Hay algo que creo que deberíamos hacer antes de volver a escuchar las promesas de nuestros representantes políticos, antes de dejarnos convencer por los discursos de campaña, los debates televisados y esos titulares que parecen escritos para que reaccionemos antes de pensar: recuperar los programas electorales con los que se presentaron a las últimas elecciones generales, leer lo que nos dijeron entonces y comprobar qué hicieron después, porque resulta curioso que dediquemos tanto tiempo a analizar lo que prometen que harán y tan poco a revisar lo que efectivamente hicieron cuando tuvieron ocasión de demostrarlo.
Y no hace falta recurrir a opiniones ni interpretaciones interesadas. Los programas electorales del 23 de julio de 2023 están disponibles, las votaciones constan en los registros del Congreso y las leyes aprobadas pueden consultarse en el BOE. Se trata, sencillamente, de comparar documentos, aunque conviene tener presente una cuestión fundamental: no es lo mismo gobernar que apoyar una investidura, ni comprometerse a presentar una ley que conseguir aprobarla, ni votar en contra de un decreto que rechazar necesariamente todas las medidas que contiene.
Empecemos por el PSOE, que consiguió formar Gobierno después de que Pedro Sánchez obtuviera 179 votos favorables en la investidura del 16 de noviembre de 2023. El programa socialista prometía avances en derechos sociales, vivienda, conciliación y transparencia, pero el ejemplo más evidente de cómo pueden cambiar las posiciones políticas después de unas elecciones lo encontramos en la amnistía, que Sánchez había descartado antes de los comicios y que no figuraba en su programa electoral, mientras que Junts sí la defendía expresamente. Finalmente, la negociación para la investidura modificó la posición socialista y permitió aprobar la Ley Orgánica 1/2024, con 177 votos favorables y 172 contrarios. Para Junts fue la materialización legislativa de una reivindicación previa; para el PSOE supuso un cambio respecto a lo defendido ante los electores. Y podemos discutir cuanto queramos sobre la legitimidad de los acuerdos parlamentarios, pero el cambio de posición es un hecho que merece ser recordado. No quiero decir con esto que los cambios de postura sean, per se, necesariamente buenos o malos. Aquí quiero hacer memoria, que cada vez cuesta más porque los titulares se agolpan, los discursos se contradicen y lo que nos queda son los hechos. Pero reconozco que, al ritmo que vamos, es complicado tener memoria.
En materia laboral encontramos otra realidad interesante. Sumar había prometido en su programa de 2023 establecer una jornada máxima de 37,5 horas semanales durante 2024, compromiso que después se incorporó al pacto de coalición con el PSOE, aunque con aplicación progresiva hasta 2025. El Gobierno llevó finalmente la propuesta al Congreso, donde fue rechazada el 10 de septiembre de 2025 por 178 votos frente a 170, después de que PP, Vox y Junts apoyaran las enmiendas de devolución. Aquí no sería riguroso afirmar que el Ejecutivo nunca intentó cumplir su compromiso, porque sí presentó la iniciativa; tampoco puede considerarse una promesa cumplida, puesto que la reducción legal no llegó a aprobarse. Las dos cosas son ciertas.
El mismo Gobierno puede acreditar, sin embargo, otras medidas que sí se materializaron, como el incremento del salario mínimo hasta los 1.221 euros mensuales en catorce pagas en 2026, o la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidado a diecinueve semanas retribuidas por progenitor, aunque tanto el programa socialista como los compromisos posteriores contemplaban veinte. Son avances concretos, con una diferencia también concreta respecto a lo prometido. Mientras tanto, la llamada herencia universal de 20.000 euros para jóvenes de 23 años, una de las propuestas más reconocibles de Sumar, no llegó a convertirse en la prestación anunciada. ¿Debemos valorar igual una promesa parcialmente ejecutada que otra que nunca se puso en marcha? Evidentemente, son situaciones distintas y necesitan explicaciones diferentes.
Pero si hablamos de asuntos que afectan directamente a la vida cotidiana, resulta imposible no detenerse en la vivienda. El PSOE prometió construir 183.000 viviendas públicas para alquiler, mientras que anuncios posteriores del Gobierno hablaron de habilitar 184.000 viviendas asequibles, incluyendo construcción, rehabilitación y movilización de inmuebles existentes. Según la verificación publicada por Verificat en octubre de 2026, el Ministerio contabilizaba más de 124.000 viviendas movilizadas, aunque la cifra incluía proyectos todavía en distintas fases de desarrollo, y la información disponible no permitía identificar con precisión cuántas viviendas nuevas habían sido efectivamente terminadas y entregadas. Por tanto, ni es correcto afirmar que no se hizo nada ni sería serio confundir viviendas anunciadas, financiadas, proyectadas o construidas. La diferencia importa especialmente cuando hablamos de personas que necesitan acceder a una casa, no a una previsión administrativa.
Negociar no borra lo prometido, gobernar no equivale a anunciar y votar tiene consecuencias que deberían poder explicarse con la misma claridad con la que se pronuncia un discurso
Los socios de investidura también dejan un balance que conviene examinar por separado. ERC defendía en su programa electoral la negociación de un referéndum de autodeterminación, objetivo que no se materializó, aunque sí hubo avances en compromisos específicos como Rodalies, cuya nueva sociedad gestora se constituyó en enero de 2026, con un 49,9 % del capital en manos de la Generalitat y un 50,1 % de Renfe. Eso representa un paso institucional, no un traspaso integral ya completado. El PNV había pactado culminar las transferencias pendientes a Euskadi en dos años, plazo que no se cumplió íntegramente, mientras que el BNG consiguió que se aprobara la Ley Orgánica 3/2026 para articular la transferencia de la AP-9 a Galicia, aunque su ejecución todavía requería trámites posteriores. EH Bildu mantuvo sus reivindicaciones sociales y territoriales, y Coalición Canaria demostró que apoyar una investidura no significaba respaldar todas las decisiones del Gobierno. No existe, por tanto, un único balance de los socios: cada acuerdo tiene su contenido, sus avances y sus asuntos pendientes.
¿Y qué sucede con quienes estuvieron en la oposición? Sería injusto exigir al PP y a Vox que ejecutaran programas desde un Gobierno al que no accedieron, pero sus votos permiten comprobar qué iniciativas respaldaron y cuáles rechazaron. El PP defendía en 2023 modificar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial para que los doce vocales judiciales fueran elegidos por jueces y magistrados; después, en junio de 2024, alcanzó con el PSOE un acuerdo que permitió renovar el órgano, aunque no implantó aquel sistema de elección. Ambos partidos mantuvieron también su rechazo a la amnistía, pero no coincidieron en todas las votaciones: cuando en abril de 2024 se debatió admitir a trámite una iniciativa popular sobre regularización extraordinaria de extranjeros, el PP apoyó iniciar su tramitación y Vox se opuso. Conviene recordar que votar para que una propuesta se debata no equivale a aprobar definitivamente su contenido.
Especialmente revelador resulta lo ocurrido con la transparencia. El PSOE prometió una ley que regulara los grupos de interés, y el PP también incluía la regulación de los lobbies y de la huella legislativa en su programa. El Gobierno aprobó finalmente un decreto en agosto de 2026, pero el Congreso lo derogó en septiembre por 179 votos contrarios, 155 favorables y 12 abstenciones. PP, Vox y Junts votaron en contra, aunque sus objeciones no fueron idénticas: se discutieron tanto el procedimiento utilizado como el alcance de las obligaciones previstas. Se puede defender la necesidad de transparencia y discrepar de una regulación concreta, pero precisamente por eso resulta imprescindible conocer qué alternativa propone cada formación y qué ocurrió con ella.
Y también es necesario recordar los acuerdos que sí fueron posibles, porque la actividad parlamentaria no se redujo al enfrentamiento: el Congreso aprobó la reforma del artículo 49 de la Constitución con el respaldo de PP, PSOE y otros grupos, mientras que la ley ELA recibió el apoyo unánime de la Cámara. Son ejemplos de iniciativas compartidas, aunque su eficacia real deba analizarse también atendiendo a los recursos disponibles y a su aplicación posterior.
A todo esto debemos añadir una circunstancia que condicionó la legislatura: no se aprobaron nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2024, 2025 ni 2026, de manera que siguieron prorrogándose los de 2023, como recoge la Secretaría de Estado de Presupuestos. Esto no significa que el Estado dejara de funcionar ni que fuera imposible aprobar nuevas medidas, pero sí obliga a preguntarse cómo se pretendían desarrollar determinados compromisos de inversión y gasto cuando no se consiguió aprobar el principal instrumento presupuestario de cada ejercicio.
Y llegados a este punto, me parece que la reflexión más importante tiene poco que ver con los nombres de los partidos y mucho con nuestra manera de entender la democracia. Porque hemos terminado acostumbrándonos a que cada formación nos explique lo que hicieron mal los demás, mientras reserva para sí misma una interpretación mucho más generosa de sus propias decisiones. Si una promesa no se cumple, siempre existe una dificultad, una negociación, una circunstancia imprevista o alguien a quien responsabilizar. Algunas explicaciones estarán justificadas; otras necesitarán más pruebas. Pero lo que no debería desaparecer nunca es la obligación de rendir cuentas.
No se trata de exigir que todos los programas se ejecuten íntegramente, porque en un sistema parlamentario las mayorías se negocian y las circunstancias cambian, sino de reconocer que negociar no borra lo prometido, gobernar no equivale a anunciar y votar tiene consecuencias que deberían poder explicarse con la misma claridad con la que se pronuncia un discurso.
El próximo 29 de noviembre volveremos a las urnas y, seguramente, escucharemos nuevas propuestas, nuevas advertencias y nuevas promesas. Quizá esta vez convendría llevar algo más que nuestras preferencias políticas a la hora de decidir: memoria, información y la disposición a exigir a todos el mismo rigor.
La democracia necesita proyectos de futuro, desde luego, pero también necesita que alguien recuerde qué ocurrió con los proyectos del pasado. Y esa tarea, por mucho que incomode, nos corresponde también a nosotros.