecer prioridades de planificación y de gestión, diseño de normativas, control de aplicación y rendición de cuentas, como ya hacen los cargos electos en el Parlament y en los ayuntamientos. En cuanto a los centenares (o algún millar) de cargos de confianza política que actualmente ocupan plazas de gestión operativa, es un problema del conjunto del sistema político y de la estructura de partidos, no de los administrados que pagamos nuestros impuestos.